Bogotá vive una tensión política inusual: la capital, con más de ocho millones de habitantes, fue catalogada en riesgo extremo de violencia y fraude para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, según la Misión de Observación Electoral (MOE), una de las principales organizaciones que monitorean la integridad del proceso democrático en Colombia.
La inclusión de Bogotá en la categoría de riesgo extremo por parte de la MOE —que agrupa a 81 municipios con esta condición en todo el país— responde a la convergencia de factores indicativos de violencia, fraude y debilitamiento institucional, una situación que tradicionalmente se asocia a zonas rurales o con fuerte presencia de grupos armados, no a grandes urbes.
El informe de riesgo electoral advierte que este fenómeno trasciende la jornada de votación y amenaza de manera estructural la integridad y legitimidad del sistema democrático colombiano, al impactar la confianza de la ciudadanía y erosionar el proceso de deliberación pública.
Uno de los eventos más determinantes señalados por los analistas de la MOE fue el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 durante un acto de campaña en Bogotá. Este hecho de violencia política, raro en la historia reciente de la capital, incrementó la percepción de riesgo, trasladando a la ciudad a la categoría más alta del mapa de riesgo electoral.
Expertos consultados en el estudio señalan que, aunque este asesinato fue un hecho aislado, su magnitud y contexto político contribuyeron de manera significativa a la actualización de los criterios de riesgo para Bogotá.
Amenazas y presiones sobre líderes y periodistas
La clasificación de riesgo extremo no se sustenta únicamente en hechos de violencia letal. La MOE y organizaciones aliadas como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Grupo de Estudios sobre la Democracia de la Universidad del Rosario (DEMOS) resaltan el deterioro del entorno para el ejercicio periodístico y la libertad de prensa en Bogotá.
Según los datos recopilados, 2024 fue el año con más agresiones a periodistas en una década, y aunque en 2025 estas agresiones disminuyeron, la capital sigue siendo uno de los principales escenarios de amenazas, estigmatización y ataques, lo que genera autocensura, exilios y una menor pluralidad informativa en un momento crucial de debate electoral.
Además, las amenazas a líderes políticos —desde congresistas hasta funcionarios nacionales— empujan los indicadores de violencia, dificultando la participación plena de diversos actores en el proceso democrático.
Otro componente crítico del riesgo electoral en Bogotá es la presencia de prácticas clientelares y redes de compra de votos, particularmente en barrios populares. Estas dinámicas, según el análisis de la MOE, pueden influir en los resultados electorales y deteriorar la confianza en la voluntad democrática de los votantes.
Paralelamente, la capital registra niveles de participación electoral persistentemente inferiores al promedio nacional, un factor que también contribuye a incrementar la percepción de riesgo: cuando un segmento significativo de la población no acude a las urnas, se amplifican las vulnerabilidades frente a maniobras de manipulación del voto.
Presencia de grupos armados y otros actores
Aunque la presencia de grupos armados ilegales como el ELN en Bogotá no se traduce en control territorial abierto, investigadores coinciden en que estas organizaciones mantienen trabajo político y social en algunos sectores, especialmente en localidades del suroriente.
La MOE aclara que estas fuerzas no cuentan con el mismo nivel de influencia que en regiones rurales, pero su actividad contribuye a un ambiente de tensión y vulnerabilidad política que no puede ser ignorado en el análisis de riesgos.
Frente a este panorama, la MOE —junto a otras organizaciones de la sociedad civil— llama a las autoridades y a la ciudadanía a reforzar la presencia institucional, proteger a la prensa y a los líderes, y adoptar medidas específicas para prevenir fraudes y violencia durante el ciclo electoral.
Esta alerta sobre Bogotá, una metrópoli que concentra el 15% del padrón electoral colombiano, plantea preguntas profundas sobre la capacidad del sistema democrático para garantizar elecciones libres, seguras y legítimas en un contexto de alta polarización, riesgos de desinformación y presiones clientelares.
