Como si se tratara de una olla bajo presión por años, las desigualdades que los colombianos han soportado por décadas le han estallado al Gobierno de Iván Duque. Bajo su Administración, aumentaron varias de las inconformidades y los manifestantes aseguran que no solo marchan para rechazar el plan de reforma fiscal que propuso el Ejecutivo y que ya retiró ante la presión social.
“No se trata de derrotar una sola ley”, dijo el psicólogo Benjamín Paba, de 53 años, durante una marcha en Bogotá. Él, por ejemplo, también protesta por una mejor educación y para exigir la continuidad del proceso de paz con los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que dejaron las armas. Como él, los colombianos han salido a las calles por múltiples razones, entre ellas, estas cinco que explicamos a continuación:
1. Una retirada reforma tributaria que sigue causando preocupación
La reforma tributaria fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de los colombianos. La iniciativa de ley buscó un recaudo de alrededor de 6.302 millones de dólares y, para lograrlo, pretendía aumentar los impuestos para la clase media y baja. Esto incluía un incremento del 19% a los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar, justo en momentos en que los cierres para mitigar la pandemia han aumentado el desempleo en más de un 3%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
En el segundo día del paro nacional, Duque anunció que no retiraría la reforma. Al tercer día, se mostró dispuesto a sustituir algunos de los puntos más polémicos, como el aumento del IVA que también se iba a aplicar a los servicios funerarios. Al quinto día de las protestas, el presidente retiró todo el proyecto y, luego, renunció el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla por ser impulsor del criticado plan.
Sin embargo, Duque sostiene que se formulara uno nuevo. Esta vez, a partir de “consensos” con los partidos políticos. El mandatario insiste en que se necesita una reforma tributaria para llenar los agujeros de las arcas públicas, que han aumentado por la emergencia sanitaria, y garantizar la extensión de programas sociales que creó para hacerle frente a la pandemia.
Pero no todos están de acuerdo con un nuevo proyecto. “Se retiró, pero con el fin de reestructurarlo y la reestructuración puede ser mucho más peligrosa que la que ya está”, aseguró la líder indígena Aida Quilcué durante una movilización el pasado lunes.
¿Cómo quedaría entonces la reforma? Según el mandatario colombiano, el texto inicial de su proyecto mantiene algunos puntos del pasado como la sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado.
2. La violencia de la fuerza pública reavivó el debate de una reforma policial
La cantidad de civiles muertos durante las protestas varía dependiendo de quién haga el conteo. Mientras la estatal Defensoría del Pueblo habla de 24 fallecidos -incluyendo un policía-, la ONG local Temblores asegura que son 37 las víctimas mortales. Algunos de ellos murieron a causa de disparos con armas de fuego por parte de policías. Y oenegés nacionales y organismos internacionales han advertido sobre hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas.
Del otro lado, también han aumentado los actos violentos de algunos civiles. El 4 de mayo, incendiaron una estación de Policía en Bogotá cuando había uniformados dentro. El Ministerio de Defensa asegura que por lo menos 93 uniformados han sido heridos con armas cortopunzantes. También ha habido saqueos a supermercados, comercios destruidos y buses públicos incinerados en todo el país durante las manifestaciones que, en su mayoría, han sido pacíficas.
Con las recientes denuncias de abuso policial, se reavivaron las voces que reclaman una reestructuración de la fuerza pública. Este no es un reclamo nuevo, pues el debate cogió fuerza en noviembre de 2019 cuando un policía antidisturbios mató al joven Dilan Cruz y volvió a estar en el centro de la discusión en septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial.
Los manifestantes exigen una reforma que incluya el desmantelamiento del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. También piden que los uniformados que cometan un crimen sean juzgados imparcialmente y que en sus operativos traten a las personas como civiles y no como subversivos. Y es que, a diferencia de otros países, en Colombia la Policía forma parte del Ministerio de Defensa y es señalada de tener un entrenamiento con un enfoque para luchar contra el conflicto armado, concretamente contra las guerrillas.
Ahora, también estaría bajo la cuerda floja el ministro de Defensa, Diego Molano, contra quien la oposición en el Congreso radicó el martes una moción de censura, en medio de las denuncias de abuso en el uso de la fuerza contra los manifestantes.
3. La reforma a la salud también genera malestar en manifestantes
Este es otro proyecto que debate el Congreso y que es común escucharlo en las manifestaciones. El Gobierno lo presentó con carácter de urgencia, y el Ministerio de Salud asegura que la reforma “se centra en mejorar la calidad y acceso de los servicios, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad”. Pero la oposición reclama que no fue consensuado con la ciudadanía y que traería grandes desventajas.
La propuesta incluye la regionalización al sistema de salud que, según sus ponentes, garantizaría que este servicio llegue a todos los rincones del país. La reforma también estipula aumentar estándares de calidad para que haya menos compañías con mejor servicio. Aunque legisladores de la oposición advierten que el proyecto le entregaría más poder a las aseguradoras y con ello podrían consolidar su monopolio.
Por ejemplo, el senador opositor Jorge Enrique Robledo sostiene que el nuevo modelo sería similar al que se maneja en Estados Unidos, por lo que los usuarios deberían pagar sus aseguradoras como ya lo hacen y, además, costear pólizas de seguro adicionales por patologías. Robledo insiste que si el paciente no las tiene, no sería atendido.
4. Que cesen los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes
Aunque esta vez no ha sido un llamado protagonista en las protestas, sí es uno de los motivos por los que muchos marchan. En 2016, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la entonces guerrilla más antigua de América Latina: las FARC, convertidas ahora en partido político.
Ahora, los desmovilizados y ciudadanos en general que respaldaron el proceso piden que sean cumplidos los compromisos, especialmente los puntos referentes a garantizar la vida y la seguridad de quienes dejaron las armas. Hasta finales de abril, Comunes, el movimiento político de la antigua guerrilla, informó que 269 firmantes del proceso de paz han sido asesinados.
A esto se suman las muertes de líderes sociales. El pasado 20 de abril, el mecanismo de justicia transicional -llamado Jurisdicción Especial para La Paz (JEP)- informó que al menos 904 han sido asesinados desde 2016. La vida de esas personas “está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques” que han padecido desde la firma del pacto, indicó el organismo.
Garantizarles seguridad parece ser uno de los grandes puntos de choque con el Gobierno que heredó el proceso de paz. Legisladores del oficialismo afirman que algunos de los excombatientes muertos perdieron la vida mientras delinquían, lo que para muchos deja su seguridad a la deriva y la actual Administración les incumple. En contraste, la JEP dice que el 92 % de los desmovilizados asesinados sí comparecían ante la justicia transicional. Por su parte, la Administración de Duque sostiene que sí ha implementado lo que llaman “paz con legalidad”.
5. Pobreza y desigualdad, un malestar generalizado
Una problemática de larga data que se ha profundizado aún más con la pandemia. En marzo de 2020, justo antes de que comenzaran los confinamientos, la tasa de desempleo en Colombia ya era alta con un 12,6%. Para febrero de 2021, la cifra ascendió al 15,9 %, según el DANE.
El director de la entidad oficial, Juan Daniel Oviedo, explicó que durante un año de la pandemia, cerca de 468.000 personas perdieron su trabajo y la cifra de desempleados llegó a los 3.437.000 en marzo de 2021. Además, el más reciente informe del DANE asegura que un 40% de los colombianos ahora son pobres y un 15% vive en la extrema pobreza.
Ante este difícil panorama y la presión social con la nueva ola de protestas, el presidente convocó a una mesa nacional de diálogo, pero muchos de los manifestantes desconfían de lo que allí pueda ser pautado, pues afirman que el mandatario ya incumplió con compromisos que asumió en las pasadas protestas de finales de 2019.
