La Corte Constitucional decidió retirar la reincidencia como circunstancia de mayor punibilidad en el Código Penal colombiano. El fallo, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, replantea un criterio vigente desde 2011 y abre un debate sobre el equilibrio entre garantismo procesal y lucha contra la criminalidad.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: eliminar la reincidencia como causal de aumento de penas en Colombia. Con ello, se modificó el artículo 58 del Código Penal, que definía las “circunstancias de mayor punibilidad”, y se tumbó un criterio que había estado vigente desde la Ley 1453 de 2011.
La ponencia, elaborada por el magistrado Miguel Polo Rosero, estudió una demanda contra la Ley 2197 de 2022, que había introducido reformas al sistema penal y establecía que un procesado debía recibir una pena más alta si había sido condenado por un delito doloso dentro de los cinco años anteriores.
La Corte Constitucional acogió el concepto de la Corte Suprema de Justicia, que en mayo de 2024 pidió declarar la inconstitucionalidad de la reincidencia como agravante. Para el alto tribunal, la medida vulneraba principios fundamentales del derecho penal, como la prohibición de la doble incriminación y el derecho penal del acto.
En palabras de la Sala Penal: “Impuesta la sanción que le corresponda por la conducta delictiva, después no se le puede someter a otra pena por ese mismo comportamiento”. Además, la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila, enfatizó que “el hecho de poseer antecedentes penales no es factor constitutivo de circunstancia de mayor punibilidad (…) y no pueden ser utilizados como enseña de una personalidad proclive al delito, porque la personalidad ya no es uno de los parámetros que permitan fijar la pena”.
La Procuraduría General de la Nación defendió la permanencia de la reincidencia como agravante. Según el Ministerio Público, la norma respondía a las graves afectaciones al orden público y a la institucionalidad derivadas de la delincuencia reiterada. “La inclusión del numeral 19 del artículo 58 de la Ley 599 de 2000 se originó por las graves afectaciones a los derechos de la ciudadanía (…) y se justifica por el reprochable impacto que genera en la sociedad un comportamiento delincuencial reiterado”, argumentó la entidad.
Un cambio de jurisprudencia
La decisión de la Corte Constitucional revierte la postura adoptada en 2016, cuando en la sentencia C-181 se había respaldado la reincidencia como agravante. En ese momento, la norma establecía que la sanción se duplicaría si la persona había sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los diez años anteriores.
Ahora, el alto tribunal se alineó con una visión garantista: una conducta previamente juzgada no puede ser utilizada para agravar la pena de un delito posterior. Este giro jurisprudencial marca un hito en la evolución del derecho penal colombiano.
La decisión ha generado un intenso debate en ámbitos académicos, judiciales y políticos. Para penalistas como Francisco Bernate, el fallo es “completamente acertado” desde la teoría, pues evita que el sistema penal castigue dos veces por el mismo hecho.
Sin embargo, voces críticas como la del exfiscal Francisco Barbosa consideran que la medida está “alejada de la realidad colombiana”, donde la reincidencia es un fenómeno frecuente y problemático. Barbosa advirtió que el fallo podría debilitar la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad organizada.
El economista y analista Jorge Restrepo también cuestionó la decisión, señalando que “la Corte elimina una de las pocas medidas para proteger y genera incentivos al crimen”. En la misma línea, el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía Londoño, calificó el fallo como un “grave error” y advirtió que el país se vuelve “cada vez más blando con los criminales y los reincidentes”.
Con este fallo, los jueces ya no podrán aumentar las penas de prisión basándose en antecedentes penales recientes. Esto significa que los antecedentes judiciales no podrán ser usados como agravantes en la dosificación de una nueva condena.
La medida impactará directamente en la forma como se calculan las penas en Colombia. Hasta ahora, la reincidencia permitía que los jueces se ubicaran en el cuarto mínimo de punibilidad al dosificar una condena. Con la decisión, esa herramienta desaparece.
