El presidente Abelardo De La Espriella rechazó la alerta enviada por Alejandro Ramelli a la Corte Penal Internacional sobre el presupuesto de la JEP. El mandatario negó que exista una estrategia de asfixia o venganza, defendió la discusión fiscal y cuestionó los resultados, gastos y necesidades financieras del tribunal.
La controversia entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz escaló este fin de semana hasta la Corte Penal Internacional. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, remitió el 18 de septiembre una comunicación a fiscales adjuntos de la CPI para advertir sobre dos iniciativas que, según sostuvo, podrían afectar la independencia, autonomía y funcionamiento del tribunal creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.
Una de las preocupaciones centrales está relacionada con una propuesta para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa fue impulsada en el Congreso y recibió respaldo público del presidente De La Espriella.
Para Ramelli, el eventual traslado tendría consecuencias sobre la capacidad operativa de la jurisdicción. En su comunicación señaló que la reducción podría comprometer recursos destinados a la protección de víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios, además de gastos relacionados con sedes, servicios y adquisición de bienes.
“El traslado de COP $100.000 millones apoyado públicamente por el Gobierno, desconoce de manera directa el compromiso de asignar el presupuesto necesario para la implementación de la JEP”, sostuvo Ramelli, según la comunicación divulgada por medios nacionales.
La JEP también alertó sobre una segunda iniciativa legislativa: la posibilidad de establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias que el tribunal transicional profiera contra integrantes de la Fuerza Pública.
Desde la perspectiva de la jurisdicción, ambas propuestas podrían modificar las condiciones jurídicas y materiales bajo las cuales funciona el sistema de justicia transicional.
Gobierno niega presión sobre el tribunal
La respuesta del presidente De La Espriella llegó este domingo. En un pronunciamiento divulgado por la Presidencia y difundido también en sus redes sociales, el mandatario afirmó que no comparte ni acepta “el contenido, el alcance ni el tono” de la comunicación enviada por Ramelli.
El jefe de Estado sostuvo además que no existe una decisión de su administración que permita afirmar que Colombia esté incumpliendo sus compromisos internacionales.
“Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando”, afirmó.
El argumento central del Gobierno es que las entidades públicas no tienen garantizada automáticamente la totalidad de los recursos que solicitan. De acuerdo con la posición presidencial, la asignación presupuestal debe responder a la disponibilidad fiscal, las necesidades generales del Estado y las prioridades establecidas para el conjunto de la población.
De La Espriella presentó además las cifras con las que busca sustentar su posición. Según el mandatario, desde 2018 la JEP ha recibido más de $3 billones del presupuesto público. Para 2025, señaló, recibió $777.069 millones, mientras que durante 2026 opera con cerca de $744.659 millones.
Para 2027, la JEP habría solicitado $947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla inicialmente $821.803 millones, de acuerdo con las cifras expuestas por el Gobierno.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó el presidente.
La discusión, por tanto, no se limita al monto de $100.000 millones. También involucra el modelo de financiación de una jurisdicción que, por su naturaleza transicional, tiene responsabilidades específicas frente a víctimas, comparecientes y hechos relacionados con el conflicto armado.
La JEP advierte riesgos para víctimas y comparecientes
La posición de Ramelli parte de una preocupación distinta: no se trata solamente de cuánto dinero recibe la JEP, sino de cuáles funciones podrían quedar comprometidas si disminuyen sus recursos.
En la carta enviada a la CPI, el magistrado aseguró que la reducción planteada podría afectar programas de protección y generar dificultades para mantener la infraestructura y los servicios necesarios para el funcionamiento del tribunal.
La JEP también relacionó la discusión presupuestal con los compromisos adquiridos por Colombia frente a la CPI. Ramelli pidió que los fiscales internacionales valoren las posibles consecuencias de las iniciativas frente al Acuerdo de Cooperación suscrito entre Colombia y la Corte Penal Internacional.
Ese acuerdo es relevante porque en 2021 la Fiscalía de la CPI cerró el examen preliminar que mantenía sobre la situación colombiana, después de considerar los avances de las instituciones nacionales en la investigación y judicialización de crímenes de competencia de la Corte. La comunicación de Ramelli plantea que modificaciones sustanciales al sistema de justicia transicional podrían ser examinadas bajo el principio de complementariedad.
En ese escenario, la preocupación de la JEP no se concentra únicamente en el presupuesto. El tribunal también considera que permitir que la Justicia Penal Militar revise automáticamente sus sentencias podría alterar la estructura de competencias definida para la justicia transicional.
Ramelli pidió a la CPI fortalecer los canales de comunicación entre el Gobierno y la JEP con el propósito de preservar la “independencia, autonomía y capacidad efectiva de funcionamiento” de la jurisdicción.
La diferencia de posiciones es, por tanto, profunda. Mientras el Gobierno presenta el debate como una discusión constitucional sobre gasto público, la JEP lo interpreta como una posible afectación de las condiciones institucionales necesarias para cumplir su mandato.
Resultados, gasto y autonomía entran en el debate
El presidente De La Espriella no se limitó a defender la reasignación presupuestal. También cuestionó públicamente la gestión financiera y los resultados de la JEP.
En su pronunciamiento, afirmó que durante años se cuestionó la ausencia de sentencias y señaló que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025. A partir de ello, planteó interrogantes sobre la relación entre el tamaño de la estructura administrativa y los resultados judiciales.
“¿Qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?”, preguntó el mandatario al defender la necesidad de que la jurisdicción explique cómo planea y ejecuta sus recursos.
El presidente también sostuvo que la nómina de la JEP para 2026 se estimó en $404.477 millones y cuestionó el costo de su estructura administrativa. Esos argumentos forman parte de la defensa gubernamental frente a las acusaciones de una supuesta asfixia presupuestal.
La Presidencia insiste en que fortalecer la justicia ordinaria constituye una de sus prioridades. Según De La Espriella, mientras la JEP solicita mayores recursos, en la Rama Judicial ordinaria permanecen millones de procesos represados y existen problemas de infraestructura, tecnología y congestión.
“Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, afirmó el mandatario.
La JEP, en contraste, sostiene que reducir sus recursos en plena ejecución de sus responsabilidades puede afectar directamente la protección de víctimas y comparecientes y comprometer la capacidad de cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz.
El enfrentamiento queda ahora en dos escenarios: el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, donde deberá discutirse la eventual reasignación de los $100.000 millones, y el debate legislativo sobre las competencias de la JEP frente a las sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública.
