Desde hace seis años, la Contraloría General viene advirtiendo que implementar el ‘fracking’ en Colombia es como conducir a oscuras, de cara a la incertidumbre.
Ante esas sombras y por la falta de estudios científicos confiables que permitan conocer los graves efectos que podría traer esa técnica en el medioambiente y en la salud humana, el Consejo de Estado decidió, hace cinco días, suspender provisionalmente dos normas del 2013 y 2014 que regulaban el ‘fracking’ hasta cuando tome una decisión de fondo.
Los dos decretos gubernamentales abrieron la puerta para que se otorgaran las licencias de exploración y explotación de hidrocarburos y gas con esa técnica.
Por un lado, sus defensores han sostenido que ante un posible agotamiento de las reservas de petróleo y gas, esa medida es necesaria para encontrar nuevas posibilidades de crecimiento económico. Pero, por el otro, para suspender el piso jurídico del ‘fracking’, el Consejo de Estado tuvo en cuenta varias amenazas.
La primera es que, considerando el principio de precaución de la Constitución, todas las políticas ambientales se deben sustentar en procesos de investigación científica, pero aquí hay más dudas que certezas.
Si bien en este caso el Ministerio de Minas y Energía –sustentándose en una consultoría que pagó en el 2013– señaló que los posibles riesgos del ‘fracking’ (donde, asegura, todavía no se ha otorgado ninguna licencia) son “previsibles y reversibles”, para el alto tribunal las normas que lo regulan no tienen “motivaciones en materia ambiental”.
El Consejo de Estado también tuvo en cuenta las investigaciones de la Contraloría (una del 2012 y otra del 2014) que aseguran que los estudios en la materia son muy débiles frente a la posible contaminación del agua y los riesgos geológicos por aumento de sismicidad.
En esas investigaciones dice que “dichos actos administrativos presentan deficiencias y abordan la generación de una línea base en aspectos como hidrogeología y sismotécnica de forma muy general y a escalas que no son las adecuadas por ser escalas regionales con información no generada ni levantada para el tema ‘fracking’”.
Desde esa época, la Contraloría ya advertía de los vacíos ambientales en los planes para realizar ‘fracking’ en el valle medio del Magdalena, donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), precisamente, archivó hace cinco días el trámite de dos licencias para desarrollar esa actividad.
Un segundo problema es que el Ministerio de Minas, dice el Consejo de Estado, no tiene una buena planeación de las cuencas hidrográficas en el país para soportar cuánta agua se necesitaría para el ‘fracking’, lo que pone en riesgo a zonas como el Magdalena, afectadas por sequías en tiempos de cambio climático.
Tampoco se han hecho consultas con comunidades, no hay medidas especiales para monitorear el metano en el agua y hay dudas frente a si la Anla y las cuestionadas corporaciones autónomas regionales tendrán la capacidad para evaluar su impacto.
Otra alerta es un proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca prohibir el ‘fracking’. Ese proyecto asegura que ya se han clasificado 48 áreas disponibles para esa técnica, en 300 municipios y en zonas donde, incluso, amenazarían páramos como el de Sumapaz y el Chingaza.
También aseguró que aunque el Ministerio de Minas niega que haya licencias, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya hay nueve contratos vigentes para fracking y se han otorgado una licencia para explotación en Cesar y dos para exploración en Cundinamarca y Boyacá. Como esta técnica, en la práctica, aún no se ha comenzado a implementar, el proyecto dice que se “está a tiempo de prohibir definitivamente esta práctica y proteger rotundamente la mayor riqueza del país: los recursos naturales y la vida humana”.
Colombia está a tiempo de prohibir definitivamente esta práctica y proteger rotundamente la mayor riqueza del país: los recursos naturales y la vida humana
Otra situación que el Consejo de Estado tuvo en cuenta es que en diferentes países el ‘fracking’ se ha prohibido por el incipiente conocimiento sobre sus consecuencias.
En Francia fue prohibido por una ley del 13 de julio del 2011, y en Alemania se prohibió y se ordenó establecer una comisión de expertos para ver la viabilidad real de esa técnica en el 2021.
Y en EE.UU., aunque en la mayoría de estados es aceptada, hay algunas zonas que la han prohibido: Nueva York (2014) y Maryland (2018), y en la cuenca del río Delaware (2018). En Australia fue prohibida por el Parlamento (2015) y por el Gobierno (2017).
En América Latina se prohibió en la provincia Entre Ríos de Argentina (2017); y en Uruguay se hizo lo mismo con una moratoria de cuatro años para conformar una comisión científica (2017).