El Tribunal Administrativo del Chocó profirió una sentencia que condena al Estado colombiano por los dolorosos hechos ocurridos en el municipio de Bojayá hace 17 años y el posterior desplazamiento de los habitantes del lugar.
Durante un enfrentamiento entre grupos paramilitares y las desaparecidas Farc, esta guerrilla lanzó un cilindro bomba que estalló contra la iglesia donde se refugiaban los pobladores del municipio.
El Tribunal encontró que, aunque la responsabilidad la tienen las extintas Farc, el Estado tiene participación en tanto no dio garantías y omitió su deber de proteger a los ciudadanos de Bojayá de los hechos ocurridos.
Norma Moreno Mosquera fue la magistrada encargada de realizar la ponencia que desembocaría en el fallo. Este resolvió una demanda presentada en 2002 que fue interpuesta por los habitantes de Bojayá, Yenmin Cuesta, Rodolfo Lemus, Zair González y Nuris Palacios.
Estos pidieron condenar al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional por los daños morales y materiales sufridos por las familias involucradas en los enfrentamientos y desplazamiento.
