Por: Cirly Uribe Ochoa/ La semana pasada, se suscitó un debate nacional sobre la pertinencia o no de legalizar el porte legal de armas en Colombia propuesta en el proyecto de ley planteado por dos congresistas del Centro Democrático. Para el congresista Cristhian Garcés, uno de los autores de dicho proyecto, el que en Colombia “2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos», se convierte en una justificación para que, los ciudadanos y ciudadanas que puedan destinar como mínimo entre 8 y 14 millones de pesos, consigan un arma de fuego para garantizar su defensa.
Pero lo que además queda enredado en ese argumento tan general es, el tipo y calibre de esos 2.5 millones de armas…imagino que el congresista se refiere a armas de fuego; entonces, cabe preguntarse si él está haciendo referencia a las armas de los grupos armados ilegales y paraestatales, tanto de aquellos que se oponen al Estado, como de los que cuidan los intereses de grandes terratenientes y estructuras del narcotráfico, así como de bandas criminales conformadas incluso con miembros activos o retirados de la fuerza pública, denunciadas en múltiples ocasiones.
Sí es así, considero que el debate, más allá de la flexibilización del porte legal de armas, debe centrarse en la incapacidad del Estado colombiano para garantizar el monopolio de la fuerza y con ello, faltando a su mandato constitucional de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” (Art. 2), máxime cuando en el Presupuesto General de la Nación el sector Defensa siempre ha sido uno de los que cuentan con mayor presupuesto, ejemplo de ello el monto asignado en la vigencia presupuestal de 2021, el cual asciende a $39 billones de pesos, para pagar una nómina ineficiente, si se compara su efectividad con los índices de violencia e inseguridad que hoy vive el país y que además, es una de las justificaciones del mencionado proyecto de ley en curso.
Entonces, ante el fracaso del Estado para garantizar a todos los ciudadanos la seguridad, la propuesta de los congresistas Garcés y Cabal es la de que, todo aquel que tenga con qué, garantice la suya y la de su familia… ¿Eso no es promover un sálvese el que pueda o una especie de estado de naturaleza, versión Hobbes? No creo que la inseguridad callejera, se resuelva con más armas, eso es atacar los síntomas y no las causas, buscar la fiebre en las sábanas decían nuestras abuelas. Desde muchas perspectivas se ha planteado que, un antídoto para la violencia no son las armas, sino la justicia, sobre todo la justicia distributiva.
Mientras sigamos siendo una de las sociedades más inequitativas del mundo, las armas seguirán trayendo solo dolor y muerte, así ha sido por 200 años en Colombia. Por qué se les hace tan difícil a quienes representan (se supone) los intereses del pueblo soberano, plantear propuestas que nos permita desarrollar nuestra economía a partir de las potencialidades que tenemos: una población joven ávida de oportunidades, recursos naturales cuyo uso y protección brinda infinidad de posibilidades para crear y fortalecer un sistema turístico que aproveche mares, ríos, montañas, selvas y llanuras y la inmensa riqueza cultural que nos hacen un país privilegiado; unas tierras fértiles, además de todos los pisos térmicos que podrían hacernos una despensa agrícola para el mundo.
Todo ello es posible, pero se necesita invertir en educación, ciencia y tecnología como ya lo han dicho en repetidas oportunidades, allanar el rezago de más de 40 años en infraestructura vial y comunitaria, acabar la delincuencia de cuello blanco (políticos corruptos) y legalizar la droga ya que, ni la erradicación manual o la fumigación con Glifosato, así como las políticas prohibicionistas o los millones de dólares invertidos por el gobierno norteamericano para apoyar la lucha contra este flagelo han servido.
Se que son problemas estructurales que se han dejado crecer, sobre todo en los últimos 50 años, porque los gobernantes de turno han estado más interesados en administrarlos que en resolverlos, pero no creo que las presentes y futuras generaciones nos perdonen por dejarles un país en ruina moral, económica, política, social y ambiental. Soy optimista…porque tenemos con qué hacerlo, no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy.
*Ciudadana, Magister en Historia y docente.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
