El Gobierno Nacional enfrenta una doble batalla institucional para salvar sus reformas de salud y pensiones. Con bloqueos en el Congreso y la Corte Constitucional, lanza una ofensiva política y social que incluye movilizaciones, presión digital y confrontación jurídica para sostener su proyecto transformador.
En octubre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en una encrucijada decisiva. Las reformas a la salud y al sistema pensional —dos pilares de su proyecto de transformación social— enfrentan bloqueos simultáneos en el Congreso y la Corte Constitucional. En respuesta, el Ejecutivo ha lanzado una ofensiva política, jurídica y comunicacional que pone a prueba los límites del presidencialismo colombiano y la estabilidad institucional.
La reforma a la salud, que busca desmontar el modelo de aseguramiento privado instaurado por la Ley 100 de 1993, está empantanada en la Comisión Séptima del Senado. Allí se debaten tres ponencias: una oficialista, una alternativa y una de archivo. El equilibrio es precario: cinco senadores apoyan la ponencia del Gobierno, cinco respaldan el archivo y tres se inclinan por una propuesta intermedia. El voto de la senadora Berenice Bedoya (ASI) podría definir el rumbo.
Simultáneamente, la reforma pensional —ya aprobada por el Congreso— enfrenta una ponencia de inexequibilidad en la Corte Constitucional, presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El Gobierno ha reaccionado con dureza, acusando al magistrado de tener conflictos éticos y de querer “volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional, sino media legislación”.
El presupuesto nacional para 2026 asciende a 546,9 billones de pesos, lo que refleja el tamaño del gasto público proyectado en medio de las reformas.
Según el presidente Petro, el gobierno anterior entregó 12 billones de pesos a las EPS sin que estas pagaran sus deudas, argumento que ha usado para justificar una eventual liquidación.
Las EPS acumulan deudas multimillonarias con hospitales y clínicas. El Gobierno plantea que, de no pagar, serán liquidadas para que el Estado asuma directamente los pagos.
¿Estrategia de presión?
El martes 14 de octubre, sindicatos como FECODE y la CUT convocaron movilizaciones en las principales ciudades del país. En Bogotá, la Plaza de Bolívar fue el epicentro de la presión social. El objetivo: influir en el Congreso y la Corte para que aprueben las reformas.
Petro ha intensificado su presencia en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde cuenta con más de ocho millones de seguidores. Desde allí ha deslegitimado la ponencia del magistrado Ibáñez y defendido la legalidad del trámite legislativo. En uno de sus mensajes más polémicos, escribió: “Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional”.
La confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial ha escalado. El magistrado Héctor Carvajal, abogado personal de Petro, fue recusado por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) por haber suscrito contratos con Colpensiones, lo que podría inhabilitarlo para participar en la discusión de la reforma pensional.
En el Congreso, el ambiente es igualmente tenso. La reforma a la salud ha generado divisiones incluso dentro del bloque oficialista. Mientras algunos senadores del Pacto Histórico, como Martha Peralta, proponen acercamientos con sectores críticos, otros defienden la centralización del sistema bajo la Adres, lo que ha sido cuestionado por partidos como la U, Mira y Justa Libres.
Perspectiva histórica
Las reformas sociales en Colombia han enfrentado históricamente fuertes resistencias. En 1993, la Ley 100 transformó el sistema de salud hacia un modelo mixto de aseguramiento, que hoy Petro busca revertir. En el ámbito pensional, los intentos de reforma han sido recurrentes, pero ninguno ha logrado modificar de fondo el sistema de pilares múltiples que combina ahorro individual y régimen de prima media.
Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, ha planteado estas reformas como parte de su “cambio estructural”. Sin embargo, la falta de mayorías estables en el Congreso y la desconfianza institucional han convertido su agenda en una batalla constante.
Ante el bloqueo legislativo, el Gobierno ha insinuado la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente o una consulta popular. Aunque aún no hay una propuesta formal, esta vía podría ser usada para legitimar las reformas ante la ciudadanía, aunque con riesgos de polarización y desgaste institucional.
El pulso entre el Gobierno Petro y los poderes Legislativo y Judicial no solo define el futuro de dos reformas clave, sino que pone a prueba la estabilidad democrática del país. La ofensiva oficialista, que combina presión social, discurso confrontativo y movilización digital, busca romper el cerco institucional. Pero el desenlace dependerá de la capacidad de construir consensos, evitar la judicialización de la política y mantener abiertas las vías democráticas.
En palabras del analista político Ariel Ávila: “Petro está apostando todo su capital político en estas reformas. Si fracasan, el costo será altísimo. Pero si logra aprobarlas, cambiará el modelo social colombiano para las próximas décadas”.
