Por: Óscar Prada/ Presentar una “Ley antidisturbios y anti vandalismo” por parte del gobierno, es tan semejante como acrecentar la fabricación de hornos crematorios ante la crisis sanitaria a causa del Covid-19 por exceso de fallecimientos, con la falsa certeza de hacer desaparecer la pandemia; tan semejante como aquel miope que solo ve la proximidad y no logra reconocer la lejanía donde se origina su propio cercano acontecer.
La falta de audacia y de voluntad política es el santo grial, donde la sociedad colombiana bebe su propia suerte. Décadas de plena negación de la existencia de conflicto armado, forjan las costumbres políticas de la actualidad. El suceder se solventa con respuestas anacrónicas, elaboradas por un pensamiento propio del decimonónico. El ejecutivo escoge la conformidad como piedra fundante y emplea el camino facilista de: “sacralizar los tropeles”. Es más sencillo combatir a la contraparte que lograr el cambio por medio de consensos.
De lo inmediatamente anterior, la falta de ambición por mejores soluciones limita el crecimiento de la nación en todos los ámbitos, “El San Tropel”, de las leyes que ponen “bajo control” la premura del acontecer, contradice todo aquello que se pregona en el preámbulo constitucional que incentiva la unidad nacional y el orden social justo.
El incipiente empeño con el que los gobernantes desarrollan el componente social de la Constitución Política de Colombia, conforma el compungido panorama nacional. Aclarando que el termino social, no corresponde a una significación derivada de la doctrina política del socialismo; por el contrario, el termino en mención proviene de la palabra: sociedad. En congruencia, el ordenamiento jurídico de la nación debe converger entorno al componente humano que la conforma; es decir a la sociedad colombiana propiamente dicha.
La abrumadora negligencia de los mandatarios en la adecuada y eficaz protección de los derechos sociales, es causante de múltiples tragedias de vergonzosa magnitud. Las injusticias sociales, la falta de inclusión y garantías de las personas en la participación estatal, entre otras muchas deficiencias, han sido el origen de lamentables hechos derivados de innumerables conflictos internos que datan desde la época de la colonia. Simplemente el avestruz ejecutivo, esconde la oquedad de su cabeza, en el primer hoyo que encuentra para escapar de la tormentosa realidad que encarna la actual pesadilla social producto de su propio desinterés.
La insuficiencia de herramientas y políticas estatales que promuevan firmemente una democracia más participativa, en el que se ejerzan de forma robusta los derechos colectivos haciendo realidad los principios de igualdad, desarrollo y equidad relacionados con la creación efectiva de oportunidades, como lo son el acceso progresivo de la tierra (art. 64), las oportunidades para disminuidos físicos (art. 47), la educación (art. 67), la salud (arts. 48 y 49), la vivienda digna (art. 51) y el trabajo digno (arts. 53 y 54); entre muchos otros, todos ellos consignados en la Constitución Política de Colombia. De manera consecuente al infringir flagrantemente los preceptos constitucionales, se origina gran parte del descontento que se deriva en las protestas.-Lo inmediatamente dicho es afirmado por el reconocido constitucionalista Juan Carlos Esguerra[1]-.
Negar los problemas nacionales consignados en los preceptos constitucionales, es tan similar como esa persona alcohólica que insiste tercamente en que es perfectamente controlable su lamentable situación de dependencia. Es decir, negar el sentir del deseo de alcohol por abstinencia es tan semejante como ignorar el deseo irresistible de la sociedad colombiana de reivindicar sus problemas básicos-precedidos constitucionalmente-al gobierno deudor. El síndrome de abstinencia nacional ha solicitado de forma abrupta su factura de cobro. El aceptar que se tiene un problema es el primer paso para pavimentar el camino a la rehabilitación social; el punto de inflexión de la aceptación es el sitio de partida de un proceso largo y duro de transformación nacional; dando como consecuencia final, resultados convenientes y beneficios de larga duración.
De manera objetiva, es necesario que el gobierno tenga herramientas para solventar el vandalismo y el daño al erario público, que repercute como golpe demoledor a la famélica economía, en medio de la ralentizadora y mortífera pandemia que acaece; no obstante, el aceptar el vandalismo como característica indivisible de la confrontación de las ideas; es negar la existencia de las raíces que originan los conflictos. No focalizar la solución de los problemas nacionales entorno a sus raíces, debilita las mismas bases en que descansa nuestro ordenamiento constitucional.
Seguidamente, y congruente al parágrafo inmediatamente anterior, los actos vandálicos, deben cortarse de raíz, y no podarse para que renueven en verdosos y lozanos retoños; es decir, de forma análoga y más sencilla, es buscar el diagnóstico preciso para suministrar los fármacos adecuados y terminar con el padecimiento social que acontece, producto de las múltiples enfermedades que quejan la nación; tal cual como se expresa en columna previa titulada Radiografía nacional[2].
Una ley basada en la premura, prescindiendo de las causas originarias de los problemas, es podar agresivamente el árbol de San Tropel; para luego recolectar con más intensidad la cosecha del odio nacional. Por simple perspicacia; si las precariedades sociales son abundantes, alimentaran sin freno al árbol de la discordia, manteniéndose vivo y consecuentemente creciendo gustosamente después de cada poda represiva y recurrente por parte del Estado.
Gobernar es: dirigir un país o una colectividad política -según la RAE- es decir, aquella significación contiene amplias dimensiones. Dirigir, conducir o encaminar, conlleva a adoptar determinadas reglas, optar por consensos y morigerar las pasiones de la propia proximidad; es decir contener los fantasmas del ego enceguecedor e iluminarlo con la luz de la razón. En contraste a lo formulado previamente; el termino imponer es: Infundir respeto, miedo o asombro -de acuerdo a la RAE-, es decir y en concordancia a columna de mi autoría encabezada con el título de Voluntad o fuerza[3]; gobernar, obsta de los límites del mandar e imponer, y recae más bien en interpretar y construir convergiendo en el querer social.
Al tenor de la columna susodicha-Voluntad o fuerza-, en síntesis, la legitimidad del que detenta el poder es formada, por el querer de la sociedad en que obedecer al mandante es conveniente y a su vez por un aparato coercitivo que haga cumplir sus mandatos-es decir fuerza pública-. De faltar el deseo de obediencia social, los mandatos pierden legitimidad y se configuran en verdaderas fuerzas represivas, que lesionan las bases fundantes del mismo ordenamiento que les permite gobernar. En términos castizos, el reprimir a la sociedad es vandalizar la misma morada que le ampara al gobierno su propia ostentación poder.
Si el ordenamiento estatal lo conformaran adecuadas leyes y medidas que garanticen la plenitud de derechos y libertades del pueblo, sentenciarían a la desaparición inminente, a los fundamentos de los sectores anárquicos que vandalizan y transgreden de manera intransigente el patrimonio y la legitimidad estatal. Es decir, que el fortalecimiento de políticas sociales responsables y sostenibles menguara respectivamente el fundamento de aquellos que enarbolan su defensa, como plataforma para destruir sin razón sobre lo construido. La negligencia estatal, sumada a la corrupción, incumplimiento y la impiedad de sus gobernantes; así como la oposición sin fundamento constructivo de algunos otros, configuran el combustible perfecto para que las medidas lesivas de las contrapartes, se proliferen como perfecta plaga que atiza el fuego de los daños colaterales sufridos por la mayoría del pueblo que costea los platos rotos.
De acuerdo a lo anterior, los sectores de ambos bandos que izan su actuar en solventar los menesteres básicos del pueblo colombiano, utilizan la necesidad del colectivo para revictimizar a sus propios asociados. De forma más clara, los sectores que actualmente afirman luchar por el bien común, sientan su posición para beneficio de sí mismos, por la sencilla razón que los bandos en discusión necesitan de su adversario para su propia existencia; dado que su existencia caprichosa es la única razón de su existir, prescinden del pueblo carguero del yugo de sus pesos, al momento de recibir beneficios.
El Estado, requiere herramientas para contener los desmanes, disturbios y actos vandálicos; sin embargo, si incentivara con ahínco las reformas sociales que constitucionalmente están protegidas por la ley suprema, pero que a su vez se encuentran inermes en el mar de la intolerancia y la corrupción, seguramente el gobierno cambiaría el sustrato del que se alimenta la sociedad colombiana, e indudablemente se cosecharían los tan anhelados frutos de la concordia nacional.
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*Ingeniero Civil, estudiante de Derecho.
Twitter: @OscarPrada12
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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