Los congresistas santandereanos, Mauricio Aguilar Hurtado y María Eugenia Triana, radicaron este miércoles un proyecto de ley que busca reconocer la profesión del Comunicador Social – Periodista y Organizacional, la cual tiene como función la investigación, redacción, producción y divulgación de contenidos periodísticos y la actividad de información a través de medios de comunicación y/o empresarial. (Ver texto)
La iniciativa pretende devolverle la grandeza a los trabajadores de los medios y para ello, a partir de ésta se les reconocerá derechos inherentes en ejercicio de sus funciones, como el secreto profesional; el libre acceso a los lugares y fuentes de información; el derecho de petición presentado ante las entidades del Estado y la objeción de conciencia frente a dar o recibir información que atente contra los principios religiosos, morales, éticos, étnicos, o de cualquier tipo en la persona del periodista.
El texto de la iniciativa consigna que “se reconocen como profesionales en Comunicación Social – Periodista y Organizacional quienes cumplan por lo menos con uno de los siguientes requisitos: Haber cursado programas de Comunicación Social – Periodismo y Organizacional, su equivalente en los niveles de pregrado o postgrado dentro de Colombia, expedido por una Institución de Educación Superior debidamente acreditada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, y haber expedido el título que acredite la formación respectiva”.
Y aclara que a quienes hasta la fecha de expedición de la presente ley hayan ejercido la actividad de manera empírica en medios de comunicación escrita, oral, o audiovisual o siendo profesional en otras áreas, no se les podrá exigir título o tarjeta profesional para su ejercicio laboral.
Además volvería la matrícula profesional, para el ello, un “Consejo Profesional del Comunicador Social – Periodista y Organizacional” tramitará el documento previo el cumplimiento de requisitos como ser nacional colombiano y acreditar el título profesional.
Frente a la objeción de conciencia para garantizar y lograr que se respeten las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y culturales, los periodistas podrán negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios profesionales o a sus convicciones personales en asuntos de pensamiento, sin que pueda sufrir ningún tipo de perjuicio por su negativa justificada.
Con la finalidad de incentivar la profesionalización de quienes han ejercido la actividad de la Comunicación Social – Periodista y Organizacional de manera empírica siendo profesional en otras áreas, “podrán acceder a beneficios administrativos y académicos otorgados por las instituciones de educación superior públicas y privadas”.
Además –expone el proyecto- “se da el carácter de “profesión de alto riesgo”, al ejercicio de los comunicadores sociales o periodistas corresponsales, que cubran las áreas de orden público, político o investigación judicial.
