El comercio informal ambulante es una realidad socioeconómica nacional impulsada por la falta de empleo formal y la alta carga tributaria que dificulta la creación de empresas. Esta actividad es ejercida mayoritariamente por poblaciones vulnerables, por lo que las autoridades deben abordar este fenómeno priorizando la formulación de políticas públicas inclusivas y concertadas, sin recurrir a medidas represivas, garantizando así una convivencia armoniosa con el espacio público.
Por: Oscar Humberto Cote Cote/ En el territorio colombiano, según la más reciente encuesta del DANE correspondiente al mes de julio, la tasa de empleo informal alcanzó el 55%. En las 23 principales ciudades del país, el promedio fue de 43,3%, cifra que también se replica en los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga. Esta realidad se evidencia en calles, barrios y parques, donde diariamente observamos a personas ejerciendo su derecho constitucional al trabajo, actividad mediante la cual obtienen el sustento propio y el de sus familias, ofreciendo una amplia variedad de productos, desde alimentos y bebidas hasta artículos de toda clase.
Todo ello se desarrolla en el espacio público, a donde cada día llegan más personas a ejercer esta labor. Sin embargo, sobre este mismo espacio, que la Constitución Nacional destina al uso, goce y disfrute de la comunidad en general, debería preservar el predominio del interés común sobre el particular.
De este conflicto de derechos surge una confrontación entre autoridades, ciudadanía y vendedores ambulantes informales, pues el deseo de una libre y segura movilidad, o del disfrute del espacio público, choca con la necesidad de miles de personas de sobrevivir junto con sus familias.
Según la sentencia T-083 de 2024 de la honorable Corte Constitucional, los comerciantes ambulantes informales deben ser considerados población vulnerable. En consecuencia, la vida digna, el derecho al trabajo y el mínimo vital del comerciante ambulante informal deben garantizarse en todo proceso o intención de reubicación, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana.
La proliferación del fenómeno socioeconómico del trabajo ambulante informal está alimentada por múltiples factores, como la escasez de ofertas laborales formales, generada en gran parte por la ausencia de políticas públicas serias de generación de empleo, tanto del orden nacional como departamental y municipal.
También es relevante la incidencia de la excesiva carga tributaria para quienes deciden asumir el reto de crear empresa, así como el cierre o la reducción de personal en grandes empresas del país. Según las estadísticas más recientes del DANE (2022), en el área metropolitana de Bucaramanga, más del 75% de las empresas legalmente constituidas corresponden a micro y pequeñas empresas.
Esto evidencia, de manera alarmante, la escasa presencia de medianas y grandes compañías como fuentes generadoras de empleo en la región. Por ello, cobra especial relevancia la intervención del Estado en la formulación de políticas públicas que promuevan el empleo formal y flexibilicen las cargas tributarias para quienes deseen formalizar sus negocios. Urge que nuestros gobernantes cambien la absurda mentalidad de considerar las iniciativas de emprendimiento como una fuente lucrativa de ingresos tributarios, y no como un instrumento de generación de empleos formales y la principal estrategia para reducir los niveles de informalidad.
El comercio informal en el área metropolitana de Bucaramanga es ejercido, en gran medida, por personas de la tercera edad, ciudadanos con graves padecimientos clínicos que difícilmente podrían ser empleados en una empresa formal, madres cabeza de familia, personas con bajos niveles de escolaridad e incluso jóvenes de escasos recursos, quienes encuentran en esta actividad la única vía para financiar sus estudios y obtener su sustento diario.
Detrás de cada vendedor informal, con seguridad, podremos encontrar una historia de vida distinta: historias que reflejan la valentía y resiliencia de hombres y mujeres que día a día luchan por sobrevivir. El comercio informal no es solo un fenómeno socioeconómico; es, lamentablemente, una realidad nacional. La sociedad en general y las administraciones públicas no deben olvidar que los comerciantes informales son hoy actores indispensables de la economía popular.
En este contexto, los alcaldes de las ciudades y municipios del área metropolitana, frente al desbordado crecimiento del fenómeno socioeconómico del comercio informal, antes que acudir a medidas arbitrarias y represivas contra quienes, por circunstancias de la vida, ejercen esta actividad, deben adoptar medidas que prevengan confrontaciones y respeten el principio de legítima confianza en favor de los vendedores informales.
Una acción prioritaria es la modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, ajustándolos a las políticas de espacio público de cada territorio. No obstante, dichas políticas aún son prácticamente inexistentes en el área metropolitana de Bucaramanga, situación que obliga a su pronta creación con el rigor técnico que este proceso exige.
De manera paralela, resulta apremiante la elaboración de una política pública específica para el vendedor informal, regulada en Colombia por la Ley 1988 de 2019, que garantice sus derechos laborales, facilite su tránsito a la formalidad y defina estrategias para lograr la coexistencia entre el ejercicio digno del comercio informal y el disfrute del espacio público por parte de la ciudadanía.
La elaboración de estas políticas públicas debe darse mediante un proceso de concertación entre vendedores informales y administraciones municipales. Se trata de una tarea compleja que requiere un trabajo serio, multidisciplinario y transversal de múltiples dependencias administrativas de cada ente territorial.
Este proceso constructivo debería incluir incluso la participación de la academia, de la misma manera que se hizo en Bogotá, ciudad pionera en Colombia en aprobar una política pública integral para los vendedores informales. Esta política debe estar orientada a dignificar la actividad informal, promover su transición a la formalidad y permitir a los entes territoriales un mejor aprovechamiento y control del espacio público.
En la formulación de las mencionadas políticas no puede haber premura ni improvisación, ni la intención de cumplir únicamente una meta de los planes de desarrollo territoriales, y mucho menos satisfacer intereses económicos particulares de contratistas. No se debe delegar en ellos la elaboración de documentos sin utilidad práctica o disfuncionales, como ha sucedido en el municipio de Piedecuesta, donde, tras una millonaria inversión, se elaboraron hace dos años los documentos de las políticas públicas dirigidas a la población LGBTI, a la población habitante de calle y a la población en condición de discapacidad. Dichos documentos se encuentran archivados, y el único beneficiado con su elaboración fue el contratista al que el municipio pagó por su elaboración, dejando marginada a la población vulnerable objetivo. Las políticas públicas de espacio público y del vendedor informal jamás pueden convertirse también en políticas públicas de papel, pues los efectos sociales sobre los territorios serían demasiado lesivos.
No se debe permitir que la displicencia o la negligencia administrativa prime sobre la necesidad de crear un instrumento estratégico que establezca lineamientos claros para la reubicación digna, la regulación y la formalización progresiva de los vendedores informales. Este instrumento debe promover la participación ciudadana, garantizar la sostenibilidad de las economías populares y mitigar el impacto negativo sobre la calidad de vida urbana y el medio ambiente.
Si bien es cierto que las últimas encuestas indican que los índices de desempleo nacional se redujeron a menos del 9%, esta cifra resulta engañosa, pues, en realidad, la disminución no se debe al crecimiento de la oferta de empleo formal, sino al aumento del empleo informal o, en términos populares, al incremento de las personas que recurrieron al “rebusque” como estrategia de subsistencia.
En resumen, la labor del comercio informal ambulante es una realidad socioeconómica vigente en el área metropolitana de Bucaramanga. Frente a ella, los únicos instrumentos idóneos que permiten la coexistencia entre los comerciantes informales y el espacio público (perteneciente a la sociedad en general), son la elaboración, por parte de las administraciones municipales, de políticas públicas sobre el espacio público y la regulación del vendedor informal. Se trata de un deber arduo, pero no imposible de alcanzar.
La coacción, la intimidación y el uso de la fuerza pública contra quienes se ganan el sustento diario mediante el uso transitorio del espacio público no son soluciones racionales a la problemática que se presenta en todos los municipios del área metropolitana. Las autoridades y la población en general no deben olvidar que el comercio informal ambulante es una actividad honrada y resiliente, y que quienes la ejercen también son seres humanos.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
