Estados Unidos presiona a Colombia para que prohíba 50 productos farmacéuticos chinos vinculados al fentanilo, desatando tensiones diplomáticas. Aunque el país no produce esta droga ni enfrenta una crisis interna, Washington busca arrastrarlo a una guerra ajena que revive viejas heridas de subordinación antidrogas.
En medio de tensiones diplomáticas y una creciente presión internacional, Colombia se encuentra en el centro de una controversia que pone en tela de juicio su soberanía y su papel en la lucha global contra las drogas. Un documento revelado recientemente por el periodista Daniel Coronell ha desatado el debate: el Departamento de Estado de Estados Unidos solicita al gobierno colombiano prohibir 50 productos farmacéuticos provenientes de China, considerados precursores del fentanilo, una droga sintética que ha causado estragos en Norteamérica.
El presidente Gustavo Petro fue enfático al declarar que “jamás ha recibido formalmente el informe” que contiene dichas exigencias. Su respuesta se inscribe en una postura más amplia de rechazo a lo que considera una intromisión en la política interna del país. “Solicito respetuosamente al gobierno de los EE.UU. no entrometerse en la política interna de Colombia. El Consejo de Seguridad no tutela nuestra política de paz. Esta es soberana”.
La solicitud estadounidense se produce en un contexto de descertificación de Colombia como socio confiable en la lucha antidrogas, una medida que revive heridas históricas y recuerda el papel subordinado que ha tenido el país en la estrategia hemisférica contra el narcotráfico. Como lo señala el portal Germán Castro Caycedo, “Colombia no libra su propia guerra, sino la de otros, un conflicto cuya raíz está aferrada al suelo de las potencias que mantienen el consumo excesivo de sustancias ilegales mientras delegan la violencia y el costo humano a los países más pobres”.
Una crisis norteamericana
El fentanilo es un opioide sintético diseñado originalmente como analgésico y anestésico para tratar el dolor agudo en casos de cáncer, cirugías o traumas. Su potencia es tal que se estima entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina y unas 50 veces más que la heroína. Aunque considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud, su desvío del uso hospitalario ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos, donde se registran entre 87.000 y 120.000 muertes anuales por sobredosis relacionadas con esta sustancia.
En contraste, Colombia no produce fentanilo ni lo tiene como una preocupación central en sus políticas de salud pública. “No hay evidencia sólida que lo vincule con la cadena de producción de esta sustancia”, afirman expertos y autoridades nacionales. Sin embargo, la presión estadounidense busca que el país andino se sume a una cruzada que, según analistas, responde más a intereses geopolíticos que a realidades locales.
Aunque marginal, el fentanilo ha comenzado a aparecer en los registros de incautaciones en Colombia. Según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, en 2018 se reportaron 36 decomisos, principalmente en Bogotá, Medellín y Cartagena. En los años siguientes, la cifra nunca superó las 150 incautaciones anuales. Pero desde 2022, el panorama cambió: ese año se incautaron 1.435 ampolletas; en 2023, la cifra ascendió a 1.518; y en 2024, se disparó a 5.692.
Hasta abril de 2025, ya se habían incautado 982 unidades, todas en forma de ampollas médicas desviadas del sistema de salud. No se han detectado fábricas clandestinas ni laboratorios de síntesis ilegal, como ocurre en México, donde el fentanilo en polvo y en pastillas artesanales se produce en masa para abastecer el mercado estadounidense.
El más reciente decomiso ocurrió en septiembre en Arauca, donde militares confiscaron cajas con ampolletas médicas junto a media tonelada de explosivos atribuidos a las disidencias de las FARC. Aunque preocupante, este tipo de hallazgos no justifica, según expertos, una política de guerra antidrogas centrada en el fentanilo.
El trasfondo del conflicto
La solicitud de Estados Unidos se inscribe en una estrategia más amplia para contener el flujo de precursores químicos desde China, país señalado como principal proveedor de insumos para la producción de fentanilo. Al pedir a Colombia que prohíba productos farmacéuticos chinos, Washington busca extender su control a la región andina, utilizando la “guerra contra las drogas” como herramienta de presión diplomática.
El director del proyecto de prevención de drogas Échele Cabeza lo resume así: “La lista propuesta por Estados Unidos podría servir simplemente para meter a Colombia en una guerra que no le corresponde”.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, también advirtió sobre el momento complejo que atraviesan las relaciones bilaterales. “Podemos llegar a tener reacciones más fuertes por parte de Washington, que hasta ahora ha sido pragmático en sus respuestas”, señaló durante el Congreso de Confecámaras en Cartagena.
La historia reciente de Colombia está marcada por el Plan Colombia, una estrategia de cooperación militar y antidrogas que inyectó miles de millones de dólares en infraestructura bélica, pero también dejó una estela de violencia, desplazamiento y dependencia. La actual presión para que Colombia se sume a la guerra contra el fentanilo revive los fantasmas de ese modelo.
Como lo advierte el artículo de Germán Castro Caycedo, “la guerra se libra aquí, pero la demanda sigue intacta allá. Y esa paradoja refleja el equilibrio necesario para que las cosas sigan como están”.
Colombia se enfrenta a una decisión crucial: aceptar las exigencias de Estados Unidos y sumarse a una guerra ajena, o reafirmar su soberanía y diseñar políticas antidrogas que respondan a sus propias realidades. La postura del presidente Petro, aunque polémica, busca marcar distancia frente a una estrategia que ha demostrado ser costosa y poco efectiva.
En palabras del mandatario: “La posición errada de los EE.UU. en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las FARC, no es aceptada por nuestro gobierno”.
La pregunta que queda en el aire es si Colombia podrá resistir la presión sin pagar un precio diplomático y económico, o si terminará, una vez más, librando una guerra que no es suya.
