Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un «papel muy importante» en graves violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves que describe una «profunda erosión» de la independencia judicial en el país.
En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla «cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014».
«En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales», dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.
«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela», dijo Valiñas en el comunicado.
La Misión indicó que realizó «177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos».
Además efectuó un «extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales», y de «183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno» entre 2014 y agosto de 2021, y documentó «las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal».
«Impacto devastador»
Los jueces y las juezas «ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional», «mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona», y «dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo».
De su lado, los fiscales «presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba».
«En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura».
Las largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable.
«Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas – incluso en la salud física y mental – de las víctimas y sus familias», afirmó Marta Valiñas.
Impunidad
Entre los casos que la misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que «involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales».
«No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces», afirma el comunicado.
En ese sentido, el informe destaca el caso del opositor Fernando Albán, «que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015».
También menciona el de Rafael Acosta Arévalo, un oficial militar que «se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018», y Juan Pablo Pernalete, un estudiante que «murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017».
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.
Con la mediación de Noruega, el gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis.
