Esta columna puede resultar controversial. Nace de mi paso por la universidad pública y de una pregunta que Colombia y América Latina deben afrontar: si nuestros campus continúan siendo espacios de conocimiento y pluralismo o si también se han convertido en escenarios de adoctrinamiento y represión.
Por: Alexander Angulo Ordóñez | Ingresé por primera vez a la Universidad Industrial de Santander, UIS, en 2002. Mi primera carrera fue Nutrición y Dietética. Llegué con expectativas, preguntas y la emoción de quien descubre un mundo distinto al colegio. Allí encontré mayor libertad para organizar los horarios y matricular asignaturas, pero también una comunidad atravesada por las diferencias sociales, políticas e ideológicas del país.
Estudié inicialmente en la Facultad de Salud, separada físicamente del campus central. Entre ambos espacios percibí un contraste. En Salud había una mayor presencia de estudiantes procedentes de familias con más recursos. En el campus principal conocí una expresión más popular: jóvenes trabajadores, campesinos y estudiantes de hogares humildes que veían en la educación pública una oportunidad para transformar sus vidas. Eso no significa que un sector fuera más académico que otro. Significa que dentro de una misma institución convivían varias Colombias.
La universidad, como lo sugiere su nombre, debe representar la universalidad del pensamiento. Es el lugar donde una persona aprende una profesión, pero también descubre otras maneras de comprender la sociedad. Allí se aprende a debatir, cuestionar y confrontar ideas. Esa libertad constituye una de las mayores riquezas de la educación superior.
También fui invitado a espacios de estudio relacionados con la Escuela de Bacteriología. Esas experiencias me mostraron que la universidad enseña libertad y conocimiento, pero que la formación política puede transformarse en adoctrinamiento cuando una organización intenta imponer una sola interpretación de la realidad o convierte a los estudiantes en instrumentos de intereses que no siempre conocen.
En aquellos años observé células y movimientos con orientaciones ideológicas definidas. Algunas asambleas no parecían responder únicamente a las necesidades académicas. Se percibía la influencia de corrientes relacionadas con la historia de las antiguas FARC, el ELN y otros movimientos de izquierda. Sin embargo, participar en política, protestar y organizarse son derechos legítimos. El problema empieza cuando se presiona a quien piensa diferente o se pretende reemplazar el razonamiento por la obediencia.
El adoctrinamiento tampoco pertenece exclusivamente a la izquierda. Puede ser promovido por sectores de derecha, redes clientelistas, administraciones universitarias y estructuras cercanas al paramilitarismo. La corrupción y el abuso de poder no tienen una única ideología. Reducir esta discusión a una pelea entre izquierdas y derechas repetiría la polarización que tanto daño le ha causado a Colombia.
Cuando el Estado responde con represión
Mientras estudiaba en la UIS viví asambleas, mítines y los llamados tropeles: enfrentamientos entre algunos manifestantes y la fuerza pública que podían convertir el campus y sus alrededores en escenarios de miedo, gases y violencia. Uno de los acontecimientos que más marcó mi vida universitaria fue la muerte de Jaime Alfonso Acosta Campo, estudiante de Ingeniería Mecánica, ocurrida el 20 de noviembre de 2002. Yo estaba en la universidad y presencié aquella jornada. Su muerte continúa siendo una herida en la memoria de la comunidad universitaria.
Aquel periodo coincidió con la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe y con la discusión del Estatuto Antiterrorista. La respuesta estatal frente a la protesta estuvo acompañada muchas veces por estigmatización y uso excesivo de la fuerza. Sí ha existido adoctrinamiento dentro de las universidades, pero también ha existido represión. Negar cualquiera de las dos realidades impide comprender el problema.
El Estado no puede tratar a todos los estudiantes como integrantes de organizaciones armadas. Pero la autonomía universitaria tampoco puede utilizarse como excusa para tolerar amenazas, violencia o intervención de actores ilegales. La Ley 30 de 1992 garantiza la autonomía universitaria; esa garantía debe proteger el conocimiento, el pluralismo y el gobierno académico, no el silenciamiento de voces ni la instrumentalización política.
Después abandoné temporalmente la universidad por distintas circunstancias. Mi militancia política estuvo acompañada de persecuciones, amenazas y maltratos. Más adelante intenté ingresar a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en Tunja, pero las condiciones de acceso y los resultados exigidos se convirtieron en una barrera. Años después regresé a la UIS para estudiar Biología, esta vez en el campus central. Esa segunda experiencia confirmó que dentro de la universidad pública conviven libertad, adoctrinamiento y represión.
La libertad tampoco debe confundirse con abandono. Ver jóvenes consumiendo alcohol o drogas alrededor de los campus no puede presentarse simplemente como autonomía. La universidad debe ofrecer bienestar, cultura, deporte, salud mental y acompañamiento. Ser libre no significa quedar solo frente a las adicciones, la pobreza o la exclusión.
Las barreras de acceso también pueden convertirse en oportunidades para el clientelismo. Ante la dificultad de ingresar a una universidad pública, numerosos jóvenes dependen de cursos pre-ICFES o preuniversitarios ofrecidos gratuitamente por organizaciones sociales, fundaciones o dirigentes políticos. Muchos programas cumplen una labor educativa legítima. Otros, sin embargo, pueden utilizar la promesa de preparar a los jóvenes para introducir una orientación ideológica o crear compromisos políticos.
Si el curso procede de un movimiento de izquierda, al estudiante se le puede acercar a ciertas asambleas y discursos. Si lo financia un dirigente conservador, liberal o de cualquier otro partido, la ayuda puede quedar asociada a su nombre, sus reuniones y aspiraciones electorales. En esos casos el pre-ICFES aparentemente gratuito no es completamente gratis: el joven no paga con dinero, pero se espera asistencia, militancia, respaldo o lealtad.
Argentina ofrece un contraste. La Universidad de Buenos Aires mantiene un ingreso sin examen de admisión y organiza el primer año de sus carreras mediante el Ciclo Básico Común. No es un sistema perfecto, pero demuestra que el acceso puede organizarse sin depender de una prueba única que determine anticipadamente el futuro del estudiante. Cuando la educación es accesible y las familias cuentan con ingresos dignos, disminuye la necesidad de acudir a intermediarios políticos.
Colombia debe discutir un modelo más abierto y acompañado para sus universidades públicas y privadas. La mejor manera de combatir el adoctrinamiento no es reprimir el pensamiento político, sino reducir las condiciones de desigualdad que permiten manipularlo. Una sociedad que educa deja menos terreno para el clientelismo, el reclutamiento, la radicalización y la violencia.
La libertad debe existir y protegerse. El adoctrinamiento convierte la educación en sobreideologización, mientras la represión alimenta nuevos ciclos de miedo y confrontación. La universidad que Colombia necesita no debe enseñarles a los jóvenes qué pensar. Debe entregarles herramientas para pensar, disentir y convivir con quienes sostienen ideas diferentes.
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*Político, agrónomo, asesor de proyectos y sociólogo en formación.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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Fuentes consultadas
- Universidad Industrial de Santander. Memoria institucional sobre Jaime Alfonso Acosta Campo y víctimas de la comunidad universitaria.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
- Universidad de Buenos Aires. Información oficial de ingreso y Ciclo Básico Común, consultada en septiembre de 2026.
