La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), Andrés Augusto Castro Forero y su secretario general, Yair de Jesús Soto Builes, por posibles irregularidades derivadas en procesos de contratación adelantados en 2016 y 2018.
La decisión también cobija a Jesús Ricardo Sabogal Urrego y Alcelis Coneo Barboza, en sus condiciones de directores generales y directora encargada, respectivamente; Miguel Andrés Franco Lemus y Edilma Rojas Rojas, exsecretarios generales; Fabián Leonardo Herrera Rico, profesional de redes; Luis Alberto Clavijo, entonces jefe de la oficina de Tecnologías de la Información, y Elizabeth Novoa Cucarian, líder del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, para la época de los hechos.
El ente de control investiga posibles fallas en la planeación de varios procesos de contratación que culminaron con dos órdenes de compra de 2016 y siete contratos de prestación de servicios de 2018, pues al parecer la justificación para constituir reservas presupuestales en la vigencia 2018 no corresponde a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como se señaló en su momento.
El Ministerio Público busca establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que aparentemente habrían generado una sobreestimación de las reservas presupuestales en más de 1.355 millones de pesos.
Los funcionarios investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre, por escrito si así lo desean.
