La eventual llegada de Gustavo Petro al conjunto Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, desató un choque entre algunos residentes y el exmandatario. Los vecinos pidieron revisar jurídicamente cualquier operación por su inclusión en la lista OFAC, mientras Petro defendió públicamente su derecho fundamental a escoger dónde vivir.
La posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro establezca su residencia en el conjunto Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, generó una controversia que rápidamente trascendió las fronteras de la copropiedad y llegó a las redes sociales.
El 18 de septiembre, un grupo de residentes hizo público un comunicado en el que manifestó su preocupación ante la eventual llegada del exmandatario. La carta, revelada inicialmente por la periodista Darcy Quinn, dejó claro que no existía certeza sobre un contrato de arrendamiento.
“Quienes suscribimos este comunicado, residentes de Sierras del Moral, expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto”, señalaron los firmantes.
Los residentes también precisaron que “no contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”.
Es decir, el pronunciamiento no confirmó que Petro hubiera cerrado un negocio inmobiliario en el conjunto. Su preocupación se concentró en las eventuales consecuencias jurídicas y prácticas de una operación de vivienda con una persona incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC.
El punto central del comunicado fue precisamente la inclusión de Petro en el registro estadounidense. Los residentes afirmaron haber consultado el listado oficial el 18 de septiembre y consideraron esa circunstancia una “señal de alerta relevante”.
Por esa razón, solicitaron que cualquier eventual operación fuera precedida por una revisión jurídica especializada.
“Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, indicaron.
La propia carta, sin embargo, introdujo una precisión importante: los firmantes reconocieron que aparecer en la lista OFAC “no equivale a una condena penal” ni establece por sí sola una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia.
También aclararon que no estaban atribuyendo delitos o irregularidades al expresidente ni a terceros, y que su pronunciamiento correspondía exclusivamente a quienes lo suscribieron, no a la administración, los consejos de administración ni a la totalidad de los habitantes del conjunto.
El marco de OFAC tiene, no obstante, consecuencias concretas dentro de la jurisdicción estadounidense. La oficina explica que las personas bloqueadas tienen restringidas determinadas operaciones con bienes o intereses en bienes que estén en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. Las prohibiciones específicas dependen del programa de sanciones aplicable.
Petro responde y reivindica su derecho
Ante el comunicado, Petro respondió directamente a través de su cuenta en X y cuestionó la idea de que su inclusión en la lista estadounidense le impida conseguir vivienda.
“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde él quiera”, afirmó el exmandatario.
La respuesta se produjo en medio de una búsqueda de residencia después de su salida de la Casa de Nariño. Petro había explicado previamente que no pretendía comprar una nueva vivienda, sino eventualmente arrendar una propiedad utilizando sus recursos.
“La Ofac no me impide arrendar un lugar donde vivir si el dueño no es una persona de EE. UU. el que arrienda”, había señalado anteriormente en redes sociales.
Posteriormente, Petro aseguró que ni siquiera tenía previsto instalarse en Sierras del Moral. Según una respuesta publicada en X, afirmó: “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero que me arrienden allí”.
El exmandatario también sostuvo que ya posee una vivienda y que eventualmente podría venderla para adquirir otra de menor tamaño, teniendo en cuenta que sus hijos ya viven en otros lugares.
Una disputa que mezcla vivienda, sanciones y convivencia
El episodio pone sobre la mesa tres asuntos diferentes que terminaron mezclándose: el derecho de una persona a escoger su lugar de residencia, las consecuencias de una designación de OFAC y las facultades de una copropiedad frente a una eventual operación inmobiliaria.
Desde la perspectiva de los residentes, la solicitud no fue presentada como una prohibición automática. Su petición fue que propietarios e intermediarios obtengan asesoría especializada antes de asumir compromisos y que la administración evalúe, dentro de sus competencias, aspectos relacionados con seguridad, convivencia y uso de bienes comunes.
OFAC, por su parte, establece que las personas bloqueadas están sujetas a restricciones sobre bienes e intereses en bienes dentro de la jurisdicción estadounidense o bajo control de personas estadounidenses. También señala que determinadas entidades pueden quedar bloqueadas cuando son propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más de personas bloqueadas.
Esto significa que las implicaciones de una eventual operación no pueden reducirse simplemente a afirmar que Petro está “impedido” o, en sentido contrario, que su inclusión en OFAC carece de cualquier efecto. El alcance depende de quién intervenga en la transacción, dónde estén los bienes, qué medios financieros se utilicen y qué relación exista con personas o entidades sometidas a la jurisdicción estadounidense.
La respuesta definitiva dependería de las características concretas de cualquier contrato y de las personas o entidades que intervengan en él, no únicamente de la presencia del nombre de Petro en una lista de sanciones.
