Ante el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por posibles irregularidades en un contrato de empréstito, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, señaló que no suena razonable imputar cargos a un funcionario público porque no supo hacia dónde iba el dólar.
A través de sus redes sociales, Mac Master indicó que, “pedir que todas las entidades públicas con deudas en moneda extranjera tomen contratos de cobertura, debería primero contar con un mercado que los ofrecieran ampliamente”.
Por otra parte, voceros del Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, manifestaron que “es muy grave que la Fiscalía General de la Nación pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar”.
Asimismo, indicaron que “bajo esa teoría deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso”.
Cabe recordar que el contrato por el que le imputarán cargos a Fajardo se dio cuando era gobernador del departamento, el cinco de diciembre de 2013.
«Se suscribió cuando era ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos», señaló el ente acusador.
Al respecto, el exgobernador afirmó que le solicitará formalmente al fiscal general, Francisco Barbosa, que presida un comité técnico para revisar la decisión del ente acusador. A juicio de Fajardo, la decisión en su contra por parte del ente acusador resulta ser improcedente.
Preocupación por el manejo del caso
El litigante y profesor de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Prías, hizo un análisis del anuncio de la Fiscalía de imputarle cargos a Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda en 2013 con el banco Corpbanca S.A., cuando fue gobernador de Antioquia.
El experto expresó su preocupación por el manejo de la Fiscalía con relación a ese caso.
«Es una circunstancia muy preocupante por el tipo de imputación que se está formulando, pero la Fiscalía está en la plena libertad de disponer de la acción penal como lo considere. Me preocupa la imputación porque desde la academia he llamado a este tipo de delitos como ‘comodín’, que sirven para imputar cualquier cosa», dijo.
Agregó que «el peculado por apropiación a favor de tercer tiene una línea muy difusa entre la apropiación y el peculado culposo, desde luego es mucho más gravoso una apropiación. En la celebración indebida de contratos, ese tipo penal tiene unas dificultades de imputación muy grandes, porque se refiere al incumplimiento de los principios de la contratación administrativa».
Juan Carlos Prías también aseguró que «me preocupa en general la tendencia que están tomando este tipo de casos en nuestra jurisprudencia, porque son hechos difusos que tienen la complicación de derivarse de apreciaciones subjetivas y muchas veces alejadas de los principios de los tipos penales», dijo.
Dijo que, en el caso del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se trataría de un peculado culposo de acuerdo con la información de la Fiscalía.
«En la práctica y a mi juicio, estos dos tipos penales han generado grandes injusticias en nuestro sistema jurídico… Lo que entraña desde luego en los términos de la comunicación de la Fiscalía, es un peculado culposo», explicó el docente.
Sobre el delito de celebración indebida de contrato, el experto concluyó que «es posible que desde el punto de vista administrativo existan algunas previsiones sobre ese hecho particular, la norma señala la omisión de un requisito legal de los contratos».
Concluyó que «dentro de nuestro sistema no hay una regla para saber cuáles son los requisitos legales de los contratos, lo que hay es un galimatías que la Corte ha resuelto señalando que se refiere a los principios generales de la contratación administrativa».
