La revocatoria de la personería jurídica del Pacto Histórico sacude el panorama electoral colombiano, poniendo en duda la consulta presidencial de octubre. Mientras se mantiene la legislativa, líderes denuncian un “golpe político” y se preparan para una batalla jurídica y movilización ciudadana.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar las medidas cautelares que permitían al Pacto Histórico actuar como partido único ha generado una tormenta jurídica y política que pone en entredicho las consultas legislativa y presidencial previstas para el 26 de octubre de 2025. Este fallo, que desactiva la personería jurídica inmediata de la coalición, ha desatado una serie de interpretaciones, reacciones y estrategias que configuran un nuevo escenario para la izquierda colombiana.
El alto tribunal negó la tutela interpuesta por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes buscaban mantener la medida provisional que permitía al Pacto Histórico realizar consultas internas sin contar con la personería jurídica definitiva. Esta medida había sido otorgada en septiembre como un salvavidas temporal, mientras se resolvía el fondo del asunto ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Sala Octava de Decisión Laboral del Tribunal concluyó que el CNE actuó conforme a la ley al impedir la fusión de colectividades que enfrentan investigaciones o que no cumplen con los requisitos estatutarios. En consecuencia, se dejó sin efecto la resolución que habilitaba la consulta presidencial del Pacto Histórico, dejando a sus precandidatos —Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero— sin sustento jurídico para competir bajo esa figura.
¿Qué pasa con la consulta interna?
A pesar del revés judicial, hay consenso entre expertos y actores políticos de que la consulta legislativa no se vería afectada. Esta se inscribió como interpartidista, es decir, cada colectividad que integra el Pacto Histórico presentó sus candidatos con aval propio, sin recurrir a la personería jurídica de la coalición como partido único.
Sin embargo, persisten dudas sobre la participación de movimientos como Progresistas, nacidos de la escisión del MAIS, que aún no cuentan con personería jurídica. Este vacío podría generar impugnaciones o cuestionamientos posteriores, aunque por ahora no se vislumbra una suspensión de la consulta legislativa.
En lo que respecta a la consulta presidencial, la situación es más compleja, de hecho, aquí reside el epicentro del conflicto. La consulta fue inscrita como interna del Pacto Histórico, bajo la figura de partido único. Al perder la personería jurídica, esta figura queda desactivada, lo que para muchos implica la caída automática de la consulta.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza: “El Tribunal Superior de Bogotá dio un golpe político contra la democracia premeditado. No quieren competir por el voto sino por la trampa. La Constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos”.
Iván Cepeda, uno de los precandidatos, también denunció lo que considera una maniobra de la derecha: “Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política. El propósito es introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al Pacto”.
Daniel Quintero, por su parte, anunció que interpondrá una acción de nulidad para salvar la consulta: “No vamos a dar ni un paso atrás ni a ceder al interés de la derecha. Hoy mismo voy a interponer una acción de nulidad para defender el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos”.
¿Hay salidas jurídicas?
Algunos juristas sostienen que la consulta presidencial podría realizarse bajo una figura interpartidista, con los partidos originales que conformaron el Pacto Histórico —como el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista—. Esta alternativa permitiría mantener la convocatoria, aunque cambiaría su naturaleza jurídica.
No obstante, desde el Pacto Histórico han evitado esta vía, pues consideran que participar como coalición podría generar incompatibilidades legales en futuras consultas, especialmente la prevista para marzo de 2026 con el Frente Amplio. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que participar en ambas consultas podría configurar doble militancia y acarrear demandas.
El fallo del Tribunal se sustenta en la negativa del CNE a reconocer la fusión de partidos como Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena dentro del Pacto Histórico. Según el CNE, estas colectividades no cumplieron con los requisitos estatutarios, como el quórum deliberatorio para aprobar la fusión, o no cuentan con personería jurídica vigente.
La exclusión de estos movimientos debilitó el proceso de unificación legal del Pacto Histórico, que buscaba consolidarse como partido único para evitar restricciones como el umbral del 15 % que impide formar coaliciones. Esta fue precisamente la razón por la que se inició la fusión: superar el límite legal que impide a partidos grandes presentarse como coalición.
La decisión ha generado un llamado a la movilización por parte del Pacto Histórico. En una carta pública, la bancada oficialista convocó a “rodear al Congreso” y presionar al Senado en los días que restan de legislatura, reclamando decisiones que no se han tomado en dos años y exigiendo la discusión de la reforma laboral.
“Estas artimañas evidencian un profundo desprecio por la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1991”, afirmó la bancada, denunciando maniobras irregulares que habrían bloqueado el mecanismo de participación directa.
Escenario político: ¿qué sigue?
Con la consulta presidencial en vilo y la legislativa en marcha, el Pacto Histórico enfrenta un dilema estratégico. Participar en la consulta de octubre podría impedir su presencia en la de marzo, donde se medirá con otras fuerzas de izquierda en el Frente Amplio. No participar, en cambio, podría debilitar su posicionamiento y generar fracturas internas.
La coalición, fundada en 2021 por Petro, se encuentra en una encrucijada: redefinir su estrategia jurídica y política para mantener su protagonismo en las elecciones de 2026. La primera vuelta presidencial será el 31 de mayo de ese año, y la segunda, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.
La revocatoria de la personería jurídica del Pacto Histórico no solo pone en jaque sus consultas internas, sino que revela las tensiones estructurales de una coalición que busca consolidarse como fuerza hegemónica de izquierda. Entre tutelas, apelaciones y llamados a la movilización, el Pacto enfrenta el reto de reinventarse jurídicamente sin perder su impulso político.
Como dijo Iván Cepeda: “La derecha quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico”. Pero la pregunta que queda es si el Pacto logrará sortear el laberinto legal y mantener su cohesión rumbo a 2026.
