Desde el 8 de agosto, un día después de la posesión del presidente Iván Duque, éste aterrizó en el Capitolio un paquete de proyectos de iniciativa gubernamental que, al final, fue explicado como un complemento para la Consulta Anticorrupción.
En ese momento eran cinco iniciativas —entre reformas constitucionales y proyectos de ley— y ese será, a partir de este momento, el camino a recorrer si el compromiso de todo un país, pese a lo evidenciado ayer en las urnas, es vencer la corrupción.
Sin embargo hoy, de esos cinco proyectos radicados quedan cuatro en trámite. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se vio obligada a retirar el relacionado con aquel que obligaba a los servidores públicos a declarar el monto de sus bienes y rentas anualmente.
La omisión de un aparte fundamental incluido en el artículo 122 de la Constitución Política, a propósito del Acuerdo de Paz y que tenía que ver con la reinserción de excombatientes a la vida civil, derivaron en esa primera retirada. No obstante, el Gobierno se comprometió a radicarlo nuevamente.
Un segundo proyecto tiene que ver con acabar los famosos “pliegos sastre”. Es decir, aquellos que están hechos a la medida de ciertos proponentes en un proceso licitatorio, impidiendo la libre competencia y permitiendo que los recursos públicos lleguen a los bolsillos de unos cuantos.
La iniciativa obliga a ampliar la figura a todas las entidades públicas y territoriales, con elementos estándar, pues las denuncias prácticamente a diario apuntan a que la contratación en el país está siendo “a dedo”.
Una tercera propuesta, de rango constitucional, propone que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles. Es decir, que su investigación nunca caduque. El argumento del Gobierno al respecto es que “esto sería provechoso puesto que, en muchas circunstancias, las redes de corrupción requieren investigaciones complejas, las cuales toman mucho tiempo”.
El Gobierno defiende la constitucionalidad del proyecto alegando que en Colombia ya hay delitos de carácter imprescriptible, como los de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y que, en todo caso, está llamado a proteger los bienes de la nación.
Las dos siguientes propuestas complementan el paquete legislativo desde el ámbito político. La una propone limitar a tres períodos la permanencia de los miembros en las corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos y juntas de acción comunal), y la otra es una reforma política, la cual ha sido calificada por varios legisladores como incompleta.
De hecho, una de sus principales críticas cuestiona que no se acaba con el origen político del Consejo Nacional Electoral (CNE). Apenas cuenta con tres artículos y, sin duda, constituye sólo un texto en borrador al que se le sumarán innumerables proposiciones y nuevos artículos cuando aterrice el debate en el legislativo.
Una vez se logre un acuerdo político con las bancadas, el Congreso abrirá la discusión sobre una práctica delictiva que, según datos de la Contraloría, le cuesta al Estado $50 billones anuales.
