“Que no jueguen más con nosotros y con nuestras vidas, eso es lo que nosotros solicitamos”, le dijeron al Defensor del Pueblo voceros del Comité de Veeduría Ciudadana, Dignidad Minera.
Aseguraron que “el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán ha sido muy lento, muy traumático. Llevamos diez años en esto”.
“Siguen burlándose de nuestros derechos y siguen jugando con nuestro mínimo vital, porque ya no tenemos ni cómo comer”, dijeron a través de Corrillos! los mencionados voceros.
La Corte ordenó
Recordaron que la Corte Constitucional hace tres años dio una orden que en un año se debía revisar la delimitación por participación. “¿De quiénes?”.
Y se contestan “de nosotros los paramunos, los que vivimos y nos estamos costeando todo, la pobreza, la parte ambiental, la parte económica, la parte social, de nuestros municipios con tanto retraso y tanto limbo jurídico que nos ponen”.
“Últimamente el Procurador Ambiental está muy interesado en todo el proceso de Santurbán, de la delimitación y pide y solicita que paren todos los procesos”, transmiten en su solicitud.
Pero a continuación expresan que para ellos “es una duda muy grande porque solo pide para Santurbán parar los procesos. Pisba por lo menos que también está en proceso de delimitación y de concertación. ¿Qué pasa, por qué solo Santurbán?”
Ellos lo expresan mejor que nadie y por ello le piden al “señor Procurador tiene que ser imparcial porque nosotros somos los que estamos sufriendo. Nosotros, los campesinos que si les quitan las fincas o no, porque ya los predios les valen cero”.
Y también “los mineros, pequeños mineros legales que llevamos más de cuatro siglos ahí cuidando el páramo, haciendo minería, así les resulte paradójico”.
Están en el limbo
Están en el limbo dijeron porque “no, no sabemos qué hacer porque los procesos de sustitución y todo hasta que no se mire a ver cómo es que va a quedar la delimitación. El Gobierno Nacional dijo son 18 meses mínimo para volver a hacer reuniones con bastante gente”.
La medida del Gobierno se da por el efecto de la pandemia del coronavirus, pero dignidad Minera que “en 18 meses va a llegar la politiquería con el cuento de elección de Presidente y elección de parlamentarios, etcétera, etcétera, vuelve y juega, a nombrar Presidente, a nombrar Ministro, que el Ministro vuelva y mire a ver cómo es que siguió la cosa, vuelva y mire y cite, y mire a ver si sí le pareció bien lo que hizo este Ministro o el anterior o no y siguen burlándose de los paramunos. Y siguen burlándose de nuestros derechos y siguen jugando con nuestro mínimo vital, porque ya no tenemos ni cómo comer”.
Manifiestan que “las cosas no son así. Señor Procurador si usted está muy interesado, ayúdenos a que la conectividad llegue. A que esa brecha que hay entre las ciudades y los paramunos y las montañas en donde nosotros vivimos, se haga fácil la conectividad”.
Llamado al Defensor
Y en seguida llamaron otra autoridad, “le hago un llamado directo al Defensor del Pueblo, usted que es garante de nuestros derechos señor Defensor ayúdenos a que no nos sigan tomando del pelo a los paramunos con este cuento de la delimitación y nos digan qué es lo que vamos a hacer. Sí, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y que no jueguen más con nosotros y con nuestras vidas, eso es lo que nosotros solicitamos: Soluciones, soluciones. Soluciones porque no sabemos nosotros qué podemos hacer”.
A ese pedido advirtieron que “queremos seguir en la institucionalidad, queremos seguir en la legalidad, pero así no se puede, si no sabemos ni qué vamos a hacer ni qué podemos hacer”.
La historia
La espera por la delimitación del Páramo de Santurbán se remonta al 2010, cuando fueron prohibidas las actividades mineras en los páramos y se definió la necesidad de delimitarlos. Las comunidades quedaron a la espera de unas decisiones gubernamentales que no llegan.
En 2017, a través de la sentencia T-361, la Corte Constitucional le otorgó un año al Ministerio de Ambiente para realizar la delimitación del Páramo de Santurbán. Según esa orden judicial, el proceso debía finalizar en junio de 2018, pero el ministerio incumplió los términos y desde entonces ha solicitado dos prórrogas ante el Tribunal Administrativo de Santander. El plazo de la última prórroga era el 18 de diciembre de 2019, y nuevamente el ministerio incumplió.
Freno en seco
A principios de 2020 se realizaron reuniones en Matanza y en Cúcuta para determinar la hoja de ruta del trabajo que debería conducir a la finalización del proceso. El primer paso sería el desarrollo de mesas técnicas previas a la concertación. Todo esto se planeó antes de que se confirmara la presencia del Covid-19 en el país.
Con la orden de aislamiento social obligatorio, no existe un cronograma y ninguna autoridad se ha pronunciado para explicarle a la comunidad cómo continuará el proceso en la situación actual.
Aseguraron que “la pandemia que enfrenta el mundo no puede convertirse en una excusa para mantener en vilo a las poblaciones afectadas, que esperan respuestas y alternativas para que la delimitación avance”.
Como explica Edwin Alberto Blanco Portilla, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Suratá, “no sería justo con las comunidades de los municipios vecinos del Páramo de Santurbán que ahora la pandemia se convierta en una nueva excusa para que el proceso no avance. Necesitamos respuestas y garantías porque la situación ya es insostenible para las comunidades paramunas de Soto Norte, que son las que asumen los costos sociales y económicos de tanta demora”.
Suspensión temporal
Aunque el Ministerio de Ambiente expidió una circular para organizar el funcionamiento del despacho y el cumplimiento de sus funciones a través de herramientas digitales, ahora es la Procuraduría General de la Nación la que promueve la suspensión temporal del proceso en el marco del estado de emergencia decretado en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Con su carta la Procuraduría no solo exime a las autoridades de cumplir su rol como garantes de la participación activa de las comunidades involucradas en el proceso, sino que plantea una alternativa discriminatoria que desconoce los derechos de las comunidades campesinas involucradas en el proceso y que no cuentan con acceso a internet para participar en espacios digitales.
La Procuraduría General de la Nación dirigió una carta al Ministerio de Ambiente solicitando que se estudie la posibilidad de suspender temporalmente el proyecto de delimitación del Páramo de Santurbán. Esgrime que la situación actual que vive el país hace imposible el uso de alternativas digitales o de propuestas de concertación para que la comunidad participe en la siguiente etapa del proceso de delimitación.
Profundas desigualdades
Asegura Dignidad Minera que “la pandemia del Covid-19 está dejando en evidencia las profundas desigualdades de la sociedad colombiana. Con medidas como la que propone la Procuraduría, los campesinos, la fuerza trabajadora que no se detiene y que garantiza el abastecimiento de alimentos para el país, es discriminada porque su falta de conectividad y acceso a internet se convierte en una excusa para limitar su participación activa. En lugar de eso, lo que esperan las poblaciones es que hoy más que nunca se responda a su necesidad de servicios de comunicación de calidad, que les permitan participar en igualdad de condiciones frente a las comunidades urbanas que, en la delimitación de Santurbán, sí tienen las herramientas necesarias para que su voz sea escuchada”.
¿Si no hay delimitación?
Explicaron los voceros que el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán cumple cerca de diez años de trámites y no concluye. Los costos sociales y económicos que afectan a las comunidades locales y al desarrollo integral de la región son incalculables.
Se trata de limitaciones de diversa índole, en materia económica, afectando las vocaciones de la región como son la minería y la agricultura, y a nivel de inversión estatal con la imposibilidad de mejoramientos de infraestructura en zonas rurales, entre otros aspectos que definen el goce pleno y efectivo de los derechos de cualquier individuo.
Así las cosas, es necesario destacar que la falta de una delimitación clara de Santurbán no solo ha impedido la llegada de la inversión social del Estado y lo expuesto anteriormente, sino que ha tenido una incidencia fuerte en el aumento del desempleo, el deterioro de la calidad de vida y el aumento de la brecha de pobreza para los habitantes paramunos.
Ante un detonante
Aseguraron que estamos ante un detonante de afectaciones económicas y perjuicios para las empresas formales y legalmente establecidas que extiende su impacto a los habitantes del territorio de Soto Norte.
Otras consecuencias gravosas, dijeron, son la depreciación de la propiedad privada, la disminución del valor de la tierra, y la incertidumbre jurídica para la actividad minera que tiene como característica principal, cultural y territorial, la ancestralidad.
Para los habitantes de la zona, el paso del tiempo solo aumenta sus preocupaciones ante la imposibilidad de desarrollar libremente las actividades económicas de las que depende el sustento de sus familias.
