Cambio Radical, en compañía de senadores del Partido de la U, radicó en el Congreso la reforma de la Justicia que prometió Germán Vargas Lleras en su campaña presidencial.
La iniciativa tiene el propósito de facilitar el acceso, descongestionar y hacer mucho más eficiente el poder Judicial en Colombia.
Una de las propuestas es acabar con las famosas ‘tutelatones’ en el país, es decir, evitar que se presenten muchas tutelas sobre el mismo tema y ante diferentes jueces.
El senador Germán Varón Cotrino dijo que “se plantea que solo pueda ser el perjudicado el que las pueda interponer. Las tutelatones son solicitudes a diferentes jueces, en diferentes áreas, sobre un mismo aspecto y todos se ocupan de fallarlas. Una tutelatón es un procedimiento que ocupa a 25 jueces a 10 tribunales, hasta que alguno diga que sí y eso no tiene sentido”.
La iniciativa también crea un nuevo concepto que es el precedente judicial, para que no haya fallos distintos sobre circunstancias o hechos iguales.
“Los ciudadanos que tengan una misma circunstancia de hecho, tendrán una misma consecuencia en derecho, eso genera igualdad ante la ley y rapidez porque ya el juez no tendrá que volverá a revisar el mismo proceso, sino que simplemente acoge el pronunciamiento de la corte de cierre y lo vuelve sentencia”, manifestó.
La descongestión de la rama iría de la mano con funciones excepcionales a los notarios, centros de conciliación y abogados temporales, para resolver procesos de menor envergadura.
El Partido de la U también se sumó a la reforma judicial presentada con el aval de Germán Vargas Lleras. El senador Armando Benedetti aseguró que la iniciativa garantiza que los colombianos tengan seguridad jurídica.
“Hay temas importantes como la seguridad jurídica que tanto nos hace falta, porque en este país cada juez interpreta las cosas como se le da la gana y hay que sentar jurisprudencia sobre diferentes circunstancias”, señaló.
Dijo además que las medidas para descongestionar la rama son adecuadas y permiten evacuar todos procesos represados en los despachos judiciales.
“Apoyamos la descongestión, porque se plantea que ningún proceso durará más de un año, lo cual significa que en aproximadamente dos años ya se habrían descongestionado todas las salas y los colombianos ya podría acceder a una verdadera Justicia”, indicó.
La reforma también plantea la eliminación de las funciones nominadoras de las altas cortes y no se interviene en el juzgamiento de los aforados para no violar el principio de separación de poderes.
