Por: Víctor Andrés Salcedo Fuentes/ Hay profesiones difíciles de ejercer en este país, una de ellas el derecho, sobre todo para quienes nos adentramos en las mareas del litigio. Soy un convencido de que para poder ejercer con objetividad cualquier cargo en la rama judicial o en los órganos de control se debería pasar previamente por dicha experiencia. Es importante que los operadores judiciales sepan qué se siente estar del otro lado de la baranda, que conozcan el rol del defensor, eso seguramente ayudaría a dignificar la profesión y tener una administración de justicia más humanista y garantista. Cuando se desconoce el rol se puede caer en la arbitrariedad y dictaduras judiciales.
No cualquier abogado está diseñado para litigar, para tener éxito se requiere dominar la norma, saberla aplicar al caso concreto y sobre todo tener éxitos puntuales y verificables. A nosotros no nos miden por estadísticas cuantitativas, sino por la capacidad real de poder restablecer los derechos de los clientes. Para eso no hay ninguna asignatura en el pregrado, es algo que se adquiere con paciencia y experiencia.
En materia penal tenemos que lidiar con muchos problemas, por ejemplo, con carteles de falsos testigos, que lastimosamente abundan no solo en los procesos mediáticos sino en muchos otros que no tienen la misma visibilidad y que causan igual o peores daños a sus víctimas. Estos carteles se fortalecieron con la ley de Justicia y Paz, desde donde muchos excombatientes al significarles lo mismo un homicidio que miles, se dedicaron a extorsionar a quienes no accedían a sus exigencias económicas o a quienes políticamente se convertían en contradictores.
Ese problema se ha agravado debido a la laxitud de la jurisprudencia al momento de evaluar la versión de quien un día dice una cosa y al otro dice otra. La validez de una narrativa u otra, cae en el subjetivismo del funcionario judicial debiendo ser categórica la exclusión de dichos relatos, con mayor razón en aquellas causas donde la responsabilidad penal de una persona termina edificándose solo con ese medio de prueba.
El exterminio de la reserva de las conversaciones entre el abogado y la defensa, acabó con la confidencialidad de la estrategia de descargos, más grave en épocas de pandemia donde las visitas personales con el cliente privado de libertad fueron restringidas.
Han pasado 16 años desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio y aún se limita el concepto de igualdad de armas entre defensa y fiscalía, se imponen sin justa causa mayores cargas a la actividad investigativa del litigante.
Los sindicatos de la justicia con toda razón hacen sus reclamaciones al gobierno, acudiendo al paro de la actividad por incumplimientos en temas salariales y de provisión de cargos, pero poco les importa que cuando suspenden sus actividades los litigantes generalmente no recibimos honorarios, a diferencia de ellos que a pesar de sus protestas siguen con su remuneración. En esta pandemia fueron nulas las acciones y manifestaciones en favor de la protección de este gremio, juzgados cerrados se traduce en ingresos cerrados. Sin la defensa la justicia no funcionaría, sin embargo, poco o nada se avanza por la dignificación de dicha labor.
Los penalistas no podemos ser relacionados con las personas que representamos, ya que, así como el médico tiene el deber de atender al paciente que requiera de sus conocimientos, el abogado salvo objeción de conciencia también tiene el deber de hacerlo. Ambas profesiones manejamos derechos fundamentales, la vida y la libertad.
Si existiera un estándar de casos o personas éticamente no aptas para defender penalmente, tendría que estar reglado para que fuera el sistema de defensoría pública quien los atendiera, cosa que no sucede. Nadie está exento de ser acusado injustamente por un delito que no cometió y para eso estamos los penalistas.
Soy de los que prefiere ejercer la profesión con discreción, sin exposición permanente y mediática a los medios de comunicación, guardando la reserva de la investigación y la intimidad del cliente.
Mientras toda mejora, en beneficio no solo del litigante, sino sobre todo de los acusados y las víctimas, seguiré creyendo en la administración de justicia, en la idoneidad de los jueces y en su objetividad.
Nota no tan marginal: Mi premonición en mi anterior columna, sobre el chantaje contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, queda consumada con las amenazas de revocatoria que se anuncian.
*Abogado Penalista, Magister en Derecho Penal Internacional
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