Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Ciudadela Campo Madrid es un proyecto de vivienda ocupado por alrededor de 1.200 familias, familias que han tenido que vivir con el equipaje al hombro, las personas que habitan en este sector son víctimas del conflicto armado, en su mayoría los hechos victimizantes han sido por desplazamiento forzado, hay que recordar que en la década de los 90, Bucaramanga era la ciudad donde más llegaban desplazados por la violencia del oriente colombiano, era más fácil llegar a la capital de Santander, que a la capital de Bolívar, Cesar, departamentos que colindan con el Magdalena Medio santandereano o al mismo Catatumbo en Norte de Santander, Bucaramanga fue receptora de desplazados que 20 años después hacen parte de nuestra célula social.
En esta ciudadela también viven familias reubicadas de los asentamientos que no se pudieron normalizar ni legalizar, ya que sus viviendas las habían construido en sectores de alto riesgo, terrenos inestables o que estaban ubicados a menos de 30 metros de un cuerpo de agua, la mayoría vivían en el sector del río de Oro; cada familia lleva consigo una historia muy fuerte, donde siempre han buscado la forma de entrar en el engranaje de la prosperidad y la productividad que debe ser garantizada por el Estado, ahora desde el mes de marzo han tenido que sumar otra necesidad a su larga lista de dificultades, la falta de conectividad y de educación para una comunidad que no se puede dar el lujo de exponer a sus hijos al Covid-19.
El 28 de marzo del 2020, el senador Iván Darío Agudelo, le solicito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencia) lo siguiente: “Es vital revaluar la gestión de esa Cartera que no es coherente en el contexto actual, con el reloj en contra, lo cual puede verse traducido en la pérdida de vidas prontamente”. El reloj en contra ya lo tenía esta comunidad, ya que, desde hace cinco años eran beneficiarios del servicio de Internet de forma subsidiada, según Gaudy Ropero Pino, cinco días antes de que se decretara el confinamiento obligatorio, la empresa que suministraba el servicio había terminado su contrato que solo iba hasta el mes de diciembre del año pasado y que estaban a la espera de la renovación.
Son 1.200 familias que vivían de sus emprendimientos, quienes no han podido salir a la calle a buscar sustento, solo han salido a la calle a exigir sus derechos, tal como lo hicieron niños y adultos, ya que al no tener el servicio de Internet, no tenían acceso a la educación, dice doña Gaudy, desplazada del departamento de Norte de Santander, que “hay familias que se han tenido que llevar a sus hijos a la parcela de un familiar, ya que son $6.500 pesos diarios de recarga de Internet, dinero que no están produciendo, si hacen recarga la gente no come, es por eso que los niños se están quedando sin estudiar”. Esta recarga de $6.500 solo dura dos horas, la jornada escolar es de seis horas, saquen ustedes sus propias conclusiones.
La única instancia que ha tenido esta comunidad es la de recurrir a la protesta social. Históricamente la protesta social ha creado y protegido derechos, aquí están el juego los derechos de los niños, a una educación integral, el Estado no puede tener escusas para que los niños no se estén educando, la cobertura en educación debe ser de un 100%, pero la herramienta para acceder a ella ya no depende de lar rutas escolares, ni de que los padres de familia hagan largas colas en tiempos de Covid-19 para reclamar la ración del PAE, depende que los niños estén en casa, pero ante todo de que tengan las garantías de conectividad, la sociedad está ante un problema de salud que no tiene precedentes, buscar el sustento y el dinero para que los hijos de esta comunidad tengan conexión de Internet, termina siendo un problema de salud pública, no porque nadie se pueda enfermar, amigos ya casi no hay quien atienda los enfermos por Covid-19, las urgencias de las clínicas de la ciudad no dan abasto.
Nota: “Páseme la pistola”, término que invita a desconocer la legitimidad de nuestras instituciones, el orgullo, la soberbia y la falta de tolerancia, son parte del combustible que incendio el conflicto armado, conflicto que duró más de 60 años y dejó alrededor de 8.500.000 víctimas.
*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo.
Correo: reyinaldpf77@gmail.com
Twitter: @reyinaldf77
