Hoy en día, cuestionar una denuncia de acoso sexual parece casi un sacrilegio. Se ha instalado la peligrosa idea de que basta con señalar para condenar, de que la palabra de quien acusa es suficiente para destruir la reputación de otro. Y no: eso no es justicia.
Por: Christian Diaz Basto/ El acoso sexual es real, existe y debe combatirse con toda contundencia. Nadie en su sano juicio podría justificarlo. Pero precisamente por su gravedad, no puede tratarse con ligereza. Convertir la denuncia en prueba absoluta no protege a las víctimas: debilita el sistema de justicia.
En cualquier Estado de Derecho, hay principios que no son negociables. La presunción de inocencia y el debido proceso no son obstáculos, son garantías. Son la línea que separa la justicia del linchamiento.
Porque hay una verdad incómoda que pocos quieren decir: no toda acusación es cierta. Y cuando se elimina la exigencia de prueba, el sistema queda abierto a abusos, errores y decisiones arbitrarias. En el entorno empresarial, esto ya está pasando: investigaciones internas apresuradas, despidos sin sustento sólido y daños irreparables a la honra de trabajadores.
¿Significa esto que no se debe creer en las víctimas? No. Significa que se debe investigar. Que se debe probar. Que se debe corroborar. Porque creer sin verificar no es justicia, es fe ciega.
El problema se agrava en la vida cotidiana, especialmente en redes sociales, donde basta un señalamiento para que se desate un juicio público sin defensa posible. Allí no hay jueces, no hay pruebas, no hay contradicción: solo reputaciones destruidas en cuestión de horas.
El derecho no exige pruebas por capricho, sino por responsabilidad. Y aunque el acoso sexual muchas veces ocurre sin testigos, hoy existen múltiples medios para acreditarlo: mensajes, audios, comportamientos reiterados, contextos verificables. La dificultad probatoria no puede convertirse en excusa para eliminar la prueba.
La verdadera lucha contra el acoso sexual no puede basarse en la emoción, sino en la verdad. Porque si todo se reduce a creer sin probar, el sistema pierde legitimidad y termina perjudicando incluso a las verdaderas víctimas.
Defender a quien denuncia es necesario. Pero también lo es evitar que la justicia se convierta en un mecanismo de condena sin evidencia.
Porque al final, una sociedad justa no es la que cree sin cuestionar, sino la que investiga antes de juzgar.
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*Abogado penalista y administrativista. CGDB Grupo Jurídico LLC.
