El Gobierno nacional pidió retirar proyecto que ponía en riesgo a la televisión pública. El Ministerio de las TIC consideró que la ponencia que estudiaba el Congreso no recogía las conclusiones de más de dos años de discusiones y atentaba contra la independencia de este servicio.
La ponencia, presentada el pasado 17 de mayo, sorprendió a las entidades del sector y a los profesionales que trabajan en la producción de contenidos para la televisión pública, que iniciaron de inmediato una campaña para evitar que este proyecto se hiciera realidad.
El objetivo inicial del proyecto consistía en crear un regulador convergente para el sector de las telecomunicaciones, que reuniera en una sola entidad las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión.
Sin embargo, en la ponencia presentada por el Senador Mario Fernández se incluyeron varias disposiciones que iban más allá de este objetivo y que preocuparon a los diferentes componentes del sector.
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Entre ellas, la unificación del Fondo TIC y el FONTV, que hoy en día financian, de manera autónoma, proyectos de nuevas tecnologías de comunicaciones y la creación de contenidos para la televisión pública, respectivamente. Al juntarlos en un solo fondo se corría el riesgo de que los contenidos que hoy se financian para la producción de televisión se quedaran sin recursos.
Los dos fondos “obedecen a naturalezas jurídicas completamente diferentes. Siempre quedó clarísimo que íbamos a tener dos fondos. Cuando los unen es cuando empieza la preocupación porque no íbamos a saber cómo se iban a destinar los recursos. Con una preocupación adicional, que en la ponencia en ninguna parte estaba el tema de contenidos. Como estaba ese proyecto de ley no había cómo garantizar un contenido regional para la televisión”, explicó Ángela Mora, Directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).
Juan Sebastián Rozo, MInistro TIC encargado, también había señalado, unas horas antes, esta preocupación.
La ponencia también proponía crear un aporte único de 1,96% de los ingresos brutos de los prestadores de servicios de comunicación y de televisión, lo que, según advirtieron en una carta los gerentes de canales públicos regionales, podría reducir en más del 60% los recursos con los que se financia la TV pública.
El nuevo ente regulador, además, no preveía la representación de profesionales relacionados con el sector, ni de las regiones.
