Un movimiento por debajo de la mesa se advierte en los pasillos de la Cámara de Representantes. Según parlamentarios defensores del Acuerdo de Paz, el representante a la Cámara de Santander, del Partido Liberal, Édgar Gómez Román, está promoviendo un artículo que pretende quitarle recursos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para entregárselos a la cuestionada unidad de investigación y acusación de ese mismo tribunal.
Según la denuncia, la iniciativa es promovida por “el Pote” Gómez y lo que pretende es que se le entregue el presupuesto del tribunal de paz a la unidad de investigación y acusación de la JEP.
De acuerdo con una advertencia de la misma JEP, el artículo 308 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (hoy 148 en la ponencia) es altamente inconveniente, pues, al entregarle autonomía administrativa a la entidad que investiga los crímenes, violaría el Acuerdo Final de Paz y el acto legislativo 01 de 2017, ya declarado exequible por la Corte Constitucional.
“El artículo 148 otorga autonomía administrativa, patrimonial y técnica a la UIA, cuando dicha autonomía por disposición constitucional radica en la Jurisdicción Especial para la Paz como componente de justicia del SIVJRNR, y se materializa a través de la gestión que adelanta la Secretaría Ejecutiva, órgano que ejerce la representación legal y la administración y gestión de los recursos del componente de justicia de manera integral bajo la orientación de las instancias de gobierno establecidas para el efecto. La ley del Plan Nacional de Desarrollo no puede incluir reformas de orden constitucional ni disposiciones en contra de la Carta Política”, señala la JEP.
Este artículo rompería la armonía entre los distintos engranajes del sistema, abriendo la puerta a que la burocracia política se tome la unidad de investigación, hoy fuertemente cuestionada por el caso del fiscal Bermeo y de algunos nombramientos de políticos en la entidad a los que les sigue a pista la Fiscalía General de la Nación.
