Ondeando banderas y pañuelos blancos, cientos de civiles han huido del cruce de disparos entre movimientos al margen de la ley desde el pasado viernes en el sur de Colombia.
La confrontación armada se extendió al menos hasta la tarde del sábado, lo que dejó como consecuencia el desplazamiento masivo de más de 2.000 personas que se vieron obligadas a dejarlo todo en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.
«Estos hechos han tenido lugar en el casco urbano del corregimiento (pueblo) de El Plateado, con más de 6.000 personas de la población civil expuestas ante el uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de los actores armados ilegales», aseguró la Defensoría del Pueblo.
En los ataques murió al menos un soldado y tanto la Defensoría del Pueblo, órgano dedicado a velar por los derechos humanos en le país, como la Organización Human Rights Watch urgieron al Gobierno a tomar acción, ante las precarias circunstancias que enfrentan las víctimas.
Estos hechos se registran después de que el sábado 27 de marzo las autoridades colombianas acusaran a las disidencias de las FARC de detonar un coche bomba en la localidad de Corinto, también en Cauca, que dejó 43 heridos, entre ellos 11 funcionarios públicos.
El control por el tráfico de drogas
Aunque el Gobierno de Colombia firmó en 2016 un acuerdo de paz con la guerrilla más grande, las FARC, convertida ahora en partido político, las disidencias de este movimiento, además de otras guerrillas y grupos de narcotráfico, siguen disputando el control de zonas consideradas estratégicas para actividades ilícitas.
El Cauca es una zona donde hay presencia de narcotraficantes, disidencias de las FARC y la guerrilla autodenominada Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se enfrentan por el dominio de varias áreas destinadas a la producción y tráfico de estupefacientes, y el tránsito de otros productos ilegales como armas.
La prensa local reportó que detrás de los recientes combates estarían el ELN y el frente Carlos Patiño, disidente de las FARC, que ven en esta población un área estratégica para acceder a otras zonas del departamento.
El medio local ‘Revista Semana’ publicó un informe en 2020 en el que señaló que las disidencias también se enfrentan entre sí. En este caso, el frente Carlos Patiño, que sostiene «una disputa a sangre y fuego con la Segunda Marquetalia, una estructura comandada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich (líderes de la extinta guerrilla de las FARC y firmantes del acuerdo de paz que posteriormente renunciaron a este); y alias El Paisa».
Desde 2019, Márquez llamó a volver a las armas y ahora lidera parte de las disidencias. A los intereses económicos por los negocios ilícitos, se suman las acusaciones contra el actual Gobierno colombiano, del presidente Iván Duque, de incumplir compromisos firmados en el acuerdo de paz, que acrecentarían su inconformidad y espiral de violencia.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 64 firmantes del Acuerdo o excombatientes de las FARC.
Los pueblos indígenas, unas de las comunidades más golpeadas por la ola de violencia, exigieron el sábado tanto a la antigua guerrilla como al Estado colombiano asumir su responsabilidad en el conflicto armado y pidieron resarcimiento para las víctimas.
