En La Paz y Chipatá, Santander, el debate minero plantea una pregunta esencial: ¿quién decide sobre el territorio cuando está en juego el agua? Más allá de enfrentar minería y ambiente, la discusión involucra familias, cultivos, acueductos, ecosistemas y comunidades cuyo arraigo exige límites, equilibrio y decisiones responsables.
Por: Andrés Julián Herrera Porras | Hay palabras que adquieren un significado distinto dependiendo de quién las pronuncie y, sobre todo, de dónde provengan. Por eso me han llamado especialmente la atención las recientes palabras del cardenal Luis José Rueda Aparicio alrededor de la situación que viven comunidades campesinas de Santander. No solo porque Monseñor nació en San Gil y conoce, como pocos, la geografía humana de esta tierra, sino debido a que su intervención vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que suele quedar escondida detrás de los expedientes, las licencias, los títulos y las cifras, ¿qué ocurre cuando aquello que para unos representa un proyecto económico, para otros constituye la posibilidad misma de seguir viviendo en el territorio?
La pregunta no es abstracta. En La Paz, Santander, comunidades campesinas mantienen desde septiembre de 2025 una movilización relacionada con el proyecto minero asociado al contrato de concesión CEI-101. La Agencia Nacional de Minería registra para este título un área cercana a 659 hectáreas, ubicada en jurisdicción de La Paz y Vélez, actualmente en etapa de explotación y con varios minerales concesibles, entre ellos carbón. El título fue suscrito en 2004 y registrado en 2005. La controversia no nació, por tanto, de la aparición repentina de una empresa en el territorio, detrás existe una historia administrativa de varios años y un conflicto que hoy involucra a la comunidad, a las autoridades mineras y ambientales y a las instituciones encargadas de garantizar que una actividad legalmente autorizada también sea compatible con la protección de los recursos naturales y los derechos de quienes habitan el territorio.
Conviene hacer aquí una precisión que a veces se pierde en medio de la discusión. El hecho de que exista un título minero no significa que exista un derecho absoluto sobre todo lo que se encuentra en el territorio. El Código de Minas declara la industria minera de utilidad pública e interés social, pero el mismo Código establece que el aprovechamiento de los recursos debe realizarse de manera armónica con las normas sobre explotación racional de los recursos naturales y protección del ambiente. Es decir, la discusión no puede reducirse a la falsa alternativa entre estar “a favor” o “en contra” de la minería. La cuestión jurídica y ética es otra, se trata de analizar bajo qué condiciones puede desarrollarse una actividad extractiva y cuáles son los límites que imponen el ambiente, el agua, la seguridad alimentaria y los derechos de las comunidades.
Y en este punto el agua cambia completamente la discusión. La Ley 99 de 1993 estableció como principios de la política ambiental colombiana la protección especial de los nacimientos de agua y de las zonas de recarga de acuíferos, dio prioridad al consumo humano en la utilización de los recursos hídricos y consagró el principio de precaución. Este último resulta particularmente importante; cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como razón para aplazar medidas eficaces destinadas a impedir la degradación ambiental. No significa que toda preocupación comunitaria constituya automáticamente una prueba de daño ambiental, pero sí significa que la protección de los recursos hídricos no puede quedar subordinada a esperar que el daño sea irreversible para comenzar a actuar.
De hecho, la propia Agencia Nacional de Minería reconoció en marzo de 2026 que el conflicto requería una revisión técnica integral del expediente del título de La Paz. La mesa de diálogo acordó revisar su alcance frente a la protección del recurso hídrico, la seguridad alimentaria y los acueductos veredales. Es un dato importante porque permite salir de las simplificaciones. La existencia de esa revisión no demuestra, por sí sola, que la actividad minera haya causado el daño que algunos sectores denuncian; pero tampoco permite afirmar que las preocupaciones de la comunidad sean irrelevantes o que el asunto esté definitivamente resuelto. La institucionalidad está llamada precisamente a verificar técnicamente esas cuestiones.
Hay, además, una novedad constitucional que no puede pasarse por alto. Desde el Acto Legislativo 01 de 2023, el artículo 64 de la Constitución reconoce expresamente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. La reforma no se limita a hablar de acceso a la tierra. Reconoce el particular relacionamiento del campesinado con ella, su territorialidad y su papel en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. También reconoce dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales y menciona expresamente, entre otros bienes y derechos, el territorio, un ambiente sano, los recursos naturales, la diversidad biológica, el agua y una participación reforzada. La Corte Constitucional ha señalado que esta reforma constituye un referente fundamental para comprender los derechos de la población campesina.
Por eso resulta insuficiente mirar a los campesinos únicamente como personas que habitan cerca de una zona de explotación. Hay algo más profundo. Para quien vive de la agricultura, el agua no es simplemente un recurso natural disponible para ser asignado entre distintos usos. Es riego, alimento, animales, producción, salud, familia y permanencia en el territorio. Una quebrada puede aparecer en un mapa como un accidente geográfico, mientras para una comunidad constituye parte de la infraestructura vital que le permite existir.
Aquí resulta interesante volver, aunque sea brevemente, a Francisco de Vitoria. En su Relectio de Indis, en el contexto del debate sobre la conquista de América, el dominico cuestionó que la condición de los pueblos indígenas pudiera utilizarse para negarles dominio, propiedad o capacidad de gobierno. Su reflexión sobre el dominium resulta valiosa porque obliga a preguntarse quién puede decidir sobre un territorio y con qué fundamento puede alguien imponerse sobre quienes ya lo habitan.
Cinco siglos después, esa discusión tiene un lenguaje jurídico mucho más preciso. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales reconoce que los campesinos tienen derecho a definir y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo. No se trata de convertir ese principio en un poder de veto frente a cualquier actividad económica, ni de equiparar automáticamente a las comunidades campesinas con los pueblos indígenas. Se trata de reconocer que el desarrollo no puede pensarse exclusivamente desde quienes poseen los proyectos, las inversiones o los títulos, sino también desde quienes soportan directamente sus consecuencias y construyen su vida en esos territorios.
Para un cristiano, además, esta discusión tiene una resonancia particular. Francisco lo expresó con claridad en Laudato si’: el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque de él depende la supervivencia y, con ella, el ejercicio de los demás derechos. Pero la encíclica dice algo más que resulta particularmente pertinente: la cuestión del agua también está relacionada con la desigualdad, la producción de alimentos y la manera en que una sociedad decide administrar un bien indispensable para la vida. El agua, desde esta perspectiva, no puede ser reducida a una mercancía más.
Tal vez por eso las palabras del cardenal Rueda tienen algo de provocación profética. No porque una autoridad religiosa pueda sustituir a los técnicos, a las autoridades ambientales, a la Agencia Nacional de Minería o a los jueces. Tampoco porque una comunidad tenga razón automáticamente por el solo hecho de protestar. Su valor está en recordar aquello que los procedimientos administrativos pueden olvidar con facilidad: que detrás de cada expediente hay personas y que detrás de cada territorio hay una historia.
La salida tampoco consiste en escoger entre agua y desarrollo, como si necesariamente hubiera que sacrificar una para conservar el otro. El verdadero desafío consiste en definir qué entendemos por desarrollo y quién participa en esa definición. Colombia necesita actividad económica, empleo y aprovechamiento responsable de sus recursos. Pero también necesita agua, campesinos, alimentos, ecosistemas y comunidades capaces de permanecer dignamente en sus territorios.
Si un proyecto puede demostrar técnicamente que cumple las exigencias ambientales y que protege los derechos involucrados, esa discusión debe darse con seriedad. Si existen riesgos graves, incertidumbres relevantes o afectaciones que no han sido suficientemente esclarecidas, corresponde a las autoridades investigarlas y actuar conforme a la Constitución y la ley.
Quizás esa sea la enseñanza más sencilla que deja el conflicto de La Paz y que también alcanza a Chipatá y a otros municipios del sur de Santander: antes de preguntar cuánto carbón, cuánto mineral o cuánto dinero puede producir una montaña, habría que recordar cuánta vida sostiene. Porque para una comunidad campesina el agua no empieza cuando aparece en un informe técnico ni termina cuando desaparece de una concesión. El agua tiene memoria. Y, a veces, esa memoria es precisamente la que nos recuerda que un territorio no es solamente el lugar donde se extraen recursos, sino también el lugar donde la gente ha decidido —y tiene derecho a intentar seguir decidiendo— vivir.
Apuntaciones
- La energía también se paga cuando falta.
- Nos hemos acostumbrado tanto a que la luz esté ahí, que solamente recordamos su importancia cuando amenaza con irse. El problema no sea únicamente cómo producir más energía, sino cuánto hemos aprendido —o no— a administrar aquello que damos por garantizado.
- Formarse para la vida pública.
- En tiempos en que la política parece haber quedado reducida con demasiada frecuencia al enfrentamiento, recordar que la ciudadanía también se aprende resulta casi contracultural. León XIV vuelve a poner sobre la mesa una idea sencilla pero exigente: una democracia no se sostiene solamente con instituciones, sino con personas capaces de pensar más allá de su propio interés.
- Cuando la guerra también invade el cuerpo. Las cifras de violencia sexual documentadas por Naciones Unidas en Ucrania recuerdan algo que a veces se pierde entre mapas, ofensivas y negociaciones: las guerras no las sufren solamente los ejércitos. Hay violencias que no buscan conquistar un territorio, sino quebrar a la persona que lo habita; y quizá por eso son todavía más difíciles de reparar.
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*Abogado. Lic. Filosofía y Letras. Estudiante de Teología. Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
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