El sistema de escrutinio electoral en Colombia atraviesa un intenso debate público tras los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre su confiabilidad. Mientras autoridades y expertos defienden la solidez del modelo, basado en controles manuales y tecnológicos, el proceso sigue bajo escrutinio político y ciudadano.
El sistema de escrutinio electoral en Colombia quedó en el centro del debate público en las últimas semanas. El presidente Gustavo Petro ha reiterado, en discursos y mensajes en redes sociales, que tiene dudas sobre la confiabilidad del proceso cuando está bajo la administración de la Registraduría Nacional, una entidad autónoma encargada de organizar las elecciones en el país.
El mandatario ha pedido a los testigos electorales presentar reclamaciones en todas las mesas donde exista la más mínima duda y ha solicitado acceso al código fuente del software que consolida los resultados a partir de los formularios físicos. Petro ha recordado episodios pasados que, según él, justifican sus alertas: la anulación indebida de votos del partido MIRA en 2014 y la diferencia cercana a 600.000 votos entre el preconteo y el escrutinio definitivo de la lista al Senado del Pacto Histórico en 2022. “Estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, advirtió.
Las afirmaciones han sido rechazadas por autoridades electorales, organismos de control y organizaciones de la sociedad civil, que consideran que los errores detectados en elecciones anteriores fueron situaciones puntuales que precisamente demostraron que el sistema tiene mecanismos de verificación.
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el modelo electoral colombiano no permite la alteración de los resultados. “El sistema electoral no da lugar a alteración o fraude, porque siempre queda evidencia física de los votos y de las actas de mesa”, señaló en una entrevista.
El procurador general, Gregorio Eljach, también cuestionó los señalamientos del jefe de Estado y advirtió que no se puede poner en duda “la honra” de los organismos autónomos sin pruebas. En la misma línea, la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a mantener la confianza en las instituciones. “Ha habido alteraciones de resultados electorales en el pasado, pero fueron resueltas adecuadamente por las autoridades”, afirmó.
Un sistema auditable
Especialistas en materia electoral coinciden en que el sistema colombiano no es perfecto, pero consideran improbable un fraude masivo.
“El sistema no es invulnerable, pero es absolutamente auditable y existen múltiples instancias para reclamar”, explica Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral. El experto subraya que el proceso involucra a cientos de miles de ciudadanos, lo que dificulta cualquier intento de manipulación. “Es imposible comprar a los 850.000 jurados y a los miles de transmisores, digitadores y receptores que participan en el proceso”, añade.
Una opinión similar tiene Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE). Según el analista, el sistema está diseñado precisamente para corregir inconsistencias durante el escrutinio. “No hace bien a la confianza criticarlo por hechos pasados o por temores futuros. Las críticas deben basarse en irregularidades comprobadas”, señala.
Cuando la jornada electoral termina, a las cuatro de la tarde del domingo, comienza el escrutinio en cada mesa de votación. Los encargados son seis jurados seleccionados de manera aleatoria entre listados enviados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y partidos políticos.
El primer paso es lo que se conoce como “limpiar la mesa”. Los jurados eliminan los tarjetones sobrantes para evitar que puedan ser introducidos como votos adicionales en las urnas. Luego contabilizan el número de votantes y los sufragios depositados.
Si aparecen más tarjetones que votantes registrados, deben realizar un procedimiento llamado “nivelación de mesa”: los votos sobrantes se destruyen al azar sin abrirlos.
El conteo de votos
Posteriormente, los jurados cuentan uno a uno los votos obtenidos por cada candidato o lista. En elecciones legislativas, el orden del conteo suele comenzar por consultas o votaciones simultáneas, seguido por Senado y Cámara de Representantes.
Para la MOE, este momento es uno de los más sensibles del proceso. Por esa razón, el sistema busca evitar que los jurados tengan vínculos entre sí o pertenezcan al mismo partido político. La asignación aleatoria busca garantizar pluralidad y control mutuo.
El mayor mecanismo de vigilancia lo ejercen los testigos electorales, representantes de los partidos que pueden presenciar todo el proceso. Si detectan irregularidades —por ejemplo, la clasificación de un voto como nulo— pueden presentar una reclamación que debe quedar registrada en el formulario oficial.
El documento clave del escrutinio es el formulario E-14, donde los jurados consignan los resultados de cada mesa. Este acta se diligencia en tres ejemplares idénticos.
El primero se utiliza para el preconteo, cuyos datos se transmiten electrónicamente la misma noche electoral. Aunque estos resultados no tienen validez jurídica, suelen marcar la tendencia política de la jornada.
El segundo ejemplar se digitaliza y se publica en internet para que partidos, observadores y ciudadanos puedan revisarlo.
El tercero, conocido como el de claveros, es el que se utiliza para el escrutinio oficial que realizan las comisiones escrutadoras.
La existencia de tres copias permite detectar inconsistencias entre los datos transmitidos y los resultados consignados en papel. Si se detectan diferencias, se pueden presentar reclamaciones e incluso reabrir las urnas para verificar los votos.
Custodia de las urnas
Después del conteo inicial, las urnas con los votos se almacenan durante cuatro años para permitir revisiones posteriores. En el pasado, la mala conservación del material electoral generó controversias.
Uno de los casos más recordados ocurrió en 2014, cuando el partido MIRA denunció irregularidades en sus resultados. Cuando se intentó revisar el material físico, parte de las urnas presentaban deterioro por malas condiciones de almacenamiento.
Desde entonces, la Registraduría ha reforzado los protocolos de custodia para garantizar la integridad del material electoral.
El escrutinio oficial lo realizan las comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos. Estas comisiones revisan los formularios E-14 y consolidan los resultados por municipio, departamento y finalmente a nivel nacional.
El proceso puede durar desde pocos días hasta varias semanas, dependiendo del número de reclamaciones presentadas por los partidos.
En el caso del Senado, donde el conteo es nacional y existe mayor competencia política, el escrutinio puede extenderse incluso varios meses antes de la declaratoria definitiva.
Tecnología y debate político
Aunque el proceso tiene componentes tecnológicos —como la transmisión del preconteo y la consolidación de resultados— los expertos insisten en que el sistema colombiano sigue siendo fundamentalmente manual.
El presidente Petro ha cuestionado el papel de empresas privadas en el soporte tecnológico del proceso y ha pedido acceso al código fuente del software utilizado para consolidar los datos. Las autoridades electorales han rechazado esa solicitud argumentando razones de seguridad y propiedad intelectual.
Para los especialistas, incluso si existiera una vulnerabilidad informática, el impacto sería limitado. La razón es que el escrutinio definitivo se basa en los formularios físicos firmados por los jurados.
“La combinación de automatización y verificación manual deja una traza documental que hace robusto el sistema”, explica Portela. “Alterar un software no serviría de mucho si luego las actas muestran la realidad del voto”.
Así, mientras el debate político continúa, el modelo electoral colombiano mantiene su principal defensa en el papel: millones de votos físicos y actas firmadas que permiten verificar, paso a paso, la voluntad de los ciudadanos.
