Al tablero: La reforma educativa del gobierno Petro

Por: Libardo Riaño Castro/ Cuando inicio el cuatrienio de Gustavo Petro como presidente, se sabia que iba a ser un gobierno controversial, y que su inclinación hacia la izquierda iba necesariamente a entrar en choque con la gran tendencia derechista que ha gobernado al país, en sus más de dos siglos de historia republicana; pero frente a esta incertidumbre, los colombianos albergábamos la esperanza que no seria un mal gobierno, sino que Petro les haría el honor a sus promesas de campaña, y que llevaría muy en alto su estandarte de “gobierno progresista”.

Lastimosamente  con el correr de los meses, el balance hasta ahora, no es nada alentador, pues las malas actuaciones de sus ministros y funcionarios, los constantes escándalos, así como las malas decisiones que ha tomado el ejecutivo, no han vislumbrado un gobierno que alimente la tranquilidad de los colombianos; además, las reformas propuestas hasta ahora han encontrado trabas en el congreso, pues allí le respira fuertemente la oposición, lo que no ha permitido que avancemos en la solución de los grandes problemas sociales que padecemos los colombianos.

Es así como el panorama que hasta ahora nos ofrecen estos diez y seis meses del gobierno de Gustavo Petro Urrego no es nada alentador, y por el contrario, sentimos que estamos frente a un Estado incapaz de gerenciar y de liderar a la nación.

Bajo esta perspectiva, en la legislación del 2024, se avecina el gran debate por la reforma a la educación, ya que el pasado 20 de julio del 2023, la ministra de la cartera, Aurora Vergara Figueroa, radico dos proyectos de ley que buscan reformar la ley 30 de 1992, sobre la educación superior en Colombia, y la ley general de educación, ley 115 de 1994.

Ambos proyectos tienen como objetivo regular el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, bajo la primicia de reafirmar la educación como un derecho fundamental de todas y todos los colombianos, lo que se traduce en ampliar de manera gradual el acceso a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior; de igual forma, ambas propuestas serán un vehículo para poner de acuerdo con toda la sociedad colombiana sobre el presente y futuro de la educación.

La Ley Estatutaria de educación: realidad o ficción

En un análisis preliminar, este ha sido el anhelo de miles de colombianos, que entendemos que la ley general de educación; ley 115  1994, aunque en su Genesis, marco el camino hacia la emancipación de la educación tradicional y ofreció para el contexto de los años 90s, un buen marco para transformar la educación convirtiéndola  en más laica y con una perspectiva más modernizadora, lo cierto es que en el contexto actual del siglo XXI, esta ley requiere urgentemente una transformación, para ajustarla a este nuevo escenario del mundo globalizado, enfatizando mas en el aprendizaje de habilidades,  competencias, y conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de comunicación, dejando atrás el enfoque basado en los contenidos.

Pero más allá del plano instrumental de la reforma, lo que también este proceso debe plantear es ¿hacia qué tipo de formación debe orientarse la educación en Colombia? La propuesta presentada por la ministra Vergara, indica que “lo que se busca es actualizar el sistema educativo colombiano a los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible”. Indico recientemente en una entrevista para varios medios de comunicación. En este sentido, según el ministerio de educación, esta nueva ley estatutaria de educación busca saldar la deuda con la constitución de 1991.

Pero esta reforma, no debe centrarse únicamente en el ámbito de la humanización del conflicto, y el desarrollo sostenible; es evidente, que debe incluir el conocimiento sobre el desarrollo tecnológico, apostarle al emprendimiento, a la educación financiera y al conocimiento de la memoria histórica colombiana, para formar ciudadanos en pro de la paz y de la reconciliación.

La ministra afirma que la reforma plantea que la educación preescolar debe iniciarse desde los tres años y cumplir con el ciclo básico de la educación de la primera infancia, y de esta forma equilibrar la educación publica con la educación privada, pues hasta ahora en el sector oficial, se inicia desde los cinco años; la intensión, desde luego es buena, mas si se entiende en términos pedagógicos, que es en los primeros seis años, en donde se desarrollan las capacidades cognitivas y perceptivas, además de que es fundamental la educación preescolar, para el aprendizaje de las competencias socio-emocionales y de convivencia, adaptación a la sociedad y el entorno, así como de las nociones fundamentales en lecto-escritura y matemáticas.

Otro punto de inflexión que plantea esta nueva ley estatutaria es el tema de la articulación de los jóvenes bachilleres con la educación superior, o terciaria como también es conocida. Para ello se plantea que los estudiantes se gradúen en el grado undécimo, pero se articulen dos años mas (12 y 13), de hecho esto ya existe en los colegios normalistas, y en algunas instituciones que ofrecen bachillerato internacional, “Lo que queremos es que una de las estrategias para fortalecer la articulación entre la educación media con la universitaria sea que los colegios o escuelas implementen un grado para que los estudiantes empiecen a tomar materias universitarias, de acuerdo con los convenios que hagan con las instituciones de educación superior”. Afirmo la ministra.

Puntualmente la reforma deja al libre albedrio, la decisión a las instituciones de educación si implementan el grado 12 y el 13, para establecer una articulación con las universidades; esta idea también es interesante, pues los que trabajamos en el sector educativo, notamos por regla general, que los estudiantes egresados “bachilleres”, del grado undécimo, no tienen claro su proyecto de vida, muchas veces por falencias en las instituciones de educación que no articulan en sus proyectos educativos institucionales (PEI), una ruta formativa y de capacitación para que los estudiantes adquieran las competencias y la perspectiva frente a su futuro profesional; esta idea es fundamental, para evitar la deserción universitaria y que los estudiantes se adentren a la educación terciaria con bases definidas.

Lo que hay que avanzar es sobre cómo serán  estas articulaciones, que tipo de materias tomarían los jóvenes bachilleres, y por sobre todo como se realizara tanto en lo metodológico, como en lo económico, frente a estas articulaciones, surgen nuevos cuestionamientos: ¿El Estado será el regente, y garante y sostendrá económicamente estas articulaciones con los centros de educación superior públicos? ¿Cómo se regirán las articulaciones con universidades privadas?

Un apéndice no menos importante que también contempla la reforma estatutaria es el tema de la gestión de la calidad educativa, aquí sobresale que la reforma plantea evaluar las competencias desde los grados primero a noveno. Esto no es algo nuevo, pues desde hace tiempo se realizan pruebas externas como la prueba  saber, y prueba avanzar, que en años atrás se realizaban  de manera obligatoria en los centros educativos;  luego gobierno a gobierno se fueron postergando.

En algunos casos son  las instituciones educativas sobre todo las privadas, las que contratan a entidades que se encargan de realizar estas mediciones académicas, pero en realidad, si se pretende avanzar en la formación de niños y jóvenes competentes ante la realidad globalizante,  es el gobierno quien debe volver a retomar esta ruta evaluativa, estandarizarla, capacitar a los directivos,  docentes, padres de familia y sobre todo a los estudiantes, sobre la importancia de evaluar los aprendizajes, para medir la calidad de la educación y por sobre todo, medir la pertinencia de lo enseñado.

En la reforma, se contempla la aplicación de las Pruebas SER, para evaluar los aprendizajes y capacidades en las dimensiones del ser en ciudadanía, desarrollo socioemocional, educación artística y bienestar de las y los estudiantes de establecimientos educativos públicos y privados.

El tema del examen Saber 11, no se queda atrás en la reforma planteada, sino que por el contrario en la propuesta se especifica, que la prueba saber 11, será obligatoria para poder graduarse como bachiller a partir del primero de enero del 2025, y que contempla además de evaluar las cinco áreas básicas del núcleo común (Matemáticas, Lectura Critica, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés); evaluar las competencias socioemocionales, las competencias ciudadanas para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático.

Todas estas son buenas intensiones por parte de la ministra y del gobierno de Gustavo Petro, pero para que lleguen a ser viables, primero debe pasar por el camino de la aprobación legislativa, en donde en el antecedente mas inmediato, la reforma a la salud, no ha gozado de un buen tramite  sino que ha sido objeto de múltiples reparos; sin duda esta reforma  no será ajena a esta dinámica, y más;  si vemos que para implementar este tipo de reformas hay que pensar en el desarrollo de nuevas infraestructuras para la educación de la primera infancia en el sector oficial y en colegios de municipios de zonas rurales que carecen, tanto de escuelas como de docentes.

La reforma a la ley 30 de 1992: ¿una universalización a cuentagotas?

La otra parte del proyecto de reforma educativa que plantea la administración de Gustavo Petro, se referente a la transformación de la ley 30 de educación superior, la cual plantea hacer un viraje de la educación superior de un derecho público, hacia una educación superior como un derecho fundamental para todos los colombianos. Si bien esta parte de la reforma plantea una nueva hoja de ruta sobre el financiamiento de la educación superior publica, así como del bienestar universitario, la interculturalidad, la autonomía y el rol que tiene la calidad, la inspección y la vigilancia de la educación superior.

En un primer vistazo, este proyecto de reforma a la ley 30, plantea un escenario tendiente a cerrar las brechas en cuanto al acceso, permanencia y graduación de los estudiantes, la generación de una autonomía universitaria, brindar las garantías de financiación, así como darles un vuelco a los estudios técnicos, tecnológicos, la anexión de las nuevas tecnológicas y el protagonismo que debe tener la educación superior en pro de la construcción de la paz y la conservación del medio ambiente frente al desafío del cambio climático y la transición energética.

En el papel, esta reforma apunta a una revolución educativa sin precedentes en nuestra historia, porque postula la educación terciaria como un derecho fundamental, el cual debe ser atendido por el Estado. Pero cabe aquí la pregunta fundamental, ¿de dónde saldrá el presupuesto para lograr que los jóvenes colombianos logren acceder a la educación superior en forma gratuita? Este es el gran interrogante, pues sabemos que en el plan de desarrollo, la educación en Colombia históricamente no ha sido la prioridad en muchos de los gobiernos, y aunque en este, como lo afirma el mismo presidente es una prioridad, ¿Cómo lograr que los nuevos gobiernos, también continúen por esta misma linea?

Además, queda en el limbo, los temas de la accesibilidad y la cobertura, ya que las universidades del Estado no logran hacer presencia en el 100% del territorio, (salvo en el caso de las universidades virtuales), pero, también para lograr este cometido, debe invertirse en el mejoramiento del acceso al internet y la consecución de los equipos para que millones de colombianos que no tienen los recursos puedan alcanzar a la educación superior, desde la perspectiva de la virtualidad.

Por eso creemos que la reforma a la educación superior es una reforma a cuentagotas, y que aún hay obstáculos que el gobierno Petro debe sortear para lograr cumplir sus propósitos; quizá lo mas relevante de la reforma, es que se convierta en la punta de lanza, que señale el sendero hacia una cobertura del 100% y una asequibilidad viable para mas del 60% del territorio, sobre todo en las regiones perimetrales del país.

Epilogo: hacia una reforma educativa sin banderas y desideologizada

Nuestro país requiere urgentemente de un liderazgo sin sesgos políticos, ni tendencias ideológicas, pues la polarización que sufrimos los 50 millones de colombianos se profundiza cada día más y más, atizada por el gobierno de Gustavo Petro, la oposición irreflexiva, que desde el comienzo del actual mandato,  más bien busca deslegitimar al gobierno, para hacer campaña presidencial, buscando retomar el poder en el 2026; y otra brasa que se le suma al escenario anteriormente descrito es la constante desinformación que nos presentan los medios de comunicación cada día más politizados, convirtiendo la polarización,  en un obstáculo que frena el avance del país.

La reforma a la educación, debe ser una prioridad en la agenda de cualquier gobierno sea de Derecha o de Izquierda, pues se trata de la inversión en el capital humano de toda nación, y este debe ser un escaño preponderante, que debe atenderse por parte tanto del Estado, como de toda la sociedad civil, pues la educación orienta el destino de las naciones, por lo tanto, no debe ser un vestido de segunda mano.

Esperamos que el gobierno cumpla en sus políticas sociales y que cumpla en el derrotero de la reforma orgánica de la educación con todos sus eslabones, y que no termine como lo hizo con la organización de los juegos panamericanos, donde primero anuncio con bombos y platillos su realización, para finalmente terminar declinando y politizando su realización.

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*Docente, comunicador social, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).