Para Alejandro Gaviria, ministro de Educación del Gobierno Petro y exministro de Salud, la Reforma al Sistema de Salud en Colombia es necesaria esta debe basarse en un diagnóstico claro.
“Sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas la reforma propuesta, puede hacer daño, mucho daño. Lo que iría en contra del principio de siempre para quienes se ocupan de la salud de la gente: ante todo no hacer daño», señaló Gaviria sobre el proyecto que viene avanzando en el país y que sería radicado en las próximas semanas ante el Congreso para su debate en las sesiones extraordinarias, que se inician este 6 de febrero.
Gaviria criticó duramente algunos aspectos del proyecto durante un Consejo de Ministros, en donde enumeró sus preocupaciones frente a algunos aspectos de lo que se conoce hasta ahora de la iniciativa.
«Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales», advirtió.
Para el funcionario el diagnóstico que se hizo del sistema de salud no es claro, pues, desde su perspectiva, se insinúa que los problemas del sistema se originan en la administración cuando se relacionan más con la inequidad. Por ende, destaca que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales.
Destacó que el subsistema de salud del magisterio y el de las fuerzas armadas, que no son administrados por EPS, tienen grandes dificultades financieras y, en comparación con el régimen contributivo, se registran «tres veces más quejas por 1.000 afiliados», lo que podría repetirse a mayor escala con el proyecto propuesto.
Según dijo el ministro: «La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, con los recobros directos del Fosyga por la atención a la población desplazada en 2001 (…) El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos psiquiátricos, etc.».
Alejandro Gaviria señaló que las inequidades regionales están más relacionadas con las brechas entre las zonas rurales y urbanas que con el mismo sistema de salud, una situación que se repite en otros sectores y que debería corregir la reforma.
«Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En Iugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña», afirmó.
Gaviria también afirmó que el sistema de salud actual tiene muchas fortalezas «producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo», por lo que «destruirlo sería un suicidio».
El ministro aprovechó la ocasión para reiterar las dudas que existen alrededor del proyecto: qué va a pasar con los pacientes, cómo va a ser el flujo de recursos, cómo va a ser la transición, entre muchas otras, pues, aunque la reforma propone «un pagador único, la Adres, que es hoy una tesorería y se convertiría en una gran EPS pública», no se conocen los detalles.
El ministro cuestionó que no se ha hablado sobre quién prestará otros servicios de los que actualmente se ocupan las EPS, como la atención domiciliaria, la gestión farmacéutica, la coordinación y entrega de medicamentos, el control de pacientes crónicos, las licencias de maternidad e incapacidades, entre otros.
«Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas», cuestionó Gaviria.
En cuanto al manejo de los recursos que plantea la nueva reforma, Gaviria advirtió que la Adres carece de capacidades para la ordenación de gasto, un punto que «ignora» el proyecto y que, en su concepto, es esencial.
«Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada (…) En el esquema propuesto, que no define el control de gasto y del recaudo, el impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país», subrayó.
