A partir del 1 de enero de 2026 comenzará a regir en Colombia la reducción progresiva de semanas de cotización exigidas a las mujeres para acceder a la pensión de vejez. La medida, ordenada por la Corte Constitucional y operada por Colpensiones, busca corregir desigualdades históricas y ampliar el acceso real a la jubilación.
Durante décadas, las mujeres en Colombia han enfrentado mayores obstáculos para cumplir los requisitos pensionales. Las interrupciones laborales por maternidad, el peso desproporcionado del trabajo de cuidado no remunerado y la alta informalidad han dificultado que muchas alcancen las 1.300 semanas exigidas hasta 2025. La Corte Constitucional reconoció esta brecha y, mediante las sentencias C‑197 de 2023 y C‑054 de 2024, ordenó una reducción progresiva del número de semanas requeridas para pensionarse, tanto en el régimen público como en los fondos privados.
La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar igualdad material y un enfoque de género en la seguridad social. Según la Corte, exigir el mismo número de semanas a hombres y mujeres desconoce las condiciones estructurales que limitan la continuidad laboral femenina. Por ello, el país iniciará en 2026 un ajuste gradual que se extenderá hasta 2036, año en el que el requisito llegará a 1.000 semanas en Colpensiones y 2035 en los fondos privados.
Colpensiones confirmó que está lista para aplicar el cambio. Su presidente, Jaime Dussán, aseguró que “en 2026 necesitarán 1.250 semanas para pensionarse y ese requisito se irá reduciendo hasta llegar a 1.000 semanas en 2036”. El anuncio se da en un contexto de fortalecimiento financiero de la entidad, que en 2025 superó las proyecciones de ingresos por traslados desde fondos privados.
El ajuste no será inmediato ni uniforme: dependerá del año en que cada mujer cumpla la edad de pensión, que se mantiene en 57 años. Desde 2026, el requisito será de 1.250 semanas en Colpensiones y 1.135 en los fondos privados, y disminuirá 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas en la década siguiente.
Este calendario gradual permitirá que cada cohorte de mujeres enfrente un umbral menor que la anterior. Para quienes están próximas a cumplir 57 años, el año exacto en que alcancen la edad será determinante para saber cuántas semanas deberán acreditar. La medida busca dar previsibilidad al sistema y facilitar la planeación financiera tanto de las afiliadas como de la administración pública.
El impacto será especialmente significativo para mujeres con trayectorias laborales intermitentes o marcadas por la informalidad. Según Colpensiones, la reducción permitirá que miles de trabajadoras que hoy no alcanzan las 1.300 semanas puedan consolidar una pensión y no depender exclusivamente de programas asistenciales en la vejez. Además, el nuevo umbral de 1.000 semanas se acerca más a la realidad laboral de amplios sectores femeninos, especialmente en regiones con menor acceso al empleo formal.
La medida también incidirá en el cálculo de la mesada. Hasta 2025, el incremento en la tasa de reemplazo —el porcentaje del salario que se recibe como pensión— solo se aplica a las semanas que exceden las 1.300. Desde 2026, el cálculo para las mujeres comenzará a partir de 1.250 semanas, lo que significa que quienes acumulen 1.300 semanas incorporarán 50 semanas adicionales que antes no contaban para aumentar la mesada. Esto se traducirá en pensiones más altas para quienes superen el mínimo exigido.
Retos operativos y oportunidades para la planeación pensional
La implementación del nuevo esquema implica ajustes administrativos importantes. Colpensiones deberá actualizar sus procesos de reconocimiento de pensiones para aplicar correctamente el número de semanas exigidas según el año de causación del derecho. Esto incluye la revisión de historias laborales, la corrección de inconsistencias y la adaptación de sistemas internos para garantizar que cada caso se evalúe con el requisito correspondiente.
En paralelo, el sistema pensional vivirá otro cambio relevante: la oportunidad de traslado entre regímenes, vigente hasta el 16 de julio de 2026, contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esta figura permite a los afiliados cambiar del fondo privado a Colpensiones o viceversa sin acudir a procesos judiciales, siempre que cumplan los requisitos de edad y semanas cotizadas. Más de 120.000 personas ya han hecho uso de esta opción.
Para las mujeres, la doble asesoría será clave. Podrán acceder a ella quienes tengan al menos 47 años y 750 semanas cotizadas, lo que les permitirá evaluar cuál régimen les resulta más favorable antes de que la reducción de semanas entre en vigor plenamente.
Expertas en derecho laboral han destacado que la medida no solo corrige una inequidad histórica, sino que también obliga al país a repensar el valor del trabajo de cuidado. La docente Paola Suárez explicó que la exigencia igualitaria de semanas generaba una “discriminación indirecta” contra las mujeres, pues los hombres disponen de más tiempo efectivo para cotizar debido a sus trayectorias laborales más continuas.
Un paso hacia la equidad pensional
La reducción progresiva de semanas representa uno de los cambios más significativos del sistema pensional colombiano en las últimas décadas. No solo amplía el acceso a la pensión de vejez para miles de mujeres, sino que reconoce las desigualdades estructurales que han marcado su vida laboral.
Aunque el ajuste no resuelve todos los desafíos del sistema, sí constituye un avance concreto hacia la equidad. A partir de 2026, más mujeres estarán en condiciones reales de pensionarse, y quienes superen el mínimo exigido podrán recibir una mesada más alta. El reto ahora será garantizar que la implementación sea clara, eficiente y acompañada de pedagogía para que las trabajadoras tomen decisiones informadas.