Por: Paola Guarín/ Este 2020 constituye un gripo de la moda dando un giro inesperado en la administración de justicia y las nuevas tecnologías de la información dejando un sabor agridulce a los diferentes actores vinculados a esta importante rama judicial.
Lo cierto es que la justicia debió innovarse al forzosamente trasladar un 100% a la atención virtual -producto de la misma coyuntura mundial- siendo esta la única alternativa que quedaba para normalizar la tan predicada la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales.
La consigna se dio en el paso gigante desde el año 1996 se viene trabajando junto con la Ley 270 o Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual se catalogó como la “Tecnología al servicio de la administración de justicia” y con posterioridad se definió como Plan de Justicia Digital.
Esto logra a hoy su valiosa aplicación, en época de pandemia, logrando un ahorro significativo de recursos físicos y especialmente ahorro de materias primas como el papel y agilidad en el tiempo, haciendo con ello que las actuaciones judiciales a hoy sean más amigables con el medio ambiente, al optimizar en gran medida los medios tecnológicos, exigiendo con ello la nueva era de las tecnologías de la información en el escenario jurídico, marcando un precedente en la reactivación económica, donde nunca se suspendió el acceso a la justicia y por el contrario motivo a la reinvención de todos lo jurisconsultos.
Debemos hablar del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, que, pese a sus críticas, dispuso aspectos generales necesarios que garantizaron a hoy, que este servicio público llegara a todos los lugares del país, con tan solo una red de internet, un equipo móvil o PC, dando el plus a cualquier ciudadano para disfrutar desde la comodidad de su casa, oficina o residencia de cualquier estrato social.
Pero no todo es color de rosa en este escenario evolutivo, existen aspectos que deben implementarse en los próximos meses, como lo son las constancias de recibido de memoriales, excesos en formalismos y otras dudas atenientes al protocolo de entrega de títulos, las medidas cautelares y la valides o los protocolos de validación de testigos y/o algunas pruebas ajenas a las documentales en los diferentes procesos que se cursan.
Bienvenido sean los cambios y adopciones que se promuevan para agilizar y optimizar la administración de justicia, cuya fama se extendía a un tú a tú en los despachos judiciales, giro forzoso e inesperado pero necesario, donde puso a prueba las habilidades informáticas de magistrados, fiscales, jueces, abogados, auxiliares de la justicia, funcionarios y ciudadanos de a pie, como actores de la justicia en la palestra pública de la justicia, cuyos esfuerzo se materializan en un servicio público netamente virtual.
*Abogada.
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