El Gobierno promete devolverles el IVA a 19 millones de colombianos. Pero la promesa depende de que los hogares más pobres pidan factura electrónica y de que los tenderos y comerciantes quieran darla. En Colombia, ninguna de las dos cosas es costumbre.
Por: Deivy Fernando Vega Herrera | La Ley de Rescate Económico del gobierno de Abelardo de la Espriella trae una promesa que suena justa: devolverles el IVA a 19 millones de colombianos pobres y vulnerables según el Sisbén, con un programa llamado EfectIVA[1]. Con esa promesa, el Gobierno pretende vender que la reforma tributaria no afecta a los más pobres. Pero la promesa tiene un problema de fondo. Para recibir la devolución, estas familias tienen que empezar a pedir factura electrónica con su cédula, y a su vez el comerciante o tendero tiene que querer dársela. ¿Qué tan real es eso en un país como Colombia?
La respuesta importa más allá de la suerte de la reforma. El proyecto puede caerse o cambiar en el Congreso, donde hasta el Centro Democrático anunció una propuesta alternativa[2]. Pero la idea de EfectIVA va a sobrevivir, porque es el argumento social del Gobierno. En el papel, el mecanismo es sencillo. La DIAN calculará el IVA que pagó cada persona con la información de la factura electrónica, y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) le devolverá una parte o la totalidad[3]. Solo quienes están en pobreza extrema tendrán un monto mínimo garantizado. Es decir, para el resto de hogares pobres y vulnerables, sin factura electrónica no habría devolución.
Y pedir factura electrónica no es un hábito de los barrios populares. En Colombia, el 54,8% de los ocupados trabaja en la informalidad[4]. Muchos hogares compran en la tienda de la esquina o en la plaza de mercado, donde la factura electrónica casi no existe. Pedirla exige dar la cédula, esperar a que el vendedor la genere y confiar en que el Estado use bien esos datos. Para quien compra fiado una libra de arroz y dos cebollas en la tienda de barrio, empezar a pedir factura electrónica no parece tener mucho sentido. En la práctica, el Gobierno les está pidiendo a los hogares más pobres que se vuelvan auditores de la DIAN.
Pero aun si estos hogares empezaran a pedir factura electrónica, del otro lado del mostrador pocos tenderos o comerciantes estarían dispuestos a emitirla. Para un tendero, la factura electrónica es la puerta para que la DIAN vea exactamente cuánto vende. En la práctica, eso puede traducirse en pagar más impuestos o en tener que contratar un contador. Además, la ley no lo obliga: el pequeño comerciante que vende menos de 3.500 UVT al año, unos $183 millones, no tiene que facturar electrónicamente[5]. Ese es el caso de buena parte de las tiendas de barrio, donde los hogares más pobres hacen la mayoría de sus compras diarias.
Cuando no hay factura electrónica, el IVA no desaparece: se esconde en el precio. El tendero le compra al mayorista con IVA y se lo traslada al cliente. Los hogares pagan ese impuesto, pero no queda ningún registro a su nombre. Por eso Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, calcula que si solo se devuelve el IVA respaldado con factura, la devolución caería a una tercera parte[6]. A esto se suma la duda operativa. El exdirector de la DIAN Lisandro Junco advierte que devolver el IVA de miles de millones de facturas a millones de personas exigiría “un batallón de gente”[7]. El problema, entonces, no es devolver el IVA. El problema es a quién le va a llegar.
Y le llegará menos a quien más la necesita. La compensación del IVA que existe hoy entrega una suma fija a los hogares vulnerables, sin pedirles factura[8]. EfectIVA cambia esa lógica: ahora, para recibir la devolución, los más pobres tendrán que exigir factura electrónica en cada compra. Lo paradójico es que, para devolverles el IVA a los pobres, el Gobierno está dispuesto a cambiar un sistema que ya está funcionando.
Esa paradoja muestra que el problema de fondo no es técnico sino social. El IVA al tomate, la cebolla, el frijol o el café se cobraría desde el primer día y sin excepciones. La devolución, en cambio, depende de un país formal, bancarizado y acostumbrado a pedir factura, un país que hoy no existe. Exigirles a los hogares más pobres que se comporten como contribuyentes formales para recuperar lo que ya pagaron no es política social: es una promesa con letra pequeña. Al final, el IVA se cobrará completo y la devolución llegará a medias.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Redacción El País (2026). Los principales cambios que trae la polémica ley de rescate del gobierno de De la Espriella. El País.
[2] Ecosistema Startup (Noviembre de 2026). De la Espriella: 90 días, reforma fiscal y 517 decretos. Ecosistema Startup.
[3] Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Octubre de 2026). Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, “Ley de Rescate Económico”, artículo 38. Congreso de la República.
[4] Redacción La República (Octubre de 2026). Informalidad cae levemente, pero es más de la mitad del mercado laboral. La República.
[5] Decreto 1625 de 2016, artículo 1.6.1.4.3 (modificado por el Decreto 358 de 2020). Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente.
[6] El Tiempo (2026). Los ganadores y perdedores con los cambios en IVA, impuesto de renta y aportes a salud que trae la reforma tributaria. El Tiempo.
[7] Infobae (Noviembre de 2026). Subida del IVA en la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella elevaría la inflación en Colombia: qué soluciones podrían haber. Infobae.
[8] Valora Analitik (2026). Devolución del IVA podría llegar a $300.000 al mes con la ‘ley de rescate’ del gobierno De la Espriella: hay un requisito clave. Valora Analitik.