Por: *Diego Ruiz Thorrens/ En días pasados fui invitado a una de las reuniones más importantes que he podido tener en mucho tiempo, convocada por un sector social de mujeres lideresas de la zona centro de la ciudad de Bucaramanga.
Confieso que me sentí sorprendido y honrado porque quizá alguna de ellas consideró importante mi participación en dicha reunión. Por ello, con el mayor de los respetos por la lideresa que hizo el contacto conmigo y por todas las mujeres que amablemente habían sido convocadas, respondí positivamente y con entusiasmo mi participación.
Es necesario escuchar a las mujeres, desde las distintas voces. Todas. Cada una de ellas tiene su propia historia por contar.
Pero, ¿cuál era la motivo de dicha reunión? Las mujeres participantes manifestaron su preocupación frente a una intervención que ellas consideran “improvisada, arbitraria y sin conocimiento de causa” con el cual la Administración del Ingeniero Rodolfo Hernández estaría buscando implementar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) después de cinco años de construido, frente a sectores que fueron trazados como espacios de renovación en la zona centro de la ciudad de Bucaramanga y dónde claramente ellas, mujeres trabajadoras sexuales, se verán directamente afectadas.
Adicional a esta situación, el ser desplazadas de los puntos que históricamente conquistaron y que son reconocidos como zonas de trabajo sexual, gran parte de ellas manifestaron la actual amenaza que están enfrentando y que imposibilita la realización de su ejercicio: La violencia, los casos de intimidación y consiguiente prohibición dirigida hacia algunos dueños de moteles, tomaderos y otros negocios que permitan la presencia de dichas trabajadoras sexuales, so pena que éstos sean sellados o clausurados.
Al parecer, las autoridades locales han creado mecanismos de coerción que buscan reducir el desarrollo de toda actividad relacionada a la prostitución y a la presencia de las mujeres en las diferentes zonas de trabajo sexual.
Al parecer, para muchas de ellas no existen o no existían razones para que la administración creara éste tipo de persecución. Pero en dicha reunión también se dialogó sobre las “responsabilidades” que presuntamente, obligan a la administración local a impulsar la aplicación del POT: el registro de posibles casos de maltrato infantil en la zona centro de la ciudad, al igual que la complicidad de las trabajadoras sexuales en el expendio, circulación y micro-tráfico de estupefacientes y que muchas de ellas niegan rotundamente.
En dicha reunión alguna de ellas recordó las palabras del Alcalde frente a la migración de venezolanos, en especial hacia las mujeres, cuando él mismo Ingeniero Rodolfo Hernández expresó que era la llegada de “prostitutas, limosneros y desocupados”. Si así habla de las venezolanas, ¿qué dirá de nosotras que sí somos prostitutas? ¿Qué pensará de nosotras? Expresó una de ellas en voz alta.
Ahora temen que gracias al direccionamiento que pueda brindar la Administración Local, la violencia por parte de la Policía del Comando Metropolitano hacia algunas de ellas, se pueda recrudecer.
“Mijo, no todos los policías son malos, y una sabe que ellos cumplen órdenes. Pero imposible negar que existen unos que se creen bien machos porque parecieran que insultándonos le hicieran bien a la sociedad. Como si les dieran medallitas por eso ¿Será que así tratan a sus mamacitas?”, me expresaba una de ellas.
Tristemente estas denuncias no eran nuevas para mí. No lo son para nadie. Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional Santander, oficina de Derechos Humanos de la Secretaría del Interior Departamental, Oficina de Mujer y Género de la Alcaldía de Bucaramanga y Personería de Bucaramanga. Todas están al tanto.
Los distintos tipos de violencia que sufren cientos de mujeres trabajadoras sexuales siempre han existido, lo que ha provocado su naturalización como parte de la dinámica social: son vistas como ciudadanas de segunda categoría, y su existencia es percibida como un problema. Como merecedoras de ésta violencia.
El trabajo sexual que ejercen las mujeres no es la responsable de las diferentes violencias que encontramos en las calles de nuestra ciudad, pero la idea que hemos construido del trabajo sexual es la responsable de la violencia que sufren estas mujeres. Esto debe cambiar.
La discusión frente a la permanencia o reubicación de las trabajadoras sexuales ha sido manifiesta desde hace varios años atrás en distintas mesas de trabajo, sin ningún tipo de avance o consenso real que beneficie a las partes involucradas. Muchas veces, sin contar con la opinión de ellas.
Ahora, frente a la violencia que son sometidos los niños, niñas y adolescentes, cualquier expresión de maltrato infantil debe generar el más grande y contundente rechazo que como sociedad podamos ofrecer.
Por ello, creo en la expresión genuina de indignación que ellas sienten cuando alguien menciona que como trabajadoras sexuales son culpables de replicar precisamente el maltrato infantil. La indignación nace a raíz que algunas de ellas también son madres, o han tenido hijos que ahora tienen la responsabilidad de cuidar de sus propios hijos. Muchas de ellas han dado cuerpo y Alma para que sus hijos e hijas sean profesionales. Por ello, es comprensible el rechazo y la indignación expresada por ellas frente al maltrato infantil, a partir de ese instinto maternal que al parecer olvidamos muchas de ellas también poseen.
Han transcurrido cinco años del Plan de Ordenamiento Territorial. Cinco años dónde nuestra ciudad ha crecido a pasos agigantados. Ojalá nuestra sociedad sea capaz de crecer a la misma velocidad que nuestra ciudad lo ha conseguido.
Pero más aún, ojalá la Administración Local y la Oficina del Interior Municipal comprendan que el problema no son las trabajadoras sexuales, o la clausura de los espacios dónde ellas habitan, transitan y permanecen, sino la realidad que muchas mujeres deben enfrentar, trabajadoras sexuales y no trabajadoras sexuales, a partir de la inequidad y las pocas oportunidades que les han tocado en la vida.
Respecto al trabajo sexual, ésta debería ser la oportunidad hacia la construcción de acciones de protección hacia una labor invisibilizada, dónde la falta de regulación del trabajo sexual ha sido una deuda histórica que la sentencia T – 736 de 2015 no ha podido satisfacer, con riesgos presentes dentro y fuera de esos espacios que denominamos zonas de trabajo sexual.
Al finalizar la reunión, una a una de las presentes fueron despidiéndose sin antes reafirmar su compromiso frente a sus pares y sus comunidades. Cada una de ellas es consciente de la realidad que las envuelve, y por ello, es comprensible cuando algunas declinan temporalmente el ejercicio del trabajo sexual para hacer alguna labor completamente distinta.
Tristemente la realidad es más fuerte, más aun cuando las oportunidades van acompañadas de grandes responsabilidades que les impiden salir adelante. Por eso muchas regresan al ruedo, como escuché alguna vez.
Material informativo: Fuente 1 – fuente 2 y fuente 3
*Director Corporación CONPÁZES – Twitter: @Diego10T
