La decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga sobre el caso Vitalogic revive uno de los episodios más controvertidos de la política regional: contratos direccionados, presuntos sobornos millonarios, disputas familiares y denuncias cruzadas que terminaron marcando el gobierno del fallecido exalcalde Rodolfo Hernández. Corrillos fue clave al destapar el escándalo.
El pasado jueves 14 de mayo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga emitió la sentencia de segunda instancia dentro del escándalo Vitalogic, el entramado que durante casi una década persiguió política y judicialmente al fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y a varios de sus más cercanos colaboradores.
La decisión dejó un sabor ambiguo entre quienes siguieron el caso desde sus inicios. Por un lado, el fallo ratificó que existió manipulación contractual alrededor del proyecto que buscaba transformar las basuras del relleno sanitario El Carrasco en energía limpia. Por otro, absolvió a varios implicados y dejó por fuera de condena a figuras que durante años estuvieron en el centro de las denuncias públicas y mediáticas.
Lo nuevo, el Tribunal absolvió a Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que conocían el direccionamiento del proceso contractual.
En contraste, condenó a Jorge Hernán Alarcón Ayala, conocido como “La Calavera”, únicamente por el delito de interés indebido en la celebración de contratos; a José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB); a Rubén Enrique Amaya Vanegas; y a César Augusto Fontecha Rincón.
El expediente judicial concluyó que el proceso contractual alrededor de la consultoría 096 de 2016 fue direccionado para favorecer intereses particulares mediante ofertas falsas, manipulación de estudios previos y vulneración de principios de transparencia y selección objetiva.
Sin embargo, el fallo también dejó interrogantes que siguen pesando sobre la opinión pública santandereana: ¿cómo terminaron sin condena personajes clave del entramado? ¿Por qué no fueron judicializados quienes, según múltiples testimonios y documentos revelados durante años, participaron en la estructuración financiera y política del negocio?
Un escándalo que estremeció a Bucaramanga
El caso Vitalogic explotó públicamente en 2018, aunque sus raíces se remontan a 2016, durante la administración de Rodolfo Hernández. Corrillos, tras una investigación de casi seis meses, destapó el entramado.
En aquel momento, Bucaramanga enfrentaba (y, aún persiste) una crisis ambiental alrededor del relleno sanitario El Carrasco, históricamente cuestionado por contaminación, malos olores y problemas de disposición final de residuos sólidos.
La propuesta de la firma Vitalogic consistía en implementar una planta capaz de transformar residuos en energía mediante tecnologías de aprovechamiento térmico. El proyecto prometía revolucionar el manejo de basuras en el área metropolitana y se presentó como una alternativa moderna frente al inminente colapso del relleno.
Pero detrás del discurso ambientalista comenzó a configurarse un entramado que, según las investigaciones, buscaba direccionar contratos multimillonarios.
Uno de los elementos más explosivos del caso fue la aparición de un supuesto contrato de corretaje mediante el cual Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del entonces alcalde, obtendría una comisión cercana a 100 millones de dólares si la Alcaldía y la EMAB concretaban el negocio con Vitalogic. Ese documento terminó convirtiéndose en el corazón político del escándalo.
Durante años, Rodolfo Hernández negó haber conocido las actuaciones de su hijo. Sin embargo, las revelaciones periodísticas, los testimonios y las investigaciones disciplinarias y penales terminaron debilitando profundamente su imagen pública.
Paradójicamente, quien llegó a la Alcaldía con un discurso anticorrupción terminó enfrentando acusaciones relacionadas precisamente con direccionamiento contractual y tráfico de influencias.
La caída del “ingeniero anticorrupción”
La figura de Rodolfo Hernández siempre estuvo rodeada de polarización. Para sus seguidores, representó un outsider capaz de desafiar las élites políticas tradicionales. Para sus críticos, Vitalogic evidenció contradicciones profundas entre su discurso público y las actuaciones de su círculo cercano.
El exmandatario terminó condenado en primera instancia por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso Vitalogic. La justicia concluyó que intervino irregularmente para favorecer intereses particulares dentro del proceso relacionado con el manejo de residuos sólidos. La condena superaba los seis años de prisión.
Sin embargo, Hernández falleció antes de que existiera una sentencia definitiva ejecutoriada en su contra, cerrando judicialmente una parte del proceso, pero dejando abiertas múltiples discusiones éticas y políticas.
Su muerte impidió conocer hasta dónde habrían llegado las responsabilidades penales del exalcalde en segunda instancia o incluso ante la Corte Suprema de Justicia.
Vitalogic no fue un escándalo cualquiera para Bucaramanga. Representó la división de una narrativa política que durante años se construyó alrededor de la lucha contra la corrupción. El caso dividió familias, campañas políticas, medios de comunicación y sectores empresariales. También redefinió el mapa político santandereano.
Muchos de los antiguos aliados de Rodolfo Hernández terminaron convertidos en contradictores. Otros defendieron hasta el final la tesis de una persecución política.
La sentencia de segunda instancia parece cerrar judicialmente una etapa, pero difícilmente clausura el debate ético y político.
Porque, aunque hubo condenas, las preguntas más sensibles continúan abiertas: quiénes se beneficiaron realmente del negocio, cuánto dinero se movió detrás del proyecto y hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas de quienes rodeaban al entonces alcalde.
El contrato 096 y la manipulación del proceso
El núcleo jurídico de la sentencia se concentró en la consultoría 096 de 2016 adelantada por la EMAB. Según el fallo, el proceso contractual presentó múltiples irregularidades orientadas a favorecer a Jorge Hernán Alarcón Ayala.
La sentencia habla de propuestas falsas, manipulación del informe de oportunidad y conveniencia y direccionamiento de requisitos técnicos. Incluso se concluyó que dos ofertas presentadas dentro del proceso eran espurias y contenían firmas falsificadas.
Para el Tribunal, el conjunto de actuaciones buscaba crear una apariencia de legalidad y competencia dentro de un proceso que realmente ya estaba orientado hacia un contratista específico.
Los magistrados señalaron que existía una “unidad fenomenológica” encaminada a vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública.
No obstante, también consideraron que algunos funcionarios no tenían conocimiento pleno del entramado criminal, razón por la cual fueron absueltos.
El corretaje y los implicados ‘inocentes’
Uno de los aspectos más polémicos del desenlace judicial es la ausencia de condena contra Luis Carlos Hernández Oliveros. Su nombre apareció reiteradamente asociado al contrato de corretaje mediante el cual aspiraba a recibir una multimillonaria comisión si Vitalogic lograba quedarse con el negocio de las basuras en Bucaramanga.
Las denuncias indicaban que el hijo del alcalde actuaba como intermediario del negocio mientras su padre ejercía la máxima autoridad administrativa de la ciudad. La sola existencia de ese contrato generó indignación nacional.
Aunque durante años se habló de posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses, el proceso penal principal terminó enfocándose en la contratación de la consultoría 096 de la EMAB y no en toda la dimensión política y financiera del entramado.
Por eso, para muchos observadores, el fallo del Tribunal deja la sensación de una verdad judicial incompleta.
Otro nombre imposible de separar del escándalo es el de Luis Andelfo Trujillo. Empresario y socio de Luis Carlos Hernández Oliveros, fue señalado como uno de los financiadores del negocio.
Según distintas versiones conocidas durante el proceso, habría aportado recursos y apoyado la estructuración económica del proyecto.
Pero el caso dio un giro inesperado cuando, tras sentirse traicionado por otros integrantes del entramado, decidió colaborar con las autoridades y denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía y organismos de control. Esa cooperación terminó convirtiéndolo en pieza fundamental para reconstruir el rompecabezas judicial.
Varias de las investigaciones disciplinarias y penales avanzaron gracias a la información suministrada por él y otros involucrados. En el expediente judicial incluso se menciona la relevancia de testimonios y colaboraciones derivadas de principios de oportunidad dentro del proceso.
Precisamente por ese papel como denunciante y colaborador, Trujillo tampoco terminó condenado en esta fase del proceso.
El nombre de Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, también apareció repetidamente dentro de las denuncias alrededor de Vitalogic. Según versiones conocidas públicamente, varias reuniones relacionadas con el negocio se habrían realizado en oficinas de HG Constructora. Además, se denunció que recibió recursos presuntamente vinculados al entramado financiero del proyecto.
Algunas investigaciones incluso trascendieron el ámbito colombiano y despertaron interés de autoridades estadounidenses, particularmente por operaciones inmobiliarias relacionadas con apartamentos adquiridos en Estados Unidos.
Aunque su nombre fue ampliamente mencionado durante años en el debate público, tampoco existe hasta ahora una condena penal en su contra dentro del caso Vitalogic.
Un final judicial con sensación de deuda
El fallo del Tribunal deja la impresión de una justicia parcial para muchos sectores ciudadanos.
Hay condenados, sí. Pero también hay protagonistas centrales del escándalo que quedaron por fuera de las sanciones penales.
El expediente terminó centrado principalmente en la manipulación contractual de la consultoría 096 y no en toda la estructura política y financiera que durante años se denunció públicamente.
Esa diferencia entre la verdad judicial y la percepción ciudadana es precisamente lo que mantiene vivo el caso Vitalogic en la memoria colectiva de Bucaramanga.
A casi diez años del inicio del escándalo, Vitalogic sigue siendo símbolo de cómo una promesa de transformación ambiental terminó convertida en uno de los episodios más oscuros y contradictorios de la historia política reciente de Santander.
