Por: Paola Guarín/ La evolución en política pública migratoria, Colombia se puede describir como un país con las puertas abiertas a extranjeros, garante y eficaz en la protección de derechos humanos.
Sin embargo, para nadie es un secreto que las crisis de nuestros países vecinos, han generado temas de discusión jurídico – social, frente a lo que respecta a medidas necesarias en el contexto del día a día, impulsando con suma urgencia cierta rigurosidad en lo que respecta el ingreso y permanencia de migrantes.
La tasa de criminalidad ha escalado en nuestro país de manera burbujeante, a tal punto, que hemos confundido la xenofobia con la fuerte necesidad de establecer robustas medidas efectivas, que busquen la seguridad de nacionales y extranjeros en nuestro Estado Social de Derecho.
El Proyecto de Ley 036 de 2019, el cual cursa en el Congreso de la República, busca establecer una “Política Integral Migratoria del Estado colombiano”. Ahora bien, al debate de este proyecto, es necesario la intervención de los diferentes actores de la sociedad civil, será instituciones de índole público o privado que día a día deben lidiar con este fenómeno, a fin de garantizar Ley Migratoria Integral en nuestro país.
El panorama en la actualidad es débil, frente a la normatividad migratoria que solo está conjunta en decretos y relaciones emitidas por el poder ejecutivo, es decir, por Migración Colombia, órgano adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Carecer de una ley con dientes, donde no solo dirima aspectos de expulsión, tránsito y recepción de flujo migratorio, aspectos generales pero frágiles de nuestra política actual migratoria, donde los aspectos tributarios o fiscales, son temas priorizados, pero lo relevante a convivencia, criminología, derechos civiles, laborales y comerciales, son aspectos que definitivamente debe robustecer si de garantías en deberes y obligaciones se trata.
Retomar aspectos como principios internacionales como inclusión, igualdad y pluralidad, son sin duda factores a tener en cuenta en el debate de este proyecto de ley y donde, quiéralo o no, el poder ejecutivo debe tener muy en cuenta en este debate, la academia, la experiencia en investigación sociológica y económica, las organizaciones y actores refugiados, al igual que la vasta experiencia de funcionarios y entidades que luchan, con las uñas, en el flagelo y la débil versión de política migratoria, ajustada casi que de manera improvisada en nuestro estado social de derecho.
Ahora bien, con ello no quiero decir que el Proyecto de Ley No. 036 de 2019, no genere cambios específicos, pero si es relevante que el poder ejecutivo no sea el único órgano que defina el estatus en el procedimiento para determinar la condición de refugiado y apátrida. A ello se suma que las rutas de regularizaciones permanentes, accesibles y de largo plazo a la población migrante indocumentada y vulnerable, que deben contener aspectos criminológicos y más rudimentarios frente a deberes y obligaciones de extranjeros.
Por ultimo pero no menos garante, este proyecto pone estándares minúsculos en lo que tiene que ver la participación de nacionales colombianos en el extranjero, y no involucra a las personas migrantes y refugiadas.
Podemos tener como espejo, como se nos trata en el exterior a nuestros nacionales colombianos, quien, sin el ánimo de general xenofobia, debemos ajustarnos a las normas internas de cada país, en un abanico de estándares que debería cumplir todo extranjero según las normas internacionales. Desafortunadamente debemos ser razonables frente a temas de política migratoria, pues pretender tener las puertas abiertas a migrantes por crisis de países circunvecinos, desplazan sin lugar a dudas dicho problema a nuestro país, que a duras penas somos capas De sobrellevar nuestra basta radiografía social y económica.
Robustecer las instituciones y fijar programas o rutas que no solo confieran derechos sino también obligaciones, es sin duda alguna un pilar fundamental, que debe buscar los padres de la patria del poder ejecutivo, en busca de acabar temas como la trata de menores que son sometidos a mendicidad y abusos sexuales, el alza de hecho delictivos como la extorción, el hurto, el porte ilegal de armas y la conformación de nuevas bandas criminales, son sin duda la raíz de esta coyuntura, que debe tener en cuenta este proyecto de ley.
Los extremos son odiosos, por ello es importante no confundir la realidad de nuestra débil política actual migratoria, con la xenofobia que se destila en estos tiempos, que quiéralo o no, es el resultado del débil desempeño en el ejercicio de la soberanía nacional.
*Abogada.
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