Que la Fiscalía General de la Nación le haya echado mano al alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, por los presuntos delitos de perturbación a certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir; no solo pone en jaque al gobierno local sino también a sus aliados políticos.
Y es que no solo fue capturado el mandatario municipal, el ente acusador también puso vinculó al proceso penal a su círculo más cercano, entre ellos a su esposa Mariluz Núñez Herrera; Christian Juliao Camacho, exdirector del Inderba y Jhon Jairo Moros Renales, exconcejal.
Cabe recordar que el proceso penal obedece al desarrollo de una denuncia interpuesta por la Misión de Observación Electoral (MOE), que puso en conocimiento presuntas maniobras ilícitas de los implicados para frenar la revocatoria del mandato.
Las evidencias físicas y las pruebas testimoniales recopiladas, permitieron a la Fiscalía obtener varias órdenes de captura contra funcionarios y particulares que habrían presionado al electorado para que no hiciera parte del mecanismo de participación ciudadana y, al parecer, incurrieron en diversas prácticas que impidieron a los habitantes ir a las urnas.
En sus investigaciones, la Fiscalía identificó diversas irregularidades, como maniobras engañosas para evitar que los electores fueran a las urnas, pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios, utilización de planes de gobierno y retención de cédulas.
La caída del gobierno
El año pasado, La W Radio reveló una serie de interceptaciones realizadas por la Fiscalía al alcalde de Barrancabermeja, en las que se evidenciaba un plan para evitar que la población votara la revocatoria de su cargo como mandatario local.
Las grabaciones se conocieron después de que se convocó al proceso de revocatoria de Echeverri el 2 de junio de 2017, cuando el propio alcalde contactó al senador Horacio Serpa para que, al parecer, intercediera por él a través del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo y los miembros del CNE.
En otro audio, Echeverri llama a Sol Reyes (QEPD) y quien supuestamente se reunió con Serpa y el abogado Hugo Ocampo. En esta reunión, Serpa se habría comprometido a interceder con el procurador.
En otra llamada telefónica, Diego Acosta, secretario del municipio, habla con Luz Elvira Quintero, asesora de la Oficina Jurídica sobre una juez a la que le llegó la tutela para tumbar la revocatoria, la misma que sería contactada por Serpa. Las autoridades investigan la supuesta entrega de $200 millones a la funcionaria judicial.
Además, por lo que se analiza de las pruebas en poder de la Fiscalía, el alcalde orquestó un operativo para evitar que la población participara en la revocatoria. Echeverri contactó a Carlos Moreno, líder del corregimiento la Fortuna, en el que hablan sobre ‘reclutar’ a 40 personas para que no dejaran votar a la gente.
A su vez, Fabián Echeverri, sobrino del alcalde y Mary Luz Núñez, esposa del alcalde, hablaban sobre el dinero que le iban a pagar al personal que estaba trabajando en contra de la revocatoria.
Otra de las estrategias del alcalde fue la de emitir un Decreto en el que prohibía la circulación del parrillero en motocicleta, situación que fue denunciada por el procurador delegado y presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, Jorge Enrique Sanjuán.
En un audio, Óscar Jaramillo, Secretario de Educación y el alcalde acuerdan hablar con Serpa para que intermedie sobre dicha situación.
Diego Acosta, entonces Secretario General, organizaba una fiesta a los mototaxistas a la misma hora de las votaciones, según quedó registrado en una conversación con el alcalde.
El alcalde tenía tanta fe de que lograría tumbar su revocatoria, que contactó al concejal y pastor Alex Arques y a su esposa Kelly Ortiz para que organizaran un culto ese día y así poder mantener a la población ocupada.
Impacto electoral
Con la judicialización de Echeverri, en materia electoral, los más perjudicados son los congresistas liberales Jaime Durán Barrera y Édgar Gómez Román, quienes habían logrado el respaldo de la fuerza política del mandatario.
Toda la maquinaria del gobierno local estaba dirigida a apoyar a los dos candidatos al Congreso, los mismos que poco o nada le han servido a los barranqueños en su paso por el legislativo. Pero ahora ese espaldarazo queda en el limbo, Jhon Jairo Moros, el enlace político entre Echeverri y la campaña de Durán y el ‘Pote’, también fue v, por lo que la estrategia política planteada inicialmente se cae.
Fue sorpresivo ver que los más cercanos aliados de Echeverri estaban con esta ´formula’ liberal, cuando se creía que los votos para el senado serían para Horacio Serpa, o en su defecto para Horacio José. La lluvia de críticas recayó sobre el mandatario, especialmente porque ha sido Serpa su más cercano amigo. Serpa ha defendido públicamente el gobierno y su actuar frente a lo que fue la revocatoria.
El proceso penal
Ante la decisión del Juzgado 46 Penal de Bogotá, con función de control garantías, que dictó medida de aseguramiento domiciliaria en contra del alcalde Echeverri y sus funcionarios.
Por otra parte, fue dejada en libertad la esposa del mandatario Mariluz Núñez Herrera, por considerar que en libertad no afectaría el desarrollo del proceso penal en el que se le acusa de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
