Si Rodolfo Hernández es elegido presidente el próximo 19 de junio, una de sus primeras -y tal vez más peligrosas- decisiones será decretar el Estado de Conmoción Interior contemplado en el artículo 213 de la Constitución.
Esa iniciativa la ha expresado el propio candidato presidencial en diferentes escenarios, en los que viene reiterando que la finalidad de emitir el decreto es “tener facultades más sólidas” como primer mandatario y que a primera vista es una medida autoritaria. Esa propuesta, en un momento tan crítico como el que afronta el país, podría resquebrajar la democracia.
La definición legal del Estado de Conmoción Interior permite al ejecutivo emitir medidas de excepción por decreto, con lo que lograría saltarse el filtro del Congreso y otras instancias de control.
Y aunque una determinación de esta magnitud tiene que pasar primero por el filtro de la Corte Constitucional, mientras se revisa, y posiblemente se caiga, el eventual Gobierno de Hernández podría alcanzar a hacer varias movidas.
El candidato sabe que tendrá que pasar ese filtro, pero desde ya lanzó una especie de desafío a la Corte Constitucional.
“Queda en firme mientras que lo tumba, si es capaz de tumbarlo la Corte. Vamos a ver. Ese decreto lo que persigue es que todo lo que hagamos quede en firme y poder agilizar”, dijo a los medios.
La propuesta ha recibido todo tipo de comentarios, pero vale recordar que no sería algo nuevo. En 2002, cuatro días después de que el expresidente Álvaro Uribe aterrizó en la Casa de Nariño, decretó la conmoción interior e inició un rompimiento del equilibrio de poderes.
Las críticas a la propuesta de Hernández tienen que ver con que este tipo de decisiones, según la Constitución, se deben tomar únicamente “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”.
Cuando así sea, dice el artículo de la Constitución que habla sobre la conmoción interior, “el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros”, podrá hacer la declaratoria en todo el país o en algunos departamentos.
Cabe mencionar que la declaratoria de conmoción interior no podrá tener un término de más de 90 días y se puede prorrogar hasta por dos períodos iguales, “el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”, según se lee en la Constitución, que además aclara que el tiempo en que dure el país bajo ese estado será para que el Gobierno tenga las “facultades estrictamente necesarias” para revertir los temas que causaron la perturbación de orden público e impedir que sus efectos sean mayores.
Pero, si en el país no hay un tema de orden público que amerite la declaratoria, ¿cómo justificaría Rodolfo Hernández su decisión?
El candidato ya ha hecho público un borrador de documento con el que decretaría la conmoción interior “con el fin de conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y hacen peligrar la convivencia ciudadana originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción como un mal que socava los cimientos de la nacionalidad”.
En las consideraciones del decreto, Hernández refiere la corrupción “como uno de los más graves problemas que afectan la vida social, política y económica y se constituye en causa de la pobreza, el atraso y la degradación moral de la sociedad”.
Y a pesar de que combatir la corrupción es la principal bandera del ingeniero, esta lucha no se enmarca como causal para emitir una declaratoria que ni siquiera se emitió durante los meses más violentos del paro nacional o incluso del reciente paro armado que realizó el Clan del Golfo.
El tema es tan delicado que incluso algunos políticos que han manifestado su apoyo a Hernández para la segunda vuelta le han pedido revisar su intención.
Por ejemplo, en la reunión que se dio esta semana entre Hernández y los miembros de la Coalición Centro Esperanza que quieren apoyar su aspiración (Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo), los líderes del centro le pidieron, entre otros temas, reconsiderar la declaratoria de conmoción interior pues, según dijo uno de ellos, “se debe respetar la Constitución”.
