Por: Carlos Andrés Mahecha/ Una de las cosas que nos deja la emergencia es ver como la administración publica hoy tiene dificultades cuando se intentan articular los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal. Es claro que la coordinación de las acciones tomadas por alcaldes, gobernadores no ha sido la mejor y menos cuando se intenta articular con los decretos de la presidencia.
No sé en qué otro momento la dichosa LOOT “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial” se había puesto tan aprueba; puesto que esta realizo cambios en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para que municipios y gobernaciones se pudiesen organizar de manera conjunta con el nivel central, ojo bajo los principios de “descentralización, coordinación, complementariedad y concurrencia; esto con el objetivo de fomentar acciones estratégicas coordinadas hacia el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia.”
Tanto la percepción como el sentir de muchos de los que hacemos parte de la administración pública es que en realidad las entidades territoriales en especial los municipios son los que verdaderamente tienen aquella responsabilidad de la gestión del riesgo y ¡si! si que es difícil tener aquella coordinación tanto con el gobierno departamental como el nacional, sabiendo que todos los gobernantes actúan con buba fe e intención, pero que difícil es cumplir con todo lo que el gobierno nacional anuncia por los medios, y que las alcaldías le den cumplimiento.
Pues es en las alcaldías en los municipios de sexta categoría, que son casi todos en Colombia, donde se le tiene que decir a sus paisanos que no se les puede ayudar, es el municipio donde se atiende de frente al ciudadano, pues no tengo imagen alguna de que uno pueda ir a casa de Nariño a pedir ayuda o exigir al presidente.
Estos municipios los cuales cuentan con presupuestos anuales entre los 5 mil a 15 mil millones siendo este el promedio, pues hay varios con menos y unos pocos con mas, donde el 80% del total se lo lleva salud (Régimen Subsidiado), deuda, funcionamiento de la administración y lo poco que queda para inversión en infraestructura pues es lo que más gusta, y el restante de ese poco en inversión social, entonces imagínense cuanto queda para esa gestión del riesgo y el cumplimiento que “toca” dar a las medidas que anuncia el presidente.
No desconocemos los programas nacionales, como Colombia Mayor, familias en acción, ingreso solidario, la “devolución del IVA”, las Ayudas Humanitarias de emergencia para la población victima entre otras. Pero qué difícil es entender que la realidad es que no hay para todo el mundo, si binen una de las obligaciones es atender a quien más lo necesita, pero no se alcanza.
Dando cumplimiento a la descentralización y autonomía territorial esta quedo atrás con el decreto del gobierno nacional que tumbo las medidas tomadas por gobernadores y alcaldes a comienzos de abril, pues si estas son tomadas por las ET, deben ser coordinadas y notificadas al gobierno nacional, considero que debe ser a si pues se supone que somos una república unitaria, pero porque esa coordinación y notificación no es de doble vía en la pirámide.
Una de las reflexiones y acciones posteriores a la emergencia generada por el Covid-19, será el evaluar y planificar en adelante las acciones de la gestión del riesgo desde las entidades territoriales, cumpliendo con la autonomía y descentralización que se supone que se tiene y eso sin tener en cuenta la parte presupuestal, pues sería otro cuento.
*Administrador Público y Especialista en Desarrollo Social.
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