El presidente electo Abelardo de la Espriella todavía no se ha posesionado y ya gobierna mediante símbolos, confrontaciones y decisiones que sacuden las redes sociales. Su proyectada posesión fuera de Bogotá plantea una pregunta inevitable: ¿estamos ante autoridad legítima o ante un peligroso capricho personal?
Por: Alexander Angulo Ordóñez | Primero es necesario precisar el debate jurídico. La Constitución no obliga al presidente a posesionarse dentro del Capitolio Nacional ni en el Palacio de Nariño. El artículo 192 establece que debe hacerlo ante el Congreso de la República y prestar allí el juramento correspondiente.
En consecuencia, el Congreso puede trasladar su sesión a otra ciudad, siempre que las dos cámaras autoricen el cambio y se reúnan para recibir el juramento. Celebrar la ceremonia fuera de Bogotá no significa, por sí solo, desconocer o quebrantar la Constitución colombiana.
El problema está en el lugar escogido, la seguridad, los costos y, especialmente, el mensaje político de efectuar una ceremonia republicana dentro de una instalación militar. En democracia, las formas también comunican quién ejerce el poder y bajo qué límites.
De la Espriella pretendía posesionarse en el Cauca, posiblemente en un cuartel militar o policial. El Senado autorizó trasladar su sesión a ese departamento, aunque la decisión requería también el aval de la Cámara de Representantes para que el Congreso pudiera reunirse plenamente fuera de Bogotá.
Después, el presidente electo cambió la solicitud y pidió realizar la posesión en Cali. Argumentó dificultades logísticas ocasionadas por la actividad del volcán Puracé y anunció que celebraría allí su primer Consejo de Seguridad. Cambió la ciudad, pero el debate institucional y simbólico permanece intacto.
La propuesta inicial ya había dejado una inquietud profunda: ¿por qué convertir la posesión presidencial en una demostración de cercanía con los cuarteles? ¿Se busca reconocer a quienes integran la fuerza pública o proyectar una imagen personal de mando, desafío y control absoluto?
Las Fuerzas Militares merecen reconocimiento, respaldo institucional y condiciones dignas. Sus integrantes enfrentan diariamente a organizaciones armadas y estructuras criminales. Sin embargo, precisamente por su importancia constitucional, no deben convertirse en la escenografía de una disputa entre el presidente electo, el Gobierno saliente, el Congreso y la oposición.
En una democracia, el poder militar está subordinado a la autoridad civil. La posesión ante el Congreso representa ese principio: el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas recibe el poder frente a la institución que encarna la representación popular y la pluralidad política del país.
Llevar la ceremonia a una guarnición podría ser jurídicamente viable si el Congreso sesiona allí, pero políticamente transmitiría un mensaje ambiguo. El escenario podría sugerir que la autoridad del nuevo mandatario emana de los uniformes y no del voto ciudadano, la Constitución y las instituciones civiles.
El Cauca, además, atraviesa una compleja situación de seguridad. Allí actúan organizaciones armadas, ocurren ataques contra la fuerza pública y numerosas comunidades viven bajo amenazas permanentes. Trasladar congresistas, invitados, diplomáticos y funcionarios habría exigido un despliegue extraordinario y costoso para proteger la ceremonia.
Una posesión diseñada para proyectar autoridad podría terminar exponiendo innecesariamente a militares, policías y civiles. La valentía de un gobernante no se mide por la cantidad de uniformados que deben protegerlo ni por su disposición a desafiar el peligro, sino por su capacidad de evitar riesgos innecesarios.
Desde la campaña, De la Espriella ha construido una imagen de hombre fuerte. Utiliza el saludo militar, emplea un lenguaje de combate y se presenta como el “tigre” dispuesto a restaurar el orden. Es una identidad diseñada para movilizar emociones, fidelizar seguidores y confrontar adversarios.
No es un fenómeno exclusivamente colombiano. Javier Milei adoptó al león como representación de fuerza; Gustavo Petro recurrió a la figura del jaguar, y otros dirigentes contemporáneos han convertido animales poderosos en extensiones de su identidad política. La política parece transformarse en una competencia de rugidos.
Pero una república no necesita tigres, leones ni jaguares enfrentados. Necesita instituciones fuertes, controles democráticos y gobernantes capaces de distinguir entre autoridad y espectáculo. La fuerza presidencial no proviene de la escenografía, sino de la legitimidad electoral, el respeto constitucional y la capacidad de gobernar para todos.
El pasado profesional de De la Espriella también influye en esta discusión. Como abogado penalista asumió la defensa de personajes vinculados a procesos altamente polémicos. Defender judicialmente a cualquier acusado es un derecho constitucional y no convierte automáticamente al abogado en cómplice de su cliente.
Sin embargo, su trayectoria mediática contribuyó a consolidar una personalidad pública inclinada a buscar escenarios de confrontación, dramatismo y alto impacto. Esa estrategia puede resultar eficaz durante una campaña electoral, pero gobernar una nación exige prudencia, serenidad y responsabilidad frente a las consecuencias de cada decisión.
Gobernar no es litigar ante las cámaras ni convertir cada controversia en una batalla entre amigos y enemigos. Tampoco consiste en demostrar constantemente quién manda. La autoridad democrática sabe escuchar, corregir y reconocer límites. El capricho confunde el mandato electoral con permiso para imponer la voluntad individual.
De la Espriella gobernará un país de más de 50 millones de habitantes, incluidos millones de ciudadanos que no votaron por él. Su responsabilidad no será alimentar únicamente a su audiencia política, sino proteger a la sociedad entera, garantizar la oposición y respetar la independencia de las instituciones.
La decisión definitiva sobre la posesión ofrecerá una primera respuesta. Si acepta que el Congreso determine las condiciones, privilegia la seguridad y respeta el carácter civil de la ceremonia, demostrará sentido institucional. Cambiar de posición por razones responsables no es debilidad: puede ser una señal de madurez.
Si, por el contrario, insiste en transformar el acto en una exhibición personal de fuerza, Colombia tendrá motivos para preguntarse si detrás del tigre existe autoridad republicana o solamente una peligrosa necesidad de demostrar poder, incluso poniendo a otras personas y a las instituciones bajo presión.
La fortaleza verdadera no consiste en acariciar el peligro para exhibirlo ante los seguidores. Consiste en dominar el ego, respetar la Constitución y comprender que, en democracia, hasta el presidente más poderoso debe someterse a las instituciones. Esa será la diferencia entre gobernar con autoridad o hacerlo por capricho.
*Político, agrónomo, asesor de proyectos y sociólogo en formación.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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Fuentes principales
Constitución Política de Colombia, artículo 192.
Senado de la República: traslado de la sesión presidencial al Cauca.
El País: cambio de la posesión de Popayán a Cali, 27 de julio de 2026.
