La Gobernación de Santander activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender los bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio y la Troncal del Sol, con el fin de coordinar acciones interinstitucionales, garantizar corredores humanitarios y abrir rutas de diálogo con las comunidades movilizadas.
La Gobernación de Santander confirmó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental para enfrentar la contingencia generada por los bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio y la Troncal del Sol. La decisión se tomó tras la ampliación de los puntos de afectación en sectores como La Fortuna y La Lizama, donde las comunidades han intensificado sus manifestaciones en torno a solicitudes de empleabilidad y participación en proyectos viales.
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que la institucionalidad mantiene presencia activa en territorio para acompañar la protesta social y garantizar la articulación con entidades nacionales y municipales. “Se activó el Puesto de Mando Unificado para acompañar la protesta social y garantizar la articulación institucional que permita atender las peticiones de la comunidad”, señaló el funcionario, subrayando que las solicitudes han sido trasladadas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a las empresas contratistas responsables del proyecto vial.
Los bloqueos iniciaron en Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres, pero rápidamente se extendieron hacia otros puntos estratégicos de la región. La Troncal del Magdalena Medio y la Troncal del Sol, vías de alto valor para la movilidad nacional, se han visto afectadas por la presencia de comunidades y gremios que reclaman cupos de trabajo y la inclusión de volqueteros locales en las obras de infraestructura.
Desde el PMU departamental se articulan acciones con los PMU municipales, organismos de control y entidades del orden nacional, con el propósito de hacer seguimiento permanente a la situación y facilitar escenarios de concertación. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República participan en el proceso para garantizar transparencia y equilibrio en la interlocución entre las comunidades, los gremios y las empresas.
El secretario Hernández Durán enfatizó que la intención del Gobierno departamental es avanzar hacia mesas de diálogo y técnicas que permitan soluciones concretas. “Estamos pidiendo que se avance hacia mesas de diálogo y técnicas que permitan soluciones concretas. La intención es pasar del bloqueo a la concertación”, afirmó, destacando que el objetivo es armonizar los derechos de quienes protestan con los de quienes necesitan movilizarse por estas vías estratégicas.
Durante la jornada, las autoridades solicitaron a los manifestantes permitir el paso intermitente de vehículos y garantizar un corredor humanitario ampliado para ambulancias, transporte escolar, ciudadanos con citas médicas y el tránsito de alimentos perecederos. En momentos puntuales se logró evacuar el tránsito represado y mantener un monitoreo permanente con líderes de la protesta, lo que permitió aliviar parcialmente la presión sobre los transportadores y viajeros.
La Gobernación también anunció la proyección de una reunión técnica con directivos de la ANI y la participación del Ministerio de Transporte, con el fin de revisar los pliegos de peticiones y definir rutas de atención. Este encuentro busca dar respuesta a las demandas de empleabilidad y participación de los volqueteros locales, así como establecer compromisos claros que permitan levantar los bloqueos.
El contexto de los bloqueos en Santander refleja una dinámica recurrente en la región, donde las comunidades han recurrido a la movilización social para visibilizar sus necesidades frente a proyectos de infraestructura. En este caso, la exigencia de cupos laborales y la inclusión de transportadores locales en el desarrollo de obras viales se ha convertido en el eje central de las protestas. La Troncal del Magdalena Medio, además de ser una vía estratégica para el transporte de carga y pasajeros, conecta regiones productivas con los principales centros urbanos del país, lo que amplifica el impacto de las restricciones de movilidad.
Los gremios transportadores han manifestado preocupación por las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos, en particular en sectores como el comercio de alimentos perecederos y el transporte de hidrocarburos. La presión sobre la cadena logística se suma a las dificultades de los ciudadanos que requieren desplazarse por motivos de salud, educación o trabajo. En este sentido, la solicitud de corredores humanitarios se ha convertido en una prioridad para las autoridades.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de garantizar los derechos de quienes protestan, pero también de quienes se ven afectados por las restricciones de movilidad. La Procuraduría y la Contraloría, por su parte, han señalado que acompañarán el proceso de concertación para asegurar que las decisiones se tomen con transparencia y en beneficio de las comunidades.
El Gobierno departamental ha reiterado que la protesta social es legítima, pero que debe desarrollarse en un marco de respeto por los derechos colectivos. “Debemos garantizar derechos: el de quienes protestan y también el de quienes necesitan movilizarse por esta vía estratégica del país”, concluyó Hernández Durán, subrayando la importancia de encontrar soluciones que permitan superar la crisis.
La situación en Santander se mantiene en seguimiento permanente, con la expectativa de que las mesas de diálogo logren acuerdos que permitan levantar los bloqueos y restablecer la movilidad en las troncales afectadas. Mientras tanto, el PMU continúa activo, coordinando acciones interinstitucionales y garantizando la presencia de la institucionalidad en territorio para acompañar a las comunidades y facilitar la concertación.
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