Colombia inició el 1 de enero de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitirá al país tener voz y voto en decisiones globales sobre paz, seguridad y cooperación multilateral, tras ser elegido con amplia mayoría por la Asamblea General.
Colombia volvió a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, iniciando un mandato de dos años (2026–2027) que lo sitúa en uno de los espacios de mayor influencia en materia de paz y seguridad internacionales. Este retorno se produce tras 13 años de ausencia desde su última participación en el órgano que tiene la facultad de adoptar decisiones de cumplimiento obligatorio para los 193 Estados miembros de la ONU.
La elección se produjo el 3 de junio de 2025, cuando la Asamblea General de la ONU otorgó a Colombia 180 votos a favor, un resultado que los voceros oficiales calificaron como un respaldo significativo a su trayectoria diplomática y compromiso multilateral.
El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido) y 10 no permanentes elegidos por periodos de dos años, entre los cuales ahora figura Colombia junto a Letonia, Liberia, Bahréin y la República Democrática del Congo para este periodo.
La Canciller Laura Sarabia, al referirse a la elección de Colombia en junio de 2025, calificó el resultado como “un reconocimiento al liderazgo diplomático” del país y al fortalecimiento de su política exterior. Esta afirmación fue respaldada por funcionarios de la misión colombiana ante la ONU que destacaron la relevancia de aportar experiencia en procesos de paz y en la protección de civiles en contextos de conflicto.
¿Qué representa este mandato para Colombia?
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia asume este cargo con el propósito de participar activamente en la toma de decisiones sobre conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios a nivel global. El Gobierno ha resaltado que esta oportunidad no solo representa un hito para la política exterior, sino también una plataforma para proyectar sus principios de respeto al Derecho Internacional y a los derechos humanos.
En el comunicado oficial, la Cancillería afirmó que el trabajo colombiano en el Consejo se regirá por valores tradicionales de su política exterior: respeto a la soberanía de los Estados, defensa del principio de no intervención y el compromiso con la resolución pacífica de controversias.
Este marco coincide con la línea diplomática impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que enfatiza una diplomacia activa centrada en la dignidad humana y la búsqueda de consensos para un orden internacional más justo.
La presencia en el Consejo de Seguridad coloca a Colombia en un escenario estratégico, en el que debe equilibrar la defensa de sus intereses nacionales con la construcción de alianzas y consensos internacionales. Aunque el mandato ofrece oportunidades significativas, también conlleva desafíos inherentes a la naturaleza del órgano: la necesidad de negociar con potencias con agendas divergentes y responder a crisis globales urgentes.
Colombia ha prometido que su enfoque estará centrado en el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento del multilateralismo y la resolución pacífica de las controversias, principios que han caracterizado parte de su trayectoria diplomática en foros internacionales. Sin embargo, algunos analistas señalan que el país enfrentará presiones políticas y diplomáticas internas y externas debido al contexto global marcado por tensiones geopolíticas y conflictos de larga duración.
Este mandato representa la octava oportunidad en la que Colombia asume un lugar en el Consejo de Seguridad, consolidando su papel como actor relevante en la diplomacia global y reafirmando el compromiso con un orden internacional basado en la cooperación multilateral.
La participación colombiana en el órgano de mayor autoridad dentro del sistema de Naciones Unidas permitirá, en los próximos dos años, influir en decisiones críticas sobre mantenimiento de la paz, resolución de conflictos y políticas de seguridad global. Además, abre espacios para que Colombia proyecte su visión sobre temas transversales como derechos humanos, desarrollo sostenible y fortalecimiento de mecanismos internacionales de justicia.
