Superintendente de Seguridad Privada y Vigilancia, Alfonso Manzur, advierte que 22 conjuntos residenciales de Bucaramanga podrían ser sancionados debido a que contratan empresas informales o ilegales para su seguridad.
La Superintendencia de Seguridad Privada y Vigilancia, en cabeza de Alfonso Manzur Arrieta, realizó una visita de cinco días a Bucaramanga y en solo ese período encontró que, en Bucaramanga en 22 puntos de la ciudad, es decir en 22 conjuntos residenciales, contrataron la seguridad del inmueble con empresas ilegales o informales.
Advirtió el SuperVigilancia que ese es un número de informalidad o ilegalidad altísimo para una ciudad como Bucaramanga, debido a que corresponde al 40 por ciento de las empresas, en donde se indica que existirían al menos 55 empresas formales de vigilancia y seguridad privada.
Aseguró Manzur Arrieta que tendrán dos meses de plazo para que esas empresas se formalicen, como es el propósito del Gobierno Nacional de formalizar los trabajadores de esas empresas que no cuentan con condiciones mínimas de seguridad como es su salario, prestaciones sociales, derecho a vacaciones y descansos. A nivel nacional se tendrían que formalizar al menos 300 mil trabajadores.
El SuperVigilancia dijo que los conjuntos residenciales que contraten empresas de vigilancia ilegales o informales podrían, al igual que esas empresas, verse abocados a sanciones pecuniarias estipuladas en 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 34 millones 800 mil pesos.
El SuperVigilancia concedió una rueda de prensa con algunos de los medios de comunicación de Bucaramanga y el siguiente es el diálogo que se sostuvo y las revelaciones que dejó el funcionario del nivel nacional.
Red de apoyo
¿Cuál es el motivo de la visita a la ciudad de Bucaramanga y que se espera con ese nuevo convenio que se firma con el Ministerio de Trabajo?
Superintendente de Seguridad Privada y Vigilancia Alfonso Manzur Arrieta: La importancia de esta visita es verificar bien las empresas de vigilancia y seguridad privada. Esta visita se cumple luego de una invitación del Concejo de Bucaramanga, inicialmente por el concejal Jaime Andrés Beltrán, quien nos invitó y hemos evidenciado que la seguridad privada no está aportando a la seguridad ciudadana. Este es un complemento para la policía y para evitar que se presenten hechos de criminalidad. Actualmente evidenciamos que las empresas de vigilancia y seguridad privada, en gran mayoría no están legalizadas. Nos preocupa muchísimo estas contrataciones porque son las que deprimen al trabajador.
¿En Bucaramanga cuántas empresas no están legalizadas?
En esta visita solamente de 5 días evidenciamos 22 empresas de vigilancia y seguridad privada que no cumplen con los requisitos para prestar este servicio y se les van a iniciar trámites e investigaciones a estas empresas y a los conjuntos residenciales que han contratado estas empresas.
Superintendente 22 empresas que no cumplen los requisitos ¿de cuántas?
22 acá en Bucaramanga que no cumplen, operan legales aproximadamente 55 y hemos evidenciado 22 que están prestando servicios de vigilancia de seguridad privada ilegalmente.
Cuando usted dice que no se aporta a la seguridad, ¿cuál es la regla? ¿cuál es el aporte que tiene que hacer la empresa de vigilancia a la seguridad?
Primero existe una red de apoyo, que esto está articulado con la Policía Nacional y deben responder a los requerimientos de la ciudadanía.
¿Qué impedimentos tiene la vigilancia privada para prestarle apoyos a la policía?
Más que a la policía, a la comunidad, primero, porque no cuentan con responsabilidad para responderle ante situaciones o hechos de robos en los conjuntos residenciales. Adicionalmente, son las que no le pagan completo a los trabajadores.
Hay una situación en Bucaramanga, en donde algunos vigilantes de conjuntos residenciales cobran a los taxistas por recoger el servicio en esos conjuntos, ¿esto es legal o permitido?
Esto de pronto hace parte de algún convenio que pueda existir con alguna empresa, pero digamos que la función de la vigilancia y seguridad privada es otra, es proteger todos los bienes de las personas que los contratan.
Superintendente de Seguridad Privada y Vigilancia ¿cuál es el nivel de informalidad a nivel país en el sector?
Para nosotros esta visita nos ha dado un resultado importante. No podemos estimar un número de empresas, pero digamos que con este resultado, esta primera visita a nivel Bucaramanga que nos deja 22 empresas informales, podemos estar hablando de que el sector puede estar entre el 40% de informalidad y esto tiene una línea concurrente con la ilegalidad, porque estas empresas usan armas.
Cabe destacar, por ejemplo, que en Bucaramanga encontramos en el conjunto residencial Alcalá, en donde tienen un servicio de administración, conserjería, pero encontramos un arma traumática, entonces esto es un hecho grave, porque no pueden, no tienen licencia para portes de armas, ni para prestar estos servicios y cuentan con armas, esto para nosotros es muy grave porque puede tener una vinculación con el paramilitarismo en la ciudad.
¿Qué va a pasar con las empresas que han detectado que son ilegales, además informales?
Inicialmente hicimos un convenio con el Ministerio de Trabajo y les vamos a dar una ampliación de dos meses para que puedan formalizarse como es debido, de acuerdo a la ley. Si no se formaliza en este tiempo, se van a cerrar esas empresas y nosotros vamos a iniciar desde ya un proceso de investigación para los conjuntos residenciales y que les puede generar una sanción. Esta sanción tiene también una vinculación para los copropietarios del inmueble.
Superintendente ¿cuántos conjuntos residenciales hacen uso de este servicio ilegal?
Nosotros alcanzamos a observar estas 22 empresas que prestan a 22 puntos diferentes. O sea, que son 22 conjuntos residenciales a los cuales también se les inicia una investigación.
Dice usted que los vigilantes privados no pueden utilizar armas, ¿ni de fuego ni traumáticas?
Ni de fuego ni traumáticas. Es más, las consejerías son temas muy diferentes que no tienen nada que ver con la seguridad. Son temas administrativos para los conjuntos residenciales, los que prestan un servicio de seguridad privada son las empresas que están legalmente constituidas. Ellos están autorizados para prestar servicios con armas o sin armas, pero las conserjerías no.
¿Cuántos vigilantes hay en la calle y se dice que algunos extranjeros están trabajando en el servicio de vigilancia privada?
Esta es una situación que tenemos que hablarla con el secretario de Seguridad, primero porque este tipo de servicio que puede ser utilizado incluso para presionar a la ciudadanía para cobrarles extorsiones, esto no está permitido, nuestra ley es clara, los servicios de vigilancia y seguridad privada están reglamentados desde el año 93 y no se puede prestar este tipo de servicio sin cumplir los reglamentos.
¿Hablando de cifras de empleo cuántos empleos piensan formalizar o anuncian que se van a formalizar?
Con esta dinámica que iniciamos, si estamos hablando de un 40% de informalidad del sector, es posible que llevemos a formalizar más de 300 mil empleos, así como vamos, pero igual, pues esperemos que en las otras ciudades también no exista tanta informalidad como encontramos en Bucaramanga. Esto también es una expectativa que tenemos, pero pues esperemos que no da el resultado por lo menos unos 6 meses que entreguemos un informe al gobierno nacional.
Si esas empresas que encontraron que trabajan de manera informal, porque no tienen los documentos en regla o si son ilegales, ¿por qué les van a dar espacio para que se legalicen, si son ilegales?
Son ilegales por el uso de armas. Pero las que encontramos que no usan armas, se les va a dar un espacio de 2 meses para que se formalicen y también se les permita el uso de armas, porque eso está reglamentado. Lo ideal en este caso, cuando se habla del uso de armas, para estas empresas nos toca realizar el proceso conjunto con la Fiscalía General de la Nación.
¿Este proceso cuánto puede durar, ya para los primeros que se formalizan?
La Superintendencia de Seguridad Privada y Vigilancia volverá a Bucaramanga la próxima semana y establecerá un punto para que las empresas se formalicen rápido y nosotros podamos tenerlo todo lo de ley.
¿Por qué se escogió a Bucaramanga en esta visita?
Primero, porque el año pasado, a finales de año 2022, el Concejo nos invitó acá, por parte del concejal Jaime Andrés Beltrán y lo que hicimos fue mirar bien la situación de Bucaramanga. Hicimos una investigación del tema de informalidad y encontramos que aquí existe muchísima informalidad y lo quisimos hacer así.
Superintendente habló usted de sanciones también para los conjuntos residenciales que contratan esos servicios informales o ilegales. ¿A cuánto pueden ascender esas sanciones o a qué sanciones se enfrentarían esos conjuntos?
Estas son sanciones, primero pecuniarias que pueden sobrepasar los 30 salarios mínimos (34’800.000 pesos)
¿Qué tanto le puede aportar la vigilancia y seguridad privada a la situación de seguridad en Bucaramanga?
Creemos que la vigilancia de seguridad privada es un aporte importante para la seguridad. Nos preocupan muchas situaciones que se reportan, que nos reportan nuestras empresas de vigilancia y seguridad privada, especialmente de robos con armas de fuego, quiere decir que existe una falta de control en este sentido.
Nosotros nos vamos a esforzar para fortalecer la red de apoyo, entre las empresas de vigilancia y seguridad privada y la policía. Las empresas de vigilancia y seguridad privada en esta ciudad cuentan con mayor tecnología, tienen mayores cámaras que la misma policía, tienen mayor número de hombres y lo importante es poder articular estas empresas de seguridad privada que le brinden información a la policía con el fin de anticiparse a estos hechos de criminalidad.
