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Lectura: Personería sin empatía
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Opinión

Personería sin empatía

CORRILLOS
Última actualización: 2021/03/07 at 4:55 AM
CORRILLOS hace 4 años
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Por: Paola Guarín/ Hace unas semanas la Personería de Bucaramanga, institución que irónicamente defiende los derechos de los ciudadanos, fue objeto de escándalo, poniéndola en el ojo del huracán por la deficiente gestión presupuestal, donde -a hoy- se adeudan aproximadamente $600.000.000 a contratistas en la vigencia del año 2020, tal como se demostró en la Resolución No. 004-2021 proferida el 5 de enero, la cual constituye cuentas por pagar.

No obstante le queda muy mal de esta Entidad, cuyo lema institucional Actuando con responsabilidad, cuya misión como órgano de control que divulga, protege los derechos humanos, los intereses de los ciudadanos, ejerce el ministerio público y vigila el ejercicio de la función pública de la administración municipal, garantizando los derechos constitucionales y legales; donde irónicamente hace más de 4 meses trasgrede el mínimo vital e ingresos económicos de aproximadamente 60 contratistas, quienes día a día ejecutaron con responsabilidad y pertenencia esta relación contractual por prestación de servicios.

Lo más sorprendente de este delicado, bochornoso y penoso escándalo donde lamentablemente una entidad quien vela por los derechos, es objeto de trasgresión de los mismos, tal como se demostró en un plantón de aproximadamente 30 contratistas el pasado 24 de febrero en las horas de  la mañana, exigieron a la institución el pago de sus honorarios y soluciones oportunas en la negligencia del pago de sus cuentas, sumándose a ellos el agravante de acumularse en algunos casos 3 hasta 6 cuentas sin pagar a contratistas desde el año 2020. Gracias a este hecho, obligó al representante de la entidad pronunciarse sobre el tema, pues paradójicamente antes de este plantón, no se hablaba públicamente del mismo, al no ser aparentemente importante por el Personero actual, pese a los reiterados derechos de petición radicados por estos contratistas a esta entidad con respuestas insustanciales.

Ahora bien, analizados los comunicados de prensa y las declaraciones del Personero interino Daniel Arenas, quien manifestó no ser el responsable de dichas irregularidades que su antecesora propició, incoando que radicaría las denuncias del caso mencionando que propiciara soluciones para los contratistas, bajo la premisa que debe existir conciliación judicial y/o fallo de un juez de la republica donde ordene el pago de estas acreencias, ya que la entidad no tiene presupuesto para asumir estos pagos  tal como manifestaron en una mesa de trabajo llevada a cabo el mismo 24 de febrero, donde se hicieron presentes representantes de la Alcaldía de Bucaramanga de la Oficina Jurídica, Hacienda y Contraloría Municipal.

Como si se tratara del país del sagrado corazón, a la fecha ni el Personero interino, concejales o demás funcionarios públicos con injerencia en estos temas, no se han pronunciado contundentemente con hechos y soluciones o siquiera presentado denuncias al respecto ante el ministerio público o ente acusador, sobre el evidente descaro y paupérrima gestión contractual de su antecesora.

Puedo dar fe que estos contratistas a hoy por el simple hecho de exigir el pago de sus honorarios, están siendo ridiculizados en redes sociales, sino también por los mismos funcionarios de estas instituciones. Surgen importantes cuestionamientos de tipo legal como: ¿Es esto coherente desde el ejercicio responsable de la función pública? ¿Es coherente que en la actualidad el Personero de esta entidad no ha entablado las denuncias e iniciado acciones legales, no solo en su condición de agente nominador, sino también de abogado a sabiendas de las irregularidades existentes en gestión contractual de su antecesora? ¿Por qué los honorables concejales quienes deben hacer control político en estos temas, no han efectuado debates o acciones que protejan las arcas de la entidad por posible daño fiscal y lesión al lucro cesante de estos contratistas? ¿Por qué no se ha vinculado al Ministerio público como la Procuraduría General de la Nación en las mesas de trabajo como la llevada a cabo el pasado 24 de febrero o en el proceso de empalme en el actuar preventivo de esta entidad?

Todos estos interrogantes no solo serán objeto de respuesta por los actuaciones desplegadas por cada uno de los implicados en este escándalo, donde en últimas, serán los entes de control, la justicia ordinaria y el ente acusador, los encargados de dirimir y tomar las acciones que en derecho correspondan dadas la presuntas  irregularidades que tienen en el ojo del huracán a supervisores y funcionarios que tristemente en algunos casos retrasaban las firmas de cuentas de cobro de estos contratistas, para que no fuesen cobradas en vigencia del año 2020.

Como prueba de ello, es la pésima gestión contractual del año 2020, donde ni siquiera ha sido posible la firma del acta de liquidación de algunos contratos, dejando inconclusos procesos administrativos, tal como se destaca en el Secop I, contrario sensu, a la masiva contratación al inicio del año 2021 donde se deja entrever que la antecesora del actual Personero, deja comprometido el presupuesto de una manera excesiva e irregular, según los principios de contratación pública.

Pese a las evidentes irregularidades, no hay debates serios de control político que impulse el Concejo Municipal o en su defecto busque no solo salvaguardar los intereses de la función pública, a fin de evitar en evidente y poco presunto daño fiscal, propiciado curiosamente al interior de organismos, que deben velar por los derechos e intereses de la ciudadanía como se ilustra en este penoso escándalo.

Lo cierto es que la empatía desplegada por estas instituciones al mando de los ilustres funcionarios, no es la correcta y proba que debe desplegarse en un Estado Social de Derecho en circunstancias como las actuales, donde lamentablemente, ser contratista de una entidad pública, se convierte en una relación inequitativa y mísera, pues ni teniendo registros presupuestal y contrato, a hoy garantiza el pago inmediato de sus honorarios, tal como se destaca en aproximadamente estos 60 contratistas, quienes tuvieron que recurrir a un plantón, denuncias y acciones de tutela para ser escuchados.

Solo el tiempo dará la razón de lo cuan equivocados o no estuvieron cada uno de los implicados, resaltando que la vida da vueltas y en temas públicos, más allá del karma, existe una relación ecuánime entre el resultado de nuestras actuaciones y la justicia.

*Abogada.

Correo: paolaguarin1985@gmail.com

Twitter: @Bupagu

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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ETIQUETADO: Política, Santander
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