En un sorpresivo giro, el pasado 2 de noviembre, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, anunció que el proyecto que pretendía convertir las basuras en energía se cancelaba. Y, aunque justificó su decisión en una nueva reglamentación, también les echó la culpa a los políticos de su incompetencia.
Ahora, además de generar frustración en sus seguidores que veían en su varita mágica la solución al problema de El Carrasco, en decepcionar a los habitantes del barrio El Porvenir no cerrar el botadero y de echarle la culpa a los políticos de la región, lo que queda en la percepción de la opinión pública es el marcado favoritismo del Mandatario Local por la empresa Vitalogic RSU.
Producto de la incapacidad del gobierno municipal para cumplir con su palabra y de su injustificado interés en favorecer a una compañía duramente cuestionada desde lo legal y lo administrativo, la comunidad aledaña a la zona de El Carrasco, se verá afectada debido a que tendrá que aguantarse por tres años más el basurero.
Echar para atrás el proyecto de nuevas tecnologías, sin duda es una extensión del anuncio que hizo la Emab el pasado 27 de septiembre, donde se notificó la ampliación del tiempo de vida en el botadero, es decir una nueva emergencia sanitaria que regirá hasta el 2020. Lo que significa que la responsabilidad recae sobre los alcaldes del siguiente periodo.
Las razones expuestas por el alcalde
Además de echarle la culpa a la politiquería regional de su incumplimiento, en un comunicado la alcaldía de Bucaramanga, afirma que “el pasado mes de octubre la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico publicó la Agenda Regulatoria Indicativa para los años 2018 – 2019. Dado que los propósitos señalados en la mencionada Agenda modificarán las condiciones normativas y económicas para la eventual implementación de Nuevas Tecnologías que transformen las basuras y sustituyan en gran medida el relleno sanitario de El Carrasco, la Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB, ha decidido postergar un nuevo proceso de invitación pública con ese fin”.
A criterio del alcalde Rodolfo Hernández, “el Gobierno de Bucaramanga considera que al existir oficialmente una expectativa concreta de cambios en la regulación del Aseo a nivel nacional, con miras a elegir la mejor alternativa posible para el futuro de la ciudad, lo responsable es esperar a que dichas modificaciones sean una realidad durante el año entrante”.
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Recalca el Gobierno Local, que “esta expectativa cierta se suma la expedición de la Resolución 330 de 2017 que modificó el reglamento técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico y, entre otras cosas, ya estableció nuevas exigencias para estructurar proyectos en el sector de aseo, exigencias que implican un ejercicio de planificación por parte de la empresa de aseo aún mayor al adelantado hasta la fecha”.
A manera de contentillo para los habitantes de El Porvenir, aduce la alcaldía que “en los próximos dos años se aumentarán los esfuerzos y las inversiones para aumentar el porcentaje de residuos reciclados en Bucaramanga y se evaluará la ejecución de un proyecto industrial para optimizar el tratamiento de los residuos orgánicos que representan el 67% de las basuras y pueden ser aprovechados con tecnologías disponibles en Colombia como el compostaje”.
Destaca que, “seguirá en pie la ejecución del proyecto del Parque Contemplativo del Carrasco, en los sectores clausurados del relleno. Éste Parque, ya diseñado y ad portas de entrar en proceso de contratación, ofrecerá nuevos escenarios y nuevas oportunidades de recreación y esparcimiento para las comunidades aledañas y es un primer paso para solucionar una deuda social histórica con los vecinos de El Carrasco”.
Y concluye: “Se adelantarán las obras enunciadas en la declaración de la Emergencia Sanitaria del pasado 27 de septiembre para garantizar el adecuado funcionamiento del relleno”.
“Montaron un sofisma”
De haberse suscrito el contrato con Vitalogic, tal como lo tenía definido el alcalde Rodolfo Hernández, las pérdidas tanto para la compañía como para la ciudad hubieran sido desastrosas. El primero que prendió las alarmas fue el Representante a la Cámara, Fredy Antonio Anaya.
En ese momento dijo que “la solución está a la mano. Lo que pasa es que en Bucaramanga han montado un sofisma con algo a lo que no le han querido pararle bolas los alcaldes. Se sabía que esa licitación inicial para manejar los residuos sólidos urbanos iba a ser declarada desierta. Inventan cosas que no deben inventar. No entiendo para qué hacen una licitación, si los servicios públicos son de libre competencia, quien tenga la tecnología vaya y móntela, no tiene por qué pedirle permiso al alcalde”.
Declaró que los permisos los da la autoridad ambiental no la alcaldía. “Si yo tengo la tecnología para el manejo de residuos sólidos y generar energía, pues monto la planta, tramito el permiso en Planeación y lo hago y compro las basuras”, recordó Anaya Martínez, al cuestionar la idoneidad del proceso.
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“¿Quién invierte 750 mil millones de pesos para recoger 300 millones de pesos mensuales? Eso no anda, pero ¿por qué es inviable? Porque financieramente las tarifas del país, la estructura tarifaria de la CRAC, no permite que ingrese la tecnología con el costo. Tecnología existe y en el mundo hay basura que la convierten en energía y lo que usted quiera. Pero la tarifa es en promedio de cien dólares por casa y acá se pagan 20 mil pesos, a pasarse a 300 mil pesos mensuales. Por eso la estructura tarifaria solo funciona con los rellenos”, explicó el congresista.
También puso en duda que los resultados de la implementación de las nuevas tecnologías, “el cuento es que con el etanol que produzca la basura moverán los buses de Metrolínea. Pero cuánto vale y quién es capaz de hacerlo a esos costos. Pero si en Bogotá que son miles de toneladas de basura no lo han hecho, la tarifa no da. Las basuras tienen como 10 dueños en el área (Emab, Emaf, Piedecuestana, Rediba, Cara Limpia, Metroaseo, Proactiva, Limpieza Urbana) que llevan las basuras a donde quieran”.
Reversazo por incompetencia
Para los líderes políticos y opinadores de la región, la culpa de que el proyecto de las nuevas tecnologías se haya ido al suelo es del alcalde Rodolfo Hernández. Lo que hizo la Procuraduría, el Concejo, la Asamblea de Santander y algunos congresistas, fue señalarle los errores al mandatario, para que a futuro la ciudad no tuviera que salir perdiendo.
Por ejemplo, tal como lo reveló en su momento Corrillos!, la consultoría contratada por la Emab por $340 millones, del que ya se pagaron $200 millones, fue un completo fiasco. Extrañamente a una empresa de papel como Vitalogic, con socios que fueron sentenciados por lavado de activos y con mínima experiencia tuvo cierre financiero.
La experta en el tema, Consuelo Ordóñez, dijo en su momento a Corrillos que, “el problema es que cuando uno lee los pliegos de condiciones, los términos de referencia que hizo la Emab no hay mucha claridad en muchos temas. La misma Sociedad de Ingenieros le pidió a la Emab que se suspendiera la licitación para que se aclararan muchos de los temas. Pero se insistió en seguir adelante a riesgo de presentarse a futuro una dificultad. Y de eso hay muchas experiencias en Colombia”.
Recordó que “ha habido plantas en San Andrés, San Gil, Pereira, Villavicencio, Medellín, en muchísimas partes de Colombia han intentado hacer plantas y todas han fracasado. No hay ningún sistema distinto al relleno sanitario que en este momento funcione con residuos sólidos urbanos.
“Creo que debemos evolucionar del relleno sanitario a un sistema de nuevas tecnologías, pero con nuestras tarifas no creo que haya cierre financiero para garantizar que se pueda recuperar la inversión, obtener utilidades y garantizar el cumplimiento ambiental”.
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A su turno, otro de los críticos del proyecto de nuevas tecnologías, el diputado Édgar Suárez, reiteró que “el marco tarifario no permitía el cierre financiero para incorporar tecnologías. Ningún privado del mundo va a asumir la responsabilidad de invertir su dinero en un 100% a riesgo, además, se dejaron de lado nuevas alternativas de inversión, que pudieron darle viabilidad al proyecto”.
La Procuraduría también alertó sobre situaciones que impedían hacen un proceso como el que pretendía Hernández: “No se conocen estudios previos, análisis del sector y soporte técnico que puedan justificar ambiental, técnica, jurídica y financieramente la contratación directa que se pretende celebrar por parte de la EMAB”, dijo el Ministerio Público.
Dejó al descubierto la improvisación del gobierno local y de la Emab: “Como solución innovadora y de nuevas tecnologías, para la contratación de estas plantas, no se encuentra alineada con una política pública local de gestión de residuos sólidos, o en su defecto en el PGIRS, ni soportada en enfoques técnicos e integrales como el de economía circular”.
Por ahora el alcalde Rodolfo Hernández no solo debe echarle tierrita a la basura, sino también a su propuesta de nuevas tecnologías en El Carrasco.
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