La apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y el gerente de la EMAB, José Manuel Barrera, por el sonado caso Vitalogic -escándalo revelado por Corrillos!- es solo la puerta al sinnúmero de irregularidades cometidas por el gobierno local dentro del proyecto de ‘Nuevas Tecnologías’ como solución a la crisis de las basuras.
La Contraloría de Bucaramanga, mediante una auditoría exprés, reveló nueve hallazgos administrativos, nueve disciplinarios, dos de tipo penal, uno sancionatorio y dos de tipo fiscal por el orden de los 291 millones de pesos; dejando en evidencia que todo el proceso contractual realizado por la empresa de aseo para adelantar la licitación estuvo mal ejecutada desde el comienzo.
La auditoría del ente de control fiscal territorial se basó en una noticia publicada por Corrillos! el 19 de noviembre de 2016 (Ver informe: La EMAB pagó 334 millones de pesos por la fallida Invitación Pública para El Carrasco) que tiene que ver con la suscripción del contrato 096 con el supuesto consultor, Jorge Hernán Alarcón Ayala, el mismo que también hace parte del negocio de corretaje.
Este medio puso al descubierto que la tarea de Alarcón Ayala era la de presentar los estudios previos para acompañar todo el proceso de ‘Nuevas Tecnologías’ en El Carrasco, los cuales quedaron mal elaborados, situación que llevó a que la EMAB echara para tras el proceso de Invitación Pública y por ende, la plata que se pagó por esa asesoría técnica se perdiera.
Además del contrato con Ayala Alarcón, la EMAB realizó otros procesos contractuales para superar los errores anteriores, llevando a que la empresa de aseo siguiera desperdiciando valiosos recursos económicos y por ende, beneficiando –según lo expone el contrato de corretaje- a la empresa Vitalogic, cuyos estudios técnicos estaban direccionados.
Mar de irregularidades
La Contraloría de Bucaramanga anunció que ya está haciendo los traslados de los 23 hallazgos administrativos, disciplinarios, penales, fiscales y sancionatorios tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, para lo de su competencia. Y advirtió que antes de seis meses definirá la responsabilidad del gerente de la EMAB por presunto daño fiscal, por un monto de casi 300 millones de pesos.
Para el equipo auditor, “no se observa en que se benefició la Empresa EMAB con la suscripción del contrato 096”, evidenciando una falta al Principio de Planeación, ya que la empresa “debió identificar claramente la necesidad pública que se pretendía satisfacer con la celebración del contrato”.
La Contraloría dejó en claro que “el contrato no llegó a feliz término, no se logró determinar la solución concreta debidamente soportada que permitiera definitivamente solucionar el problema de la disposición final de residuos sólidos que se presentan en la región”. Y pese a ese error, la EMAB incurrió nuevamente en un costo al celebrar en octubre de 2017 un contrato con Nelson Enrique Pérez Calderón por $35 millones para la realización de una consultoría técnica y Administrativa con el fin de hacer un estudio previo, términos de referencia y selección de una nueva tecnología en la operación del relleno sanitario.
“Un contrato con un objeto contractual similar al suscrito con Jorge Hernán Alarcón, sin que la EMAB hubiera realizado un estudio jurídico, técnico y financiero para justificar la necesidad que se pretendía satisfacer con la celebración de los mismos, así como el estudio de mercados que permitiera establecer el valor de los honorarios a cancelar”, dice el informe.
Contratos innecesarios
La Contraloría logró identificar que la EMAB suscribió el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1266 con el abogado Rafael Enrique Ostau Lafont Pianeta, cuyo objeto fue el de «contratar la prestación del servicio para que emita concepto jurídico sobre el alcance y cumplimiento de la exigencia sobre garantías por parte de los oferentes en la invitación pública IP-001 EMAB-2017′, por valor de 35 millones 700 mil pesos.
Lo irregular, según el equipo auditor, es que “la misma EMAB había suscrito contrato de Consultoría con Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se comprometió con la elaboración, evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica (…) Invitación Pública IP-002. Era el encargado de apoyar el desarrollo de las bases de precalificación y licitación y/o invitación del proyecto identificando las variables para el proceso de contratación”.
Esta situación generó hallazgo administrativo con connotación disciplinaria y fiscal, toda vez, “con la inversión de dicho recursos no se obtuvo ningún beneficio ni para la Empresa de Aseo de Bucaramanga, ni para el Municipio de Bucaramanga ni su Área Metropolitana”, por lo –además, el ente de control advierte que “la EMAB debe presentar un Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas que subsanen lo evidenciado por el Equipo Auditor”.
Entre los hallazgos de tipo disciplinarios, penales y administrativos, la Contraloría también vinculó a José Manuel Hormaza Rey, Segundo Suplente del Presidente de la Unión Temporal Vitalogic RSU y al alcalde Rodolfo Hernández Suárez.
