La Alcaldía de Bucaramanga expidió un nuevo decreto que fija un perímetro de 60 metros y una franja horaria específica para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en zonas sensibles de la ciudad, en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Santander y tras la nulidad parcial de una norma previa.
La administración del alcalde Cristian Portilla oficializó una nueva regulación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander declarara la nulidad parcial del Decreto 0007 de 2024, expedido durante el gobierno del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. La decisión judicial, emitida en segunda instancia el 18 de septiembre de 2025, concluyó que la prohibición absoluta de consumo en parques y zonas públicas durante las 24 horas del día desconocía el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en su jurisprudencia.
En respuesta a ese fallo, la Alcaldía expidió un nuevo decreto que redefine los alcances de la restricción, ajustándolos a los parámetros fijados por el tribunal. La norma establece un perímetro de sesenta metros alrededor de parques, plazas, centros educativos, escenarios deportivos, zonas históricas y áreas declaradas de interés cultural o público, tanto en suelo urbano como rural. Dentro de ese radio, el consumo de sustancias psicoactivas —naturales o sintéticas, incluida la dosis personal— queda prohibido entre las 4:30 a. m. y las 11:30 p. m.
La administración municipal enfatizó que la medida no constituye una autorización para consumir fuera del horario señalado. “La franja horaria no podrá entenderse, en ningún caso, como una habilitación para el consumo, distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas”, precisa el decreto, recordando que estas conductas continúan sancionadas por la normatividad vigente.
El nuevo marco regulatorio busca equilibrar la protección de derechos individuales con la necesidad de preservar la convivencia y la seguridad en entornos frecuentados por niños, niñas, adolescentes y familias. La Alcaldía sostiene que la delimitación espacial y temporal responde estrictamente a los criterios fijados por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó ajustar la política local a estándares constitucionales.
Enfoque en zonas sensibles
Además de la restricción al consumo, el decreto ordena fortalecer las acciones de vigilancia y control contra el microtráfico en los sectores priorizados. La Policía Metropolitana y las autoridades administrativas deberán intensificar operativos, seguimientos e intervenciones en parques, colegios y escenarios deportivos, considerados puntos críticos por su alta afluencia de población vulnerable.
La norma también contempla mecanismos de vigilancia al consumo, orientados a prevenir afectaciones a la convivencia y a la seguridad ciudadana. Estas acciones incluyen presencia institucional, patrullajes focalizados y articulación con programas de prevención del uso de sustancias psicoactivas. La Secretaría del Interior y la Secretaría de Salud tendrán un papel central en la implementación de estrategias pedagógicas y de acompañamiento comunitario.
El decreto establece, además, que las entidades municipales deberán coordinar campañas de divulgación para garantizar que la ciudadanía conozca los alcances de la medida. La administración considera que la claridad normativa es clave para evitar interpretaciones erróneas y para asegurar que la regulación se aplique de manera proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales.
Antecedentes de una política en disputa
El Decreto 0007 de 2024, expedido por el entonces alcalde Jaime Andrés Beltrán, había impuesto una prohibición total del consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos durante las 24 horas del día. La medida fue presentada como una estrategia para fortalecer la seguridad y la convivencia, y estuvo acompañada de operativos constantes en sectores como Cabecera, Provenza y la zona norte de la ciudad.
Sin embargo, organizaciones ciudadanas y expertos en derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la norma, argumentando que desconocía precedentes de la Corte Constitucional sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el uso de la dosis personal. El Tribunal Administrativo de Santander acogió parcialmente esos argumentos y declaró la nulidad de los apartes que imponían la prohibición absoluta.
El fallo obligó a la administración actual a replantear la política pública, manteniendo herramientas de control en zonas sensibles, pero dentro de los límites fijados por la jurisprudencia. Con el nuevo decreto, el alcalde Cristian Portilla busca —según la Alcaldía— “preservar el equilibrio entre seguridad, convivencia y derechos ciudadanos”, al tiempo que refuerza la lucha contra el microtráfico, considerado uno de los principales factores de riesgo en los entornos escolares y recreativos.
La administración sostiene que la regulación actual permite una intervención más focalizada y eficaz, evitando medidas desproporcionadas que puedan ser nuevamente anuladas por la justicia. El énfasis, afirma, está en proteger a la población vulnerable y garantizar que los espacios públicos sigan siendo escenarios seguros para la vida comunitaria.
