Por: Renato Baldovino Guevara/ Lo más probable es que el eslabón más débil que actualmente tiene la cadena productiva agropecuaria en Colombia es la comercialización. Son varios los factores que afectan las utilidades de pequeños y medianos productores como por ejemplo el tema de las vías terciarias y los insumos, pero sin duda, los precios de venta de sus cosechas generalmente se rigen por un mercado basado en la especulación de los intermediarios.
Un caso común es el de un campesino que vende sus productos a un comprador que recorre las veredas para acaparar toda la cosecha de un mismo producto, luego esta se comercializa en una central de abastos o un mercado local, que a su vez son vendidos a tenderos o minoristas. En cada una de estas fases el precio aumenta significativamente dejando grandes utilidades a los comercializadores y pocas a quienes lo producen. Al final, es el consumidor final quien termina pagando mucho más de lo que cuesta realmente un producto.
Por otra parte, la fluctuación de los precios también es un factor que afecta a pequeños y grandes productores de los sectores transables de la economía, es decir, aquellos productos que sus precios están sujetos a las cotizaciones internacionales y al comportamiento del dólar. Por ejemplo, el precio de la tonelada de aceite de palma se establece en Rotterdam (Holanda), del caucho en la bolsa de Singapur y el maíz en la bolsa de Chicago.
Un caso especial el precio del café, el cual se cotiza en la bolsa de Nueva York, sin embargo, la Federación Nacional de Cafeteros tiene una formula básica diseñada, que, aunque no puede definir el precio, lo publica a diario para que los productores no vendan su cosecha por debajo del precio del mercado.
Actualmente existen algunos programas liderados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, enfocados en mejorar la comercialización de productos por parte de pequeños y medianos productores, como el caso de la estrategia Coseche y Venda a la Fija, que es igual a la agricultura por contrato que les permite a los productores contactar directamente a compradores y vender su cosecha antes de sembrarla, garantizando insumos de calidad y alimentos sanos.
Este programa está compuesto por un financiamiento a través de líneas especiales de créditos, un seguro agropecuario para la gestión de riesgos agroclimáticos, una extensión agropecuaria para asesoría y acompañamiento en los posibles acuerdos comerciales, el desarrollo de ruedas de negocios y una cobertura de precios para definir de antemano el precio de compra.
La reciente Ley 2046 de 2020 o Ley de Compras públicas, establece mecanismos para promover que pequeños productores agropecuarios participen en los mercados de compras públicas de alimentos. Esta norma obliga a las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario.
Estas entidades están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.
El programa Alianzas Productivas que opera desde hace algunos años y es liderado por el MADR, también es otra herramienta que les permite a pequeños y medianos productores asociados establecer acuerdos formales a largo plazo con un aliado comercial para la compra de parte o totalidad de la producción y así minimizar los riesgos asociados con el proceso de comercialización.
Los mercados campesinos es una estrategia liderada por las alcaldías municipales, apoyadas por las gobernaciones y el gobierno nacional, con el objetivo de que productores independientes, así como organizaciones solidarias, vendan directamente sus productos en un espacio físico, determinado por las autoridades locales o a través de plataformas digitales. Esta última se ha convertido en una herramienta fundamental en muchas poblaciones del país, por la situación de confinamiento que ha generado la actual pandemia.
Todas estas estrategias merecen ser sostenidas a largo plazo y aumentarle los presupuestos asignados, tanto por los gobiernos locales, departamentales y el nacional. También es clave la difusión de la oferta institucional con la ayuda de las alcaldías y gobernaciones, para que más productores rurales sean vinculados a estos programas y beneficiarse de los subsidios disponibles. Porque finalmente son los campesinos quienes merecen un precio justo a todo su esfuerzo e inversión.
*Ingeniero Agrónomo y Magister en Desarrollo Rural
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