Opinión

Colombia urge empleo y consensos para gobernar

Colombia urge empleo y consensos para gobernar

Colombia reduce el desempleo a ocho por ciento, pero persisten brechas regionales, de género e informalidad. Aprovechar nuevos sectores dependerá de consensos entre Gobierno y Congreso que garanticen reglas estables y empleo formal.

Por: Édgar Mauricio Ferez Santander | El mercado laboral colombiano llega al cierre de 2026 con una señal ambigua: mejora en los promedios, pero sigue frágil en los detalles. El DANE informó que el desempleo de septiembre bajó levemente frente a un año atrás, hasta cerca del 8 %, después de un repunte preocupante en agosto. Detrás de ese dato hay cientos de miles de ocupados más que en 2025, impulsados sobre todo por el comercio, la industria y el transporte, mientras el sector agropecuario perdió trabajadores. Es una recuperación real, pero insuficiente para los más de dos millones de personas que aún buscan una oportunidad.

El país sigue siendo una suma de realidades distintas. Mientras Bogotá y Medellín exhiben algunas de las tasas de desempleo más bajas, ciudades como Quibdó, Cartagena y Tunja superan con holgura el promedio nacional, y en la capital chocoana el problema alcanza una magnitud muy distinta. A esa brecha territorial se suma la de género: las mujeres siguen enfrentando un desempleo notablemente mayor que el de los hombres. Cualquier estrategia seria de empleo debe partir de ahí: no basta con que la economía crezca si las oportunidades no alcanzan a las mujeres, a las regiones periféricas ni al campo.

¿Dónde estarán los nuevos trabajos? Hay varias vetas visibles. La primera es la economía de servicios: tecnología, desarrollo de software, atención al cliente en varios idiomas y trabajo remoto para empresas extranjeras, un terreno en el que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla ya compiten en la región. La segunda es la transición energética, que demanda técnicos en energía solar y eólica, eficiencia energética y redes eléctricas, lo que se conoce como empleo verde. La tercera es el turismo y la agroindustria, con enorme potencial exportador si se resuelven la infraestructura y la conectividad rural. A ellas se suman la economía del cuidado, la salud y la logística, impulsadas por el envejecimiento de la población y el comercio electrónico.

Pero crear empleo no es lo mismo que crear buen empleo. La informalidad, que todavía cobija a más de la mitad de los ocupados, sigue siendo el gran problema estructural del país: millones de colombianos trabajan sin pensión, sin protección frente al riesgo laboral y con ingresos inestables. La reforma laboral sancionada en junio de 2025 buscó mejorar las condiciones de quienes están en la formalidad, con cambios en contratación, recargos nocturnos y jornadas, aunque sus críticos advirtieron que el aumento de costos podía frenar la contratación. El debate de fondo, que el nuevo gobierno hereda, es cómo equilibrar protección y generación de puestos de trabajo sin que una cosa sacrifique a la otra.

Ahí entra la gobernabilidad. Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto con una agenda que incluye una reforma de simplificación tributaria para favorecer la inversión, la producción y el empleo, además de eliminar el impuesto al patrimonio. Pero cualquier cambio de fondo en recargos, horas extra o modalidades de contratación exigirá presentar un proyecto de ley y conseguir su aprobación en el Congreso. Es decir, las promesas de empleo dependen de la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías. La experiencia reciente invita a la cautela: el gobierno anterior arrancó con amplias coaliciones que se fueron desgastando, y reformas como la de salud, la pensional y la agraria quedaron frenadas por el Congreso o por la justicia.

La gobernabilidad, sin embargo, no es solo aritmética legislativa. Es también capacidad de ejecutar: que los recursos lleguen a las regiones, que los contratos se adjudiquen con transparencia y que las instituciones envíen señales estables a quienes invierten. Un empresario que evalúa abrir una planta en Barranquilla o Pereira mira, además de los impuestos, la seguridad jurídica, la seguridad en el territorio y la previsibilidad de las reglas laborales. Lo mismo hace el joven que decide si estudia, emprende o emigra. Los cambios bruscos de rumbo, los choques entre poderes y la incertidumbre fiscal, que analistas señalan como riesgo de cara a 2027, encarecen el crédito y enfrían la contratación.

Las oportunidades, con todo, existen. Colombia tiene una población joven, un sector privado que ha mostrado resiliencia, universidades y el SENA con capacidad de reorientar la formación hacia las habilidades que pide el mercado, y una posición geográfica privilegiada entre el Caribe, el Pacífico y los grandes mercados del continente. Las alianzas entre empresas y universidades para facilitar el primer empleo de los jóvenes, que ya se multiplican, marcan una ruta: formación corta, práctica real y vinculación formal. La relocalización de cadenas productivas hacia países cercanos a Estados Unidos abre otra ventana para la manufactura, siempre que haya energía confiable, vías en buen estado y logística competitiva.

Hay, además, una agenda de inclusión que no admite aplazamientos. Las mujeres, que cargan con la mayor tasa de desempleo, necesitan servicios de cuidado infantil y horarios flexibles que les permitan trabajar sin renunciar a sus responsabilidades familiares. Los jóvenes requieren rutas claras entre la educación y el primer contrato, para que el título no se convierta en una promesa sin empleo. Y el campo, donde se han perdido ocupados, exige crédito, asistencia técnica, vías terciarias y seguridad para que producir sea un negocio viable y no una apuesta de supervivencia. En ciudades como Quibdó, donde el desempleo es varias veces el promedio nacional, la presencia del Estado es condición previa de cualquier inversión.

Queda, entonces, un desafío de método más que de diagnóstico. El país sabe dónde duelen el desempleo, la informalidad y las brechas regionales. Lo que está por verse es si el nuevo gobierno y el Congreso logran pactar una agenda mínima: estabilidad en las reglas laborales, incentivos reales a la formalización, inversión en capacitación y obras que conecten a las regiones rezagadas. Los antecedentes sugieren que las reformas impuestas sin consensos terminan hundidas o frenadas, y que las construidas con diálogo social duran. Sin acuerdos, cada cifra mensual del DANE seguirá siendo una moneda al aire; con ellos, el 8% de septiembre puede dejar de ser un respiro y convertirse en el piso de una década de empleo de calidad.

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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)

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